VICENTE PÉREZ
No a un macropuerto en Agaete, sí en Fonsalía. Esta es la filosofía del Gobierno canario que forman el PSOE, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG).
El Consejo de Gobierno, reunido en Tenerife, aprobó el pasado viernes la propuesta de acuerdo de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de suspender la declaración de “excepcional interés público” que se le había otorgado en 2006 a las obras de ampliación del puerto de Las Nieves, en Agaete (Gran Canaria), por no cumplir con los condicionantes socioeconómicos exigidos por la declaración de impacto ambiental de ese proyecto.
La ampliación de este muelle en el norte grancanario ha tenido una fuerte contestación social, y se han celebrado manifestaciones, algunas de las cuales ha concitado el apoyo de cerca de 20.000 personas, y hay recogida de firmas en Change.org con más de 25.000 rúbricas en contra de esta obra.
En cambio, por el momento, mantiene para el puerto comercial de Fonsalía, previsto en la costa de Guía de Isora, una declaración en los mismos términos que también en 2006 aprobó el Ejecutivo canario, presidido entonces por Adán Martín. Este nuevo puerto proyectado en la costa suroeste de Tenerife, con la intención de que sustituya al de Los Cristianos en el tráfico entre Tenerife y las restantes islas de la provincia, lleva siendo rechazado por los funcionarios de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar desde 2011, el último informe negativo fechado en el otoño de 2018, por sus impactos medioambientales previsibles.
Incluso el actual consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Política Territorial del Gobierno canario, el socialista José Antonio Valbuena, ha mostrado en declaraciones a la prensa- su discrepancia con que se siga adelante con el proyecto en trámite porque lo considera inviable al entender que no podrá cumplir con la normativa medioambiental ni los condicionantes que en este sentido que se le han puesto.
Pero sobre Fonsalía el cuatripartito que gobierna Canarias tiene la postura contraria. Lo cierto es que el Consejo de Gobierno que preside el socialista Ángel Víctor Torres alega que suspende la declaración de interés general para la obra en Agaete tras «examinar varios informes, entre ellos uno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) de diciembre de 2018 en el que se constata que no se cumple el condicionante segundo de la declaración de impacto ambiental otorgada por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) al proyecto de ampliación en 2013».
La Cotmac, en el citado condicionante segundo, supeditaba el visto bueno a la ejecución del proyecto a que el escenario socioeconómico del comienzo de las obras fuera el mismo que existía cuando se redactó el proyecto de ampliación, en el año 2001. El motivo de este condicionante era asegurarse de que la evolución de la demanda de tráfico en el puerto de Las Nieves se correspondía con las previsiones efectuadas entonces.
De esta forma, desde el año 2015, cuando comenzó la licitación de las obras, hasta la actualidad, «se han dado una serie de circunstancias objetivas nuevas que han demostrado que esas condiciones socioeconómicas no se cumplen», argumenta el Ejecutivo canario en un comunicado. Y añade que «varios estudios técnicos llevados a cabo en 2018 evidencian que el tráfico marítimo experimentado por el muelle de Agaete se ha ralentizado con el paso de los años, entre otras cosas, por la implantación de una nueva línea que une las dos capitales canarias a través de barcos de alta velocidad».
Además, un estudio encargado por el ente público Puertos Canarios a una consultora especializada señala que la estimación media de crecimiento del tráfico de pasajeros y mercancías para el periodo 2019-2023 entre Agaete y Santa Cruz de Tenerife es solo del 2,1%, en contra de las estimaciones realizadas en 2006 que preveían un incremento considerable en el uso de esta ruta.
Finalmente, la ULPGC constató en su informe de diciembre pasado que no se cumple el condicionante segundo de la declaración de impacto ambiental otorgada en 2013.
Según la ULPGC, en el estudio titulado Evaluación socioeconómica del proyecto de ampliación del puerto de Agaete, se concluye que con la práctica totalidad de las hipótesis que se podían formular sobre la evolución del mercado de transportes en el futuro, propiciado por la obra de ampliación del muelle, el valor neto social del proyecto sería negativo en el sentido de que no ofrecería mejoras relevantes en la conectividad entre ambas islas, también en tanto que supondría un gasto importante de recursos económicos, por último, por su gran impacto ambiental.
Por su parte, y tras conocer todos estos informes, la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente ha ratificado hace unos días a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda que no se cumplen los requisitos socioeconómicos que exigía el condicionante segundo de la declaración de impacto ambiental otorgada en 2013 al proyecto de ampliación del puerto de Agaete.
En el caso de Tenerife, por tanto, el Gobierno canario no solo mantiene su consideración de proyecto de interés general, sino que en el Parlamento regional, su consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, ha ratificado el respaldo del Ejecutivo regional, como órgano colegiado, a construir este puerto entre Alcalá y Playa de San Juan, pese a las reticencias del consejero del área medioambiental. Y también pese al rechazo que Sí Podemos Canarias, una de las cuatro fuerzas políticas que forman el Gobierno, mantiene hacia este proyecto, aunque esta «contradicción» está fuera del pacto, según manifestó ante la Cámara regional el diputado de la confluencia morada Manuel Marrero.
En abril pasado el Gobierno canario, en ese momento aún en manos de CC-PNC ya remitió a Costas la respuesta a su informe negativo de octubre de 2018, por lo que ahora el nuevo Ejecutivo de izquierdas está a la espera de que llegue del organismo estatal el informe que dé o no a autorización para ejecutar este proyecto marítimo, cuyo trámite se prolonga ya nada menos que 25 años.
Y la realidad es que todos los grupos parlamentarios (PSOE, NC, PP y CC-PNC), menos Sí Podemos, esgrimieron en septiembre una batería de adjetivos muy similar para defender la construcción de este puerto en la costa de Guía de Isora. «Vital, fundamental, clave, prioritario, necesario, imprescindible…» fueron los calificativos más usados durante el debate parlamentario para destacar la importancia del planificado puerto isorano.
Su construcción no ha sido posible porque el criterio técnico de Costas, al menos desde 2011 hasta octubre de 2018, ha sido contrario a dar autorización a que esta obra ocupe la lámina de agua del dominio público máritimo terrestre, que incluiría un muelle comercial para 5 ferries, más de 400 atraques para embarcaciones deportiva, un muelle pesquero, y dos helipuertos, ocupando una superficie que dicha dirección general ve excesiva y en un lugar inadecuado si se quiere preservar también la dinámica de las arenas en este litoral y mantener sus aguas libres de contaminación.
Aunque aún sin manifestaciones aún en las calles contra el puerto de Fonsalía, los ecologistas sí han mostrado su rechazo a este macropuerto. Ecologistas en Acción mantiene abierta un recogida de firmas que por el momento lleva recabadas casi 21.000, y también la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) se ha posicionado en contra. Además de por su impacto paisajístico y en las calas y playas de la zona, se oponen a esta obra porque sostienen que atentaría contra los valores protegidos por la Zona de Especial Conservación (ZEC) Franja Marina Teno-Rasca, que rodea a Fonsalía, protegida a escala nacional y europea.
Entre los máximos defensores de este nuevo puerto están el presidente del Cabildo de Tenerife, el socialista Pedro Martín, y el líder de ASG, diputado y presidente del Cabildo gomero, Casimiro Curbelo. Y llama la atención que ya está construida incluso la vía de acceso desde el Anillo Insular hasta Fonsalía, con las miras puestas en el aumento de tráfico en la zona una vez que entre en funcionamiento esta infraestructura portuaria, a pesar de no contar con el permiso pertinente de la para ocupar la franja de mar que necesita.
El principal argumento usado por los defensores del puerto de Fonsalía es que el de Los Cristianos, que es de titularidad estatal, está saturado y no se puede ampliar, además de que ocasiona atascos de tráfico en la costa de Arona. El alcalde aroreno, Julián Mena, ha propuesto al Cabildo sacar de este núcleo turístico el tráfico del puerto a través de un túnel, lo que evitaría las colas, una idea que plantea ante la incertidumbre sobre cuándo se podrá construir el nuevo muelle de Fonsalía.