VICENTE PÉREZ
El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha fijado en 20 metros de ancho la servidumbre de protección del nuevo dominio público marítimo terrestre junto al polémico hotel de La Tejita, en Granadilla de Abona, por lo que descarta la pretensión de los grupos ecologistas Salvar la Tejita y ATAN de establecerla en 100 metros, al tiempo que desestima los informes remitidos por el Gobierno canario en el actual mandato que venían esta distancia mayor.
Esta decisión podría suponer la próxima reanudación de las obras del hotel que promueve el Grupo Viqueira, una empresa gallega, que fueron paralizadas en 2019 por orden ministerial tras una protesta que llevó a dos activistas a permanecer más de 11 días subidos en las grúas, apoyados por cientos de personas desde el exterior de la parcela.
La resolución de la Dirección General de la Costa y el Mar, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 12 de febrero de 2021, concluye que resulta de aplicación lo dispuesto en la Disposición Transitoria 3.2b de la Ley de Costas de 1988, y procede el mantenimiento de los 20 metros de la anchura de la servidumbre al tratarse de suelo urbanizable programado (suelo apto para urbanizar) que cuenta con Plan Parcial aprobado definitivamente antes del 1 de enero de 1988, y ejecutada la urbanización antes de la entrada en vigor de la citada ley que consta la solicitud de recepción de las obras estructurales de la urbanización, en diciembre de 1987.
Además, de la documentación aportada durante el proceso, se desprende que cualquier modificación de la anchura de la servidumbre de protección, implicaría indemnización de acuerdo con la legislación urbanística, argumenta Costas.
El Grupo Viqueira tendrá que modificar el proyecto en la zona afectada por el nuevo deslinde, lo que reducirá su capacidad alojativa en algo más del 10% , según publica El Día.
No obstante, la Asociación Salvar La Tejita ha anunciado que recurrirá esta resolución y luchará para que se mantenga la paralización de las obras.
En un comunicado, el colectivo ecologista afirma que «la revisión del deslinde es uno de los muchos factores que se encuentran actualmente en vía judicial» y recuerda que entre otras presuntas irregularidades está «la inexistencia de cualquier tipo de proyecto, estudio técnico o licencia para el tratamiento de aguas residuales».
Se queja además de que el anuncio del BOE «haya sido enviado a la constructora, a los medios de comunicación y no a la Asociación Salvar La Tejita (que están personados en el caso) es coherente con la forma en que las instituciones responsables han manipulado el acceso a la información en todo este proceso».
La asociación deja claro que «continuará por todas las vías legales para que no haya ninguna construcción ilegal en esta zona», pues señala que «ha descubierto muchas irregularidades legales dentro de la licencia de obras y el proceso de revisión del deslinde» y por ello seguirá la «lucha hasta que cada político, empresario, técnico, funcionario o arquitecto que es (actualmente presunto responsable) sea responsabilizado y procesado por las vías judiciales».
La revisión del deslinde marítimo terrestre afecta a a un tramo de 458 metros, un procedimiento abierto a instancias de los citados colectivos ecologistas, cuya intervención, en cualquier caso, demostró que la zona pública costera vigente hasta ahora estaba mal fijada y abarcaba más territorio, lo que de todos modos ha afectado a la parcela del hotel, aunque, de consolidarse esta servidumbre en 20 metros, aún será viable.
Contra esta resolución de Costas cabe recurso de reposición en el plazo de un mes y recurso contencioso en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional.
Hay que recordar que todo este asunto se encuentra denunciado en vía penal por Salvar La Tejita al igual que la licencia municipal de obras recurrida en lo contencioso administrativo.
