VICENTE PÉREZ
El Gobierno de Canarias, a través de sus consejerías de Educación y Sanidad, ha decidido que informará a la opinión pública de cuántos colegios e institutos de enseñanza han registrado casos de Covid-19, pero no desvelará el nombre de los centros, por considerar que así se evita la «estigmatización» social de menores por motivos de salud.
Sí dará información genérica, estadística, y, de hecho, en el pleno del Parlamento canario, este martes, el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres confirmó que en la primera semana de curso eran 34 los estudiantes que han dado positivo de este coronavirus y que seis aulas cerradas por ello.
De un total de mil colegios e institutos, se han detectado incidencias en 68 de ellos. En una nota de prensa, la Consejería de Educación añadía apuntaba que «solo un 0,1% de los grupos burbuja de Canarias ha sido cerrado por algún positivo en COVID-19».
La decisión de no facilitar a los medios de comunicación la identidad de los centros afectados la fundamenta además Sanidad en la Ley General de Sanidad, cuyo artículo 10.2 reconoce el derecho de los pacientes «a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público”, aparte de la precaución que requiere la información que atañe a la protección de los menores y la infancia.
En el caso de la Consejería de Educación, quiere evitar tanto la «alarma» que puede causar que medios de comunicación, en especial televisiones, acudan a centros afectados, al tratarse de menores de edad.
Como resulta obvio, los padres y las madres del alumnado de cada centro afectado sí serán informados de tal incidencia.
Por tanto, las noticias sobre colegios e institutos concretos donde se registren contagios y haya alumnos en cuarentena no tendrán en ningún caso confirmación oficial. Durante los primeros días del curso, la Consejería de Educación si confirmaba esta información, a preguntas de los periodistas, pero en la segunda semana de clases ha reconsiderado este criterio.
La decisión del Gobierno canario suscita el debate entre el derecho a la información (a darla y a recibirla) y la responsabilidad ética (con la finalidad de proteger los derechos de los menores), si bien los medios de comunicación no han planteado revelar la identidad de pacientes concretos, cuestión esta que no está en discusión.
Este viernes, la consejera de Educación, Cultura y Universidades, Manuela Armas, detalló que hasta la fecha se han realizado 14.482 pruebas PCR (12.936 alumnos y alumnas, 1.508 docentes y 38 PAS) en colegios de educación Infantil y Primaria de Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife, los municipios con mayor incidencia por coronavirus. Las pruebas continuarán la próxima semana.