PLANETA CANARIO
Los dos activistas encaramados desde el amanecer del martes 16 de junio en las grúas de construcción del hotel junto a la playa de La Tejita (Granadilla, Tenerife) afrontan su cuartanoche en las alturas para reivindicar la paralización de las obras por considerar que no deberían haberse permitido porque está en revisión el deslinde del marítimo terrestre y su zona de servidumbre, aún a la espera de resolución definitiva por la Dirección General de la Costa y el Mar.
A estos activistas (un hombre y una mujer), los bomberos les han subido comida que les han llevado ecologistas concentrados en su apoyo en las proximidades de las obras.
La empresa alega que tiene todos los papeles en regla, pero el Gobierno canario defiende que las obras deberían estar paralizadas porque el nuevo deslinde va a afectar a la parcela, aunque Costas propone la servidumbre en 20 metros, lo que salvaría la construcción prevista, y el actual Ejecutivo regional (PSOE-NC-Sí Podemos-ASG) argumenta a favor de 100 metros de anchura, lo que imposibilitaría encajar el proyecto autorizado. Cuando el Gobierno canario estaba en manos de CC, dio vía libre al proyecto.
Cientos de personas han acudido estos días a dar aliento a estos activistas en varias concentraciones celebradas en las proximidades de las obras, y también han tenido lugar similares muestras de apoyo en Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.
La asociación Salvar La Tejita, que ha aclarado que no ha organizado esta ocupación de las grúas pero apoya las protestas contra este «atentado ecológico» ha recordado que mantiene denunciado este asunto en los Juzgados por vía penal y también recurrida en vía contenciosa administrativa, junto al grupo ecologista ATAN, la licencia de obras conceda por el Ayuntamiento de Granadilla, cuando ya Costas en Madrid había decidido revisar el deslinde, aunque su Demarcación en Tenerife demoró más de lo habitual la apertura del expediente.
Salvar La Tejita basa su rechazo al hotel en cinco argumentos. El primero interpreta que la Ley de Costas establece que mientras dure la revisión del deslinde, las obras deben permanecer cautelarmente paralizadas y es
«competencia directa» del Gobierno canario su cumplimiento, si bien el consejero autonómico del área medioambiental, José Antonio Valbuena, sostiene que aunque quiere paralizar las obras, el Ejecutivo regional carece de competencias para ello.
El segundo argumento de los ecologistas es que ven «indicios contundentes de que el Ayuntamiento de Granadilla ha aprobado la obra sin siquiera intentar de cumplir la normativa en vigor del tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas, es decir, no ha cumplido su responsabilidad administrativa ni legal acerca de una directiva en vigor desde el año 2006, permitiendo el posible riesgo de la salud publica y el medio ambiente».
En tercer lugar, Salvar La Tejita sostiene que «la licencia para la construcción del hotel está incompleta y por lo tanto no tiene validez, pues fue aprobada a pesar de que una autorización obligatoria (resolución del anterior viceconsejero de Política Territorial sobre autorización para la ejecución del proyecto) estaba caducada y otra
(autorización legalmente procedente de la de vertido al mar de aguas residuales o conexión, en su caso, a la red de saneamiento general) faltaba por completo».
Como cuarto argumento, esta asociación conservacionista alega que «la declaración responsable sobre el cumplimiento de la legislación de Costas, por ley, únicamente puede ser firmada por el propietario de la finca, pero en el caso de hotel La Tejita, está firmado por un tercero».
Por último, apunta que «en el proyecto básico (visado y aprobado por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona), aparecen más de 30 normativas de obligado cumplimiento como normativas gallegas, en lugar de las canarias, en lugar de las publicadas en el Boletín Oficial del estado o el Boletín Oficial de Canarias».
Lamentan los ecologistas que «aunque el Ayuntamiento de Granadilla, el Gobierno de Canarias, Costas, fiscalías regionales y nacionales, y el Gobierno de España han sido notificados de estas irregularidades, parece que la
estrategia del promotor y de los políticos y funcionarios que, por razones desconocidas, apoyan este proyecto, es la de paralizar el proceso legal hasta que el hotel esté abierto, momento en el que será más complicado cerrarlo».
Por ello, la asociación advierte de que «continuará con su lucha legal hasta que el hotel cumpla con todas las leyes y normativas, y entonces tomará medidas para impulsar procesos legales contra cualquier empresario, político o funcionario que haya actuado ilegalmente o con negligencia».