El servicio jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó el pasado miércoles ante la Audiencia Provincial un escrito en el que solicita a este órgano que dicte las diligencias necesarias que impulsen la ejecución de la sentencia sobre Las Teresitas, en particular la responsabilidad civil, según informa el gobierno municipal en un comunicado difundido este lunes.
La solicitud se produce tras la instrucción formulada por el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), el pasado 29 de marzo, un día después de conocerse la resolución del Tribunal Supremo que ratifica las condenas a los seis culpables (entre ellos el exalcalde Miguel Zerolo y el exedil de Urbanismo Manuel Parejo, también de CC cuando se cometieron los hechos delictivos), y después de que los servicios jurídicos hayan constatado que las aclaraciones solicitadas por algunas de las partes –para lo que disponían de un plazo preceptivo– no tienen afección sobre el ámbito del Ayuntamiento.
La citada instrucción, de la que ahora dimana la petición a la Audiencia, ordenaba a la Asesoría Jurídica municipal a que “continúe con todas aquellas actuaciones necesarias, por sus propios medios o con asistencia técnica de terceros” para dar cumplimiento a las sentencias del Supremo y de la Audiencia Provincial en relación a la compra del frente de la playa de Las Teresitas, “al objeto de recuperar el dinero público invertido en la compra de los terrenos, así como hacer efectivas las indemnizaciones en favor” del consistorio, que pagó en 2001 más de 52 millones por ese suelo, con un sobreprecio que ha motivado la condena.
La instrucción del pasado 29 de marzo reiteraba, además, lo dispuesto en otra, también dictada por el alcalde en abril de 2017, justo el mismo día de notificarse la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el particular.
Adhesión a las medidas cautelares de la Fiscalía
A raíz de aquélla, la Junta de Gobierno municipal también acordó en mayo de 2017 adherirse a la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ministerio Fiscal y asegurar “la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento”, recuerda la nota de prensa.
En esa dirección, la Fiscalía solicitaba –acción respaldada por el Ayuntamiento– que se requiriera a todos los condenados para que, en el plazo que fije el tribunal, designen “bienes realizables –saldos de cuentas bancarias, depósitos o productos financieros, imposiciones a plazo, fondos de inversión, valores, títulos, acciones, deuda financiera, contenido de cajas de seguridad, participaciones sociales u otros activos financieros, así como bienes muebles o inmuebles– que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de indemnizaciones a cuyo pago se les condena en la sentencia dictada, acordándose la práctica a tal fin de las valoraciones y/o tasaciones precisas”.La Fiscalía también propuso en ese momento que subsidiariamente y para el caso de que no se cumpliera el anterior requerimiento, o para el caso de que los bienes designados fueren insuficientes, se acordaran medidas como el bloqueo y retención de activos financieros o el embargo de bienes muebles y/o inmuebles que estuvieran a nombre de los condenados, de forma directa o indirecta.
Tras la sentencia que da firmeza a las condenas, a finales de marzo pasado, han entrado en prisión, aparte de Zerolo y Parejo, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, así como los funcionarios Víctor Reyes y José Tomás Martín.
Días después de ese fallo, los denunciantes del caso Las Teresitas (el colectivo de juristas Ínsula Viable, a través del ahora edil lagunero de XTF-NC Santiago Pérez y el concejal socialista en la capital José Ángel Martín) y la acusación popular (la asociación Justicia y Sociedad, representados por los abogados José Pérez Ventura y Antonio Espinosa) coincidieron en criticar lo que consideran falta de iniciativa del Ayuntamiento en este mandato para recuperar el dinero público más intereses pagados ilícitamente a González y Plasencia en 2001, por lo que expresaron que de esta forma los reos hayan tenido tiempo de diluir sus propiedades y la multimillonaria suma no vuelva a las arcas públicas.