PLANETA CANARIO
El Diputado del Común ha recibido 33 quejas a título individual y colectivo (asociaciones y plataformas de personas damnificadas) por la gestión de la erupción volcánica de La Palma, de las que 21 se encuentran en trámite y 12 archivadas.
Un alto porcentaje de tiene que ver con el retraso en entregarse las ayudas anunciadas para los afectados por el volcán, principalmente a las ayudas económicas por la pérdida de las viviendas, sobre todo la cuantía de 30.000 aprobada por el Gobierno de Canarias, y en menor medida, las de 10.000 euros que corresponden al Cabildo de La Palma.
Otras quejas consisten en las dificultades para reconstruir las viviendas en otros suelos propiedad de los afectados porque el planeamiento vigente lo impide. Al respecto, el Diputado del Común ha confirmado que el Gobierno canario, concretamente su Consejería de Planificación Territorial, aprobará en septiembre un decreto que permitirá construir viviendas de afectados en Tacande de Arriba.
Los datos los ha divulgado la Diputación del Común este martes 9 de agosto, después de que el Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda de esta institución, Milagros Fuentes, se reunieran con el comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, y con el coordinador del Área Económica de la Casa Massieu, en Los Llanos de Aridane, Miguel Ángel Pulido, para entregarles un informe en el que se reflejan las quejas ciudadanas recibidas en la Institución como consecuencia de los efectos producidos por el volcán de La Palma.
Algunas quejas tienen que ver con la realización de obra pública en terrenos afectados por el volcán sin haberse iniciado los procedimiento expropiatorios o sin que se haya compensado a los propietarios, o los relativos a la explotación turística que al parecer se hace de la zona de las coladas sin contar con los propietarios de los terrenos afectados.
Al estudiar estas quejas, la Diputación del Común detectó una posible contradicción de términos entre el Plan Insular, aprobado por Decreto 71/2011, de 11 de marzo y el Decreto Ley 1/2022. Así, en el Plan de Ordenación Insular de La Palma, capítulo 2 (ordenación de los ámbitos rústicos con interés económico) habla de la zona Bb1.4 como de interés paisajístico, y el Decreto Ley 1/2022, en su artículo 4.2 permite la reconstrucción en suelo rústico de protección paisajística, y en su artículo 4.3 establece una limitación de construcción en zonas donde según el Plan Insular deban ser excluidas de procesos de urbanización por razones ambientales.
«Falta de claridad» en la nueva normativa
Rafael Yanes aprecia «falta de claridad» en las normas que han sido aprobadas para la reconstrucción, principalmente el Decreto-ley 4/2022, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica de La Palma, que en su segundo apartado modifica el apartado 2 del artículo 4 del Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, en el sentido de permitir la construcción de nuevas viviendas, en sustitución de las destruidas, en cualquier parcela respecto de la que se acredite la titularidad de cualquier derecho subjetivo suficiente y que esté clasificada como suelo urbano o suelo rústico de asentamiento, y cualquier terreno ubicado en el resto de municipios de la isla de La Palma sobre la que demuestren ser titular de cualquier derecho subjetivo suficiente con anterioridad al 19 de septiembre de 2021.
Dicho criterio puede ser restrictivo, al impedir a muchos afectados elegir reconstruir sus vidas en otros municipios, por no disponer de terrenos antes de la fecha estipulada, pero se les ha presentado la oportunidad de adquirir un nuevo terreno en otros municipios pero con posterioridad a la fecha posterior al volcán. «Un tema», para la Diputación del Común, » no exento de polémica dado el riesgo de caer en la especulación urbanística».
Las razones de las quejas archivadas
De las quejas archivadas, en tres casos fue por acumularse a otras aún en trámite; dos por ser competencia del Defensor del Pueblo; una por referirse a entidades bancarias sobre las que no es competente la Diputación del Común; una por ser «asunto jurídico privado» (una ayuda por vivienda abonada a la expareja del reclamante, a pesar de que la misma era de propiedad de ambos al 50%); una por no apreciarse infracción del ordenamiento jurídico (exigencia de técnicos competentes para controlar la actividad sísmica); una porque no había concreción en la denuncia sobre el activo administrativo que la motiva; una porque no se apreció irregularidad en el Ayuntamiento de Tazacorte respecto a las ayudas entregadas al reclamante y su familia, y en un caso porque el denunciante no aportó la documentación solicitada.
Quejas individuales y colectivas
Se han recibido quejas provenientes tanto de reclamantes individuales, que representan el 36% de las quejas totales, como por colectivos, que supone el 64%, tanto por plataformas de afectados como por dos asociaciones constituidas para la defensa de sus derechos. Así la Asociación Volcán Cumbre Veja, que ha presentado 18 quejas, las plataformas vecinales una, y la Asociación de Productores Agrícolas para la Reconstrucción, otra.
«Es indudable», expone la Diputación del Común, «que la ciudadanía ha optado por el asociacionismo para relacionarse con la Administración, toda vez que de esa manera pueden hacer llegar su voz con más fuerza, apreciándose una evolución desde los primeros momentos en los que se optaba por la fórmula de las plataformas vecinales, hasta las actuales asociaciones legalmente constituidas y registradas, que a su vez agrupan a un número importante de afectados».
Contra qué organismos son las quejas
El 36 % de las quejas tienen que ver con competencias del Gobierno canario; el 21% de las quejas con el Cabildo de La Palma; el 15% con el Ayuntamiento de Los Llanos; el 9% con el Ayuntamiento de Tazacorte y El Paso; el 6% con Consorcio de Compensación de Seguros y la Fiscalía provincial (ante la que un vecino denunció la construcción de carreteras sobre propiedades particulares) y el 3% con la Administración estatal.
