VICENTE PÉREZ
El expresidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (de CC) no quiere perder tiempo para que el Juzgado 2 de La Laguna se abstenga de instruir el caso Grúas, en el que está imputado, y la instrucción la asuma cuanto ante el Tribunal Supremo. Siguiendo los pasos que dio en su día el exalcalde chicharrero MIguel Zerolo (también de CC) cuando fue senador y estaba entonces imputado en los casos Teresitas y García Cabrera, Clavijo, que fue nombrado senador el 31 de julio pasado, ha solicitado el 9 de septiembre (tras las vacaciones de agosto en la Justicia) que la causa pase ya al Supremo.
Aunque el exalcalde lagunero ha manifestado que su designación como senador nada tiene que ver con el hecho de que esté investigado en esta causa, la realidad es que toda su estrategia procesal se ha dado de bruces en los últimos meses con los tribunales canarios.
Y es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le ha aplicado la pérdida de aforamiento que establece el nuevo Estatuto de Autonomía (reforma en vigor desde noviembre de 2018) y la Audiencia Provincial no solo ha obligado a la jueza del caso, Celia Blanco, a reabrirlo y a imputar al también exalcalde lagunero José Alberto Díaz, sino que ha rechazado uno por uno los recursos del expresidente autonómico.
A ello se une la llegada a este proceso, hace unos meses, de la fiscal Anticorrupción, María Farnés -la misma del caso Las Teresitas-, que ha trenzado un relato de hechos indiciarios de tres delitos (prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias) que, por el momento, no ha podido desmontar Clavijo, con todo su arsenal de abogados (encabezados por Juan Antonio Choclán Montalvo).
Los imputados no logran evitar la declaración de testigos claves
El último revés para el político de CC-PNC ha sido una providencia de la Audiencia Provincial, dictada el 9 de septiembre pasado, concretamente de la Sección Segunda que preside el magistrado Jaquín Astor Landete, en la que le rechaza un nuevo intento de la defensa de Clavijo, y de los otros tres imputados (incluidos el ex edil de CC Antonio Pérez Godiño y al exjefa de servicio municipal Rosario Hernández) para que no declaren testigos claves en esta causa, cuya declaración puede complicarle mucho las cosas a los imputados, y, en especial al ex presidente del Gobierno canario.
Entre ellos, los trabajadores que supuestamente fueron despedidos por denunciar las irregularidades en adjudicataria del servicio municipal de Grúas, y el primer dueño de esta empresa, José Padilla, que se ha quejado en varias ocasiones fuera de sede judicial de las presiones que recibía en la época en que Clavijo fue concejal de Seguridad y alcalde para que contratara a personal afín a este (trabajadores que luego acabarían comprándole la empresa cuando ya estaba en bancarrota, entre otros motivos porque el propio Ayuntamiento le adeudaba una gran suma de dinero).
Cuando la empresa estaba ya en manos de personas con las que Clavijo tenía o había tenido relaciones personales en distinto grado, el Ayuntamiento ( que llegó a intervenirla por sus problemas económicos), no solo se puso al día en los pagos a la concesionaria sino que le insufló oxígeno con crédito -fue luego devuelto-, con el informe en contra del interventor municipal.
Ascanio: «Clavijo está desesperado y esto indica su catadura moral»
Lo cierto es que , como ya pasara con Zerolo en el caso Las Teresitas, el trasvase del caso Grúas al Supremo supondrá un retraso en su instrucción y un cambio de jueces, no solo instructores sino los que resuelvan sus apelaciones.
Para uno de los denunciantes del caso, Rubens Ascanio, líder de Unidas Se Puede y ahora primer teniente de alcalde del gobierno lagunero (en pacto con PSOE y Avante), esta es un episodio más de un Fernando Clavijo que se llamaba o se creía vender a sí mismo como persona que había eliminado los aforamientos en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, pero al final vemos que está desesperado intentando buscar una y otra vez fórmulas de aforamiento posible para no ser juzgado por un juzgado ordinario sino por otra jurisdicción que prácticamente empiece de cero todo».
A juicio del también concejal de Bienestar Social de La Laguna, resulta «grave e indignante que un supuesto representante de Canarias en el Senado sea una persona con esta catadura moral y ética, responsable directo de toda una serie de presuntas ilegalidades que cada día se hacen más visibles con este tipo de acciones, al solicitar al Juzgado lagunero que se abstenga de seguir adelante con la causa para trasladarla al Supremo».
«Sin duda se trata de una forma de dilatar en el tiempo este proceso judicial, de modo que la instrucción sea lo más compleja posible y que las cosas se queden en nada por el tiempo transcurrido», abundó Ascanio, quien anunció que van a intentar oponerse a esta decisión «con todas las herramientas» que tengan los denunciantes en su mano, pero admitió que es «muy complicado» evitar que el proceso se vaya al Supremo «por el aforamiento del que aún gozan los miembros de instituciones como el Senado».
Lo cierto es que en el Supremo, a Zerolo como aforado le fue mal, pues acabó en 2014 condenado a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa al adjudicar a dedo unas obras públicas siendo alcalde por 7 millones de euros. Fue el llamado caso García Cabrera, en alusión al antiguo colegio de Ofra Hermanos García Cabrera que fue reformado con ese dinero para convertirse en las actuales oficinas centrales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Luego, ya perdida la condición de senador por este motivo, Zerolo fue condenado por el caso Las Terestias a una pena de cárcel que está cumpliendo en la prisión Tenerife II.
A Clavijo está por ver cuál es su sino en este procedimiento penal.
