PLANETA CANARIO
La ministra de Política Territorial y Función Pública, la canaria Carolina Darias (PSOE), ha convocado a representantes de todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a una reunión el próximo miércoles 29 de julio, para reactivar el Pacto Antitransfuguismo tras un periodo de inactividad de diez años.
En Canarias, el último caso más sonado es el de la concejala Evelyn Alonso, en Santa Cruz de Tenerife, que fue expulsada de Ciudadanos (Cs) por apoyar la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE Patricia Hernández, y entrar en el nuevo gobierno municipal que preside José Manuel Bermúdez (CC-PNC), en un pacto de gobierno en el que también participa el PP. Alonso es concejal de Seguridad Ciudadana, Sociedad de Desarrollo, Policía Local y Medio Ambiente, pero por ser no adscrita no podrá cobrar sueldo, sino dietas por asistencia sesiones.
Tanto CC-PNC como PP en la capital tinerfeña (partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo) habían reclamado con firmeza al principio de este mandato que se aplicara este acuerdo nacional para castigar a los tránsfugas, cuando Patricia Hernández fue alcaldesa con apoyo de dos ediles de Cs a los que su partido abrió expediente de expulsión, aunque finalmente fueron reintegrados y el partido naranja aceptó el pacto con los socialistas en Santa Cruz.
El Gobierno de España expone en un comunicado este lunes que el Acuerdo sobre un Código de Conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, conocido como Pacto Antitransfuguismo, «sigue siendo un cauce de diálogo y actuación necesario para asegurar el pluralismo y la calidad democrática, al tiempo que puede ayudar a prevenir situaciones de inestabilidad institucional, por lo que se estima de gran interés que los partidos políticos retomen su actividad y reanuden sus tareas».
Con carácter previo a la convocatoria y reanudación de los trabajos de Comisión Seguimiento del Pacto, es necesario actualizar su composición, por lo que se invita a los grupos políticos que no formaron parte del Acuerdo a que se adhieran y compartan los principios del Pacto y sus Adendas.
La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo nació del llamdo Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, firmado en 1998, con la finalidad de “establecer un compromiso entre las fuerzas políticas para buscar soluciones mediante compromisos de comportamiento político, con los que superar las situaciones de inestabilidad de gobierno provocadas por conductas particulares de transfuguismo, a las que el derecho no puede ni debe dar respuesta”.
En el año 2000 ratificaron el acuerdo el Ministro de Administraciones Públicas y los representantes de las fuerzas políticas, y con la primera adenda, que creó una comisión de seguimiento, integrada por un representante por cada una de las fuerzas políticas firmantes del pacto y presidida por la persona entonces titular del Ministerio de Administraciones Públicas, actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que, entre otros, tiene el mandato de pronunciarse sobre situaciones de transfuguismo en mociones de censura.
La misma adenda también crea una comisión de Eepertos independientes como órgano de apoyo para la resolución de discrepancias sobre la concurrencia de circunstancias calificables de transfuguismo, compuesta por cinco juristas de reconocido prestigio en el ámbito local elegidos por consenso de los miembros de la Comisión de Seguimiento para un periodo de cuatro años.
En 2006 se incorporó como II Adenda el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales.
Como actuación previa y primera aproximación hacia una nueva convocatoria formal de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, en la reunión convocada la próxima semana, además de ofrecer a los partidos políticos no firmantes del Pacto que se adhieran al mismo, se establecerá un calendario de reuniones para una inmediata puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento y el inicio del estudio de los posibles casos pendientes, originados desde las últimas elecciones locales de mayo de 2019 y para la elección de los nuevos integrantes de la Comisión de Expertos.
PLANETA CANARIO
La ministra de Política Territorial y Función Pública, la canaria Carolina Darias (PSOE), ha convocado a representantes de todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a una reunión el próximo miércoles 29 de julio, para reactivar el Pacto Antitransfuguismo tras un periodo de inactividad de diez años.
En Canarias, el último caso más sonado es el de la concejala Evelyn Alonso, en Santa Cruz de Tenerife, que fue expulsada de Ciudadanos (Cs) por apoyar la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE Patricia Hernández, y entrar en el nuevo gobierno municipal que preside José Manuel Bermúdez (CC-PNC), en un pacto de gobierno en el que también participa el PP. Alonso es concejal de Seguridad Ciudadana, Sociedad de Desarrollo, Policía Local y Medio Ambiente, pero por ser no adscrita no podrá cobrar sueldo, sino dietas por asistencia sesiones.
Tanto CC-PNC como PP en la capital tinerfeña (partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo) habían reclamado con firmeza al principio de este mandato que se aplicara este acuerdo nacional para castigar a los tránsfugas, cuando Patricia Hernández fue alcaldesa con apoyo de dos ediles de Cs a los que su partido abrió expediente de expulsión, aunque finalmente fueron reintegrados y el partido naranja aceptó el pacto con los socialistas en Santa Cruz.
El Gobierno de España expone en un comunicado este lunes que el Acuerdo sobre un Código de Conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, conocido como Pacto Antitransfuguismo, «sigue siendo un cauce de diálogo y actuación necesario para asegurar el pluralismo y la calidad democrática, al tiempo que puede ayudar a prevenir situaciones de inestabilidad institucional, por lo que se estima de gran interés que los partidos políticos retomen su actividad y reanuden sus tareas».
Con carácter previo a la convocatoria y reanudación de los trabajos de Comisión Seguimiento del Pacto, es necesario actualizar su composición, por lo que se invita a los grupos políticos que no formaron parte del Acuerdo a que se adhieran y compartan los principios del Pacto y sus Adendas.
La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo nació del llamdo Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, firmado en 1998, con la finalidad de “establecer un compromiso entre las fuerzas políticas para buscar soluciones mediante compromisos de comportamiento político, con los que superar las situaciones de inestabilidad de gobierno provocadas por conductas particulares de transfuguismo, a las que el derecho no puede ni debe dar respuesta”.
En el año 2000 ratificaron el acuerdo el Ministro de Administraciones Públicas y los representantes de las fuerzas políticas, y con la primera adenda, que creó una comisión de seguimiento, integrada por un representante por cada una de las fuerzas políticas firmantes del pacto y presidida por la persona entonces titular del Ministerio de Administraciones Públicas, actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que, entre otros, tiene el mandato de pronunciarse sobre situaciones de transfuguismo en mociones de censura.
La misma adenda también crea una comisión de Eepertos independientes como órgano de apoyo para la resolución de discrepancias sobre la concurrencia de circunstancias calificables de transfuguismo, compuesta por cinco juristas de reconocido prestigio en el ámbito local elegidos por consenso de los miembros de la Comisión de Seguimiento para un periodo de cuatro años.
En 2006 se incorporó como II Adenda el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales.
Como actuación previa y primera aproximación hacia una nueva convocatoria formal de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, en la reunión convocada la próxima semana, además de ofrecer a los partidos políticos no firmantes del Pacto que se adhieran al mismo, se establecerá un calendario de reuniones para una inmediata puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento y el inicio del estudio de los posibles casos pendientes, originados desde las últimas elecciones locales de mayo de 2019 y para la elección de los nuevos integrantes de la Comisión de Expertos.
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La ministra de Política Territorial y Función Pública, la canaria Carolina Darias (PSOE), ha convocado a representantes de todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a una reunión el próximo miércoles 29 de julio, para reactivar el Pacto Antitransfuguismo tras un periodo de inactividad de diez años.
En Canarias, el último caso más sonado es el de la concejala Evelyn Alonso, en Santa Cruz de Tenerife, que fue expulsada de Ciudadanos (Cs) por apoyar la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE Patricia Hernández, y entrar en el nuevo gobierno municipal que preside José Manuel Bermúdez (CC-PNC), en un pacto de gobierno en el que también participa el PP. Alonso es concejal de Seguridad Ciudadana, Sociedad de Desarrollo, Policía Local y Medio Ambiente, pero por ser no adscrita no podrá cobrar sueldo, sino dietas por asistencia sesiones.
Tanto CC-PNC como PP en la capital tinerfeña (partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo) habían reclamado con firmeza al principio de este mandato que se aplicara este acuerdo nacional para castigar a los tránsfugas, cuando Patricia Hernández fue alcaldesa con apoyo de dos ediles de Cs a los que su partido abrió expediente de expulsión, aunque finalmente fueron reintegrados y el partido naranja aceptó el pacto con los socialistas en Santa Cruz.
El Gobierno de España expone en un comunicado este lunes que el Acuerdo sobre un Código de Conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, conocido como Pacto Antitransfuguismo, «sigue siendo un cauce de diálogo y actuación necesario para asegurar el pluralismo y la calidad democrática, al tiempo que puede ayudar a prevenir situaciones de inestabilidad institucional, por lo que se estima de gran interés que los partidos políticos retomen su actividad y reanuden sus tareas».
Con carácter previo a la convocatoria y reanudación de los trabajos de Comisión Seguimiento del Pacto, es necesario actualizar su composición, por lo que se invita a los grupos políticos que no formaron parte del Acuerdo a que se adhieran y compartan los principios del Pacto y sus Adendas.
La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo nació del llamdo Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, firmado en 1998, con la finalidad de “establecer un compromiso entre las fuerzas políticas para buscar soluciones mediante compromisos de comportamiento político, con los que superar las situaciones de inestabilidad de gobierno provocadas por conductas particulares de transfuguismo, a las que el derecho no puede ni debe dar respuesta”.
En el año 2000 ratificaron el acuerdo el Ministro de Administraciones Públicas y los representantes de las fuerzas políticas, y con la primera adenda, que creó una comisión de seguimiento, integrada por un representante por cada una de las fuerzas políticas firmantes del pacto y presidida por la persona entonces titular del Ministerio de Administraciones Públicas, actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que, entre otros, tiene el mandato de pronunciarse sobre situaciones de transfuguismo en mociones de censura.
La misma adenda también crea una comisión de Eepertos independientes como órgano de apoyo para la resolución de discrepancias sobre la concurrencia de circunstancias calificables de transfuguismo, compuesta por cinco juristas de reconocido prestigio en el ámbito local elegidos por consenso de los miembros de la Comisión de Seguimiento para un periodo de cuatro años.
En 2006 se incorporó como II Adenda el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales.
Como actuación previa y primera aproximación hacia una nueva convocatoria formal de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, en la reunión convocada la próxima semana, además de ofrecer a los partidos políticos no firmantes del Pacto que se adhieran al mismo, se establecerá un calendario de reuniones para una inmediata puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento y el inicio del estudio de los posibles casos pendientes, originados desde las últimas elecciones locales de mayo de 2019 y para la elección de los nuevos integrantes de la Comisión de Expertos.
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La ministra de Política Territorial y Función Pública, la canaria Carolina Darias (PSOE), ha convocado a representantes de todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a una reunión el próximo miércoles 29 de julio, para reactivar el Pacto Antitransfuguismo tras un periodo de inactividad de diez años.
En Canarias, el último caso más sonado es el de la concejala Evelyn Alonso, en Santa Cruz de Tenerife, que fue expulsada de Ciudadanos (Cs) por apoyar la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE Patricia Hernández, y entrar en el nuevo gobierno municipal que preside José Manuel Bermúdez (CC-PNC), en un pacto de gobierno en el que también participa el PP. Alonso es concejal de Seguridad Ciudadana, Sociedad de Desarrollo, Policía Local y Medio Ambiente, pero por ser no adscrita no podrá cobrar sueldo, sino dietas por asistencia sesiones.
Tanto CC-PNC como PP en la capital tinerfeña (partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo) habían reclamado con firmeza al principio de este mandato que se aplicara este acuerdo nacional para castigar a los tránsfugas, cuando Patricia Hernández fue alcaldesa con apoyo de dos ediles de Cs a los que su partido abrió expediente de expulsión, aunque finalmente fueron reintegrados y el partido naranja aceptó el pacto con los socialistas en Santa Cruz.
El Gobierno de España expone en un comunicado este lunes que el Acuerdo sobre un Código de Conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, conocido como Pacto Antitransfuguismo, «sigue siendo un cauce de diálogo y actuación necesario para asegurar el pluralismo y la calidad democrática, al tiempo que puede ayudar a prevenir situaciones de inestabilidad institucional, por lo que se estima de gran interés que los partidos políticos retomen su actividad y reanuden sus tareas».
Con carácter previo a la convocatoria y reanudación de los trabajos de Comisión Seguimiento del Pacto, es necesario actualizar su composición, por lo que se invita a los grupos políticos que no formaron parte del Acuerdo a que se adhieran y compartan los principios del Pacto y sus Adendas.
La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo nació del llamdo Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, firmado en 1998, con la finalidad de “establecer un compromiso entre las fuerzas políticas para buscar soluciones mediante compromisos de comportamiento político, con los que superar las situaciones de inestabilidad de gobierno provocadas por conductas particulares de transfuguismo, a las que el derecho no puede ni debe dar respuesta”.
En el año 2000 ratificaron el acuerdo el Ministro de Administraciones Públicas y los representantes de las fuerzas políticas, y con la primera adenda, que creó una comisión de seguimiento, integrada por un representante por cada una de las fuerzas políticas firmantes del pacto y presidida por la persona entonces titular del Ministerio de Administraciones Públicas, actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que, entre otros, tiene el mandato de pronunciarse sobre situaciones de transfuguismo en mociones de censura.
La misma adenda también crea una comisión de Eepertos independientes como órgano de apoyo para la resolución de discrepancias sobre la concurrencia de circunstancias calificables de transfuguismo, compuesta por cinco juristas de reconocido prestigio en el ámbito local elegidos por consenso de los miembros de la Comisión de Seguimiento para un periodo de cuatro años.
En 2006 se incorporó como II Adenda el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales.
Como actuación previa y primera aproximación hacia una nueva convocatoria formal de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, en la reunión convocada la próxima semana, además de ofrecer a los partidos políticos no firmantes del Pacto que se adhieran al mismo, se establecerá un calendario de reuniones para una inmediata puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento y el inicio del estudio de los posibles casos pendientes, originados desde las últimas elecciones locales de mayo de 2019 y para la elección de los nuevos integrantes de la Comisión de Expertos.
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La ministra de Política Territorial y Función Pública, la canaria Carolina Darias (PSOE), ha convocado a representantes de todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a una reunión el próximo miércoles 29 de julio, para reactivar el Pacto Antitransfuguismo tras un periodo de inactividad de diez años.
En Canarias, el último caso más sonado es el de la concejala Evelyn Alonso, en Santa Cruz de Tenerife, que fue expulsada de Ciudadanos (Cs) por apoyar la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE Patricia Hernández, y entrar en el nuevo gobierno municipal que preside José Manuel Bermúdez (CC-PNC), en un pacto de gobierno en el que también participa el PP. Alonso es concejal de Seguridad Ciudadana, Sociedad de Desarrollo, Policía Local y Medio Ambiente, pero por ser no adscrita no podrá cobrar sueldo, sino dietas por asistencia sesiones.
Tanto CC-PNC como PP en la capital tinerfeña (partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo) habían reclamado con firmeza al principio de este mandato que se aplicara este acuerdo nacional para castigar a los tránsfugas, cuando Patricia Hernández fue alcaldesa con apoyo de dos ediles de Cs a los que su partido abrió expediente de expulsión, aunque finalmente fueron reintegrados y el partido naranja aceptó el pacto con los socialistas en Santa Cruz.
El Gobierno de España expone en un comunicado este lunes que el Acuerdo sobre un Código de Conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, conocido como Pacto Antitransfuguismo, «sigue siendo un cauce de diálogo y actuación necesario para asegurar el pluralismo y la calidad democrática, al tiempo que puede ayudar a prevenir situaciones de inestabilidad institucional, por lo que se estima de gran interés que los partidos políticos retomen su actividad y reanuden sus tareas».
Con carácter previo a la convocatoria y reanudación de los trabajos de Comisión Seguimiento del Pacto, es necesario actualizar su composición, por lo que se invita a los grupos políticos que no formaron parte del Acuerdo a que se adhieran y compartan los principios del Pacto y sus Adendas.
La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo nació del llamdo Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, firmado en 1998, con la finalidad de “establecer un compromiso entre las fuerzas políticas para buscar soluciones mediante compromisos de comportamiento político, con los que superar las situaciones de inestabilidad de gobierno provocadas por conductas particulares de transfuguismo, a las que el derecho no puede ni debe dar respuesta”.
En el año 2000 ratificaron el acuerdo el Ministro de Administraciones Públicas y los representantes de las fuerzas políticas, y con la primera adenda, que creó una comisión de seguimiento, integrada por un representante por cada una de las fuerzas políticas firmantes del pacto y presidida por la persona entonces titular del Ministerio de Administraciones Públicas, actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que, entre otros, tiene el mandato de pronunciarse sobre situaciones de transfuguismo en mociones de censura.
La misma adenda también crea una comisión de Eepertos independientes como órgano de apoyo para la resolución de discrepancias sobre la concurrencia de circunstancias calificables de transfuguismo, compuesta por cinco juristas de reconocido prestigio en el ámbito local elegidos por consenso de los miembros de la Comisión de Seguimiento para un periodo de cuatro años.
En 2006 se incorporó como II Adenda el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales.
Como actuación previa y primera aproximación hacia una nueva convocatoria formal de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, en la reunión convocada la próxima semana, además de ofrecer a los partidos políticos no firmantes del Pacto que se adhieran al mismo, se establecerá un calendario de reuniones para una inmediata puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento y el inicio del estudio de los posibles casos pendientes, originados desde las últimas elecciones locales de mayo de 2019 y para la elección de los nuevos integrantes de la Comisión de Expertos.
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La ministra de Política Territorial y Función Pública, la canaria Carolina Darias (PSOE), ha convocado a representantes de todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a una reunión el próximo miércoles 29 de julio, para reactivar el Pacto Antitransfuguismo tras un periodo de inactividad de diez años.
En Canarias, el último caso más sonado es el de la concejala Evelyn Alonso, en Santa Cruz de Tenerife, que fue expulsada de Ciudadanos (Cs) por apoyar la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE Patricia Hernández, y entrar en el nuevo gobierno municipal que preside José Manuel Bermúdez (CC-PNC), en un pacto de gobierno en el que también participa el PP. Alonso es concejal de Seguridad Ciudadana, Sociedad de Desarrollo, Policía Local y Medio Ambiente, pero por ser no adscrita no podrá cobrar sueldo, sino dietas por asistencia sesiones.
Tanto CC-PNC como PP en la capital tinerfeña (partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo) habían reclamado con firmeza al principio de este mandato que se aplicara este acuerdo nacional para castigar a los tránsfugas, cuando Patricia Hernández fue alcaldesa con apoyo de dos ediles de Cs a los que su partido abrió expediente de expulsión, aunque finalmente fueron reintegrados y el partido naranja aceptó el pacto con los socialistas en Santa Cruz.
El Gobierno de España expone en un comunicado este lunes que el Acuerdo sobre un Código de Conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, conocido como Pacto Antitransfuguismo, «sigue siendo un cauce de diálogo y actuación necesario para asegurar el pluralismo y la calidad democrática, al tiempo que puede ayudar a prevenir situaciones de inestabilidad institucional, por lo que se estima de gran interés que los partidos políticos retomen su actividad y reanuden sus tareas».
Con carácter previo a la convocatoria y reanudación de los trabajos de Comisión Seguimiento del Pacto, es necesario actualizar su composición, por lo que se invita a los grupos políticos que no formaron parte del Acuerdo a que se adhieran y compartan los principios del Pacto y sus Adendas.
La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo nació del llamdo Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, firmado en 1998, con la finalidad de “establecer un compromiso entre las fuerzas políticas para buscar soluciones mediante compromisos de comportamiento político, con los que superar las situaciones de inestabilidad de gobierno provocadas por conductas particulares de transfuguismo, a las que el derecho no puede ni debe dar respuesta”.
En el año 2000 ratificaron el acuerdo el Ministro de Administraciones Públicas y los representantes de las fuerzas políticas, y con la primera adenda, que creó una comisión de seguimiento, integrada por un representante por cada una de las fuerzas políticas firmantes del pacto y presidida por la persona entonces titular del Ministerio de Administraciones Públicas, actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que, entre otros, tiene el mandato de pronunciarse sobre situaciones de transfuguismo en mociones de censura.
La misma adenda también crea una comisión de Eepertos independientes como órgano de apoyo para la resolución de discrepancias sobre la concurrencia de circunstancias calificables de transfuguismo, compuesta por cinco juristas de reconocido prestigio en el ámbito local elegidos por consenso de los miembros de la Comisión de Seguimiento para un periodo de cuatro años.
En 2006 se incorporó como II Adenda el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales.
Como actuación previa y primera aproximación hacia una nueva convocatoria formal de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, en la reunión convocada la próxima semana, además de ofrecer a los partidos políticos no firmantes del Pacto que se adhieran al mismo, se establecerá un calendario de reuniones para una inmediata puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento y el inicio del estudio de los posibles casos pendientes, originados desde las últimas elecciones locales de mayo de 2019 y para la elección de los nuevos integrantes de la Comisión de Expertos.
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La ministra de Política Territorial y Función Pública, la canaria Carolina Darias (PSOE), ha convocado a representantes de todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a una reunión el próximo miércoles 29 de julio, para reactivar el Pacto Antitransfuguismo tras un periodo de inactividad de diez años.
En Canarias, el último caso más sonado es el de la concejala Evelyn Alonso, en Santa Cruz de Tenerife, que fue expulsada de Ciudadanos (Cs) por apoyar la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE Patricia Hernández, y entrar en el nuevo gobierno municipal que preside José Manuel Bermúdez (CC-PNC), en un pacto de gobierno en el que también participa el PP. Alonso es concejal de Seguridad Ciudadana, Sociedad de Desarrollo, Policía Local y Medio Ambiente, pero por ser no adscrita no podrá cobrar sueldo, sino dietas por asistencia sesiones.
Tanto CC-PNC como PP en la capital tinerfeña (partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo) habían reclamado con firmeza al principio de este mandato que se aplicara este acuerdo nacional para castigar a los tránsfugas, cuando Patricia Hernández fue alcaldesa con apoyo de dos ediles de Cs a los que su partido abrió expediente de expulsión, aunque finalmente fueron reintegrados y el partido naranja aceptó el pacto con los socialistas en Santa Cruz.
El Gobierno de España expone en un comunicado este lunes que el Acuerdo sobre un Código de Conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, conocido como Pacto Antitransfuguismo, «sigue siendo un cauce de diálogo y actuación necesario para asegurar el pluralismo y la calidad democrática, al tiempo que puede ayudar a prevenir situaciones de inestabilidad institucional, por lo que se estima de gran interés que los partidos políticos retomen su actividad y reanuden sus tareas».
Con carácter previo a la convocatoria y reanudación de los trabajos de Comisión Seguimiento del Pacto, es necesario actualizar su composición, por lo que se invita a los grupos políticos que no formaron parte del Acuerdo a que se adhieran y compartan los principios del Pacto y sus Adendas.
La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo nació del llamdo Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, firmado en 1998, con la finalidad de “establecer un compromiso entre las fuerzas políticas para buscar soluciones mediante compromisos de comportamiento político, con los que superar las situaciones de inestabilidad de gobierno provocadas por conductas particulares de transfuguismo, a las que el derecho no puede ni debe dar respuesta”.
En el año 2000 ratificaron el acuerdo el Ministro de Administraciones Públicas y los representantes de las fuerzas políticas, y con la primera adenda, que creó una comisión de seguimiento, integrada por un representante por cada una de las fuerzas políticas firmantes del pacto y presidida por la persona entonces titular del Ministerio de Administraciones Públicas, actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que, entre otros, tiene el mandato de pronunciarse sobre situaciones de transfuguismo en mociones de censura.
La misma adenda también crea una comisión de Eepertos independientes como órgano de apoyo para la resolución de discrepancias sobre la concurrencia de circunstancias calificables de transfuguismo, compuesta por cinco juristas de reconocido prestigio en el ámbito local elegidos por consenso de los miembros de la Comisión de Seguimiento para un periodo de cuatro años.
En 2006 se incorporó como II Adenda el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales.
Como actuación previa y primera aproximación hacia una nueva convocatoria formal de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, en la reunión convocada la próxima semana, además de ofrecer a los partidos políticos no firmantes del Pacto que se adhieran al mismo, se establecerá un calendario de reuniones para una inmediata puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento y el inicio del estudio de los posibles casos pendientes, originados desde las últimas elecciones locales de mayo de 2019 y para la elección de los nuevos integrantes de la Comisión de Expertos.
PLANETA CANARIO
La ministra de Política Territorial y Función Pública, la canaria Carolina Darias (PSOE), ha convocado a representantes de todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a una reunión el próximo miércoles 29 de julio, para reactivar el Pacto Antitransfuguismo tras un periodo de inactividad de diez años.
En Canarias, el último caso más sonado es el de la concejala Evelyn Alonso, en Santa Cruz de Tenerife, que fue expulsada de Ciudadanos (Cs) por apoyar la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE Patricia Hernández, y entrar en el nuevo gobierno municipal que preside José Manuel Bermúdez (CC-PNC), en un pacto de gobierno en el que también participa el PP. Alonso es concejal de Seguridad Ciudadana, Sociedad de Desarrollo, Policía Local y Medio Ambiente, pero por ser no adscrita no podrá cobrar sueldo, sino dietas por asistencia sesiones.
Tanto CC-PNC como PP en la capital tinerfeña (partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo) habían reclamado con firmeza al principio de este mandato que se aplicara este acuerdo nacional para castigar a los tránsfugas, cuando Patricia Hernández fue alcaldesa con apoyo de dos ediles de Cs a los que su partido abrió expediente de expulsión, aunque finalmente fueron reintegrados y el partido naranja aceptó el pacto con los socialistas en Santa Cruz.
El Gobierno de España expone en un comunicado este lunes que el Acuerdo sobre un Código de Conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, conocido como Pacto Antitransfuguismo, «sigue siendo un cauce de diálogo y actuación necesario para asegurar el pluralismo y la calidad democrática, al tiempo que puede ayudar a prevenir situaciones de inestabilidad institucional, por lo que se estima de gran interés que los partidos políticos retomen su actividad y reanuden sus tareas».
Con carácter previo a la convocatoria y reanudación de los trabajos de Comisión Seguimiento del Pacto, es necesario actualizar su composición, por lo que se invita a los grupos políticos que no formaron parte del Acuerdo a que se adhieran y compartan los principios del Pacto y sus Adendas.
La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo nació del llamdo Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, firmado en 1998, con la finalidad de “establecer un compromiso entre las fuerzas políticas para buscar soluciones mediante compromisos de comportamiento político, con los que superar las situaciones de inestabilidad de gobierno provocadas por conductas particulares de transfuguismo, a las que el derecho no puede ni debe dar respuesta”.
En el año 2000 ratificaron el acuerdo el Ministro de Administraciones Públicas y los representantes de las fuerzas políticas, y con la primera adenda, que creó una comisión de seguimiento, integrada por un representante por cada una de las fuerzas políticas firmantes del pacto y presidida por la persona entonces titular del Ministerio de Administraciones Públicas, actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que, entre otros, tiene el mandato de pronunciarse sobre situaciones de transfuguismo en mociones de censura.
La misma adenda también crea una comisión de Eepertos independientes como órgano de apoyo para la resolución de discrepancias sobre la concurrencia de circunstancias calificables de transfuguismo, compuesta por cinco juristas de reconocido prestigio en el ámbito local elegidos por consenso de los miembros de la Comisión de Seguimiento para un periodo de cuatro años.
En 2006 se incorporó como II Adenda el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales.
Como actuación previa y primera aproximación hacia una nueva convocatoria formal de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, en la reunión convocada la próxima semana, además de ofrecer a los partidos políticos no firmantes del Pacto que se adhieran al mismo, se establecerá un calendario de reuniones para una inmediata puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento y el inicio del estudio de los posibles casos pendientes, originados desde las últimas elecciones locales de mayo de 2019 y para la elección de los nuevos integrantes de la Comisión de Expertos.
