PLANETA CANARIO
Canarias fue en 2020 una de las cuatro comunidades autónomas donde se logró aumentar el número de personas que reciben la prestación de la Ley de Dependencia. En concreto, durante un año marcado por la pandemia, en el Archipiélago el número de beneficiarios se incrementó casi un 7,2%, en términos absolutos 1.680.
Así se destaca en el informe anual sobre la evolución de la aplicación de la Ley de Dependencia que realiza la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que califica de «meritorio» este dato si se tiene en cuenta que el conjunto de España pudo crecer únicamente un 0, 81%.
En el resto de parámetros del sistema tales como valoraciones, personas con derecho y solicitudes se saldan
igualmente con valores positivos, «lo que da muestra que el sistema funcionó con regularidad a pesar de las
circunstancias tan adversas en las que se desarrolló como consecuencia de la pandemia por Covid-19», evalúa el XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, como se denomina oficialmente el estudio.
Sin embargo, esta mejoría se produce a partir de unos datos que ya vienen muy negativos del pasado, por lo que Canarias se mantiene en la cola en otros parámetros. Así, el llamado limbo de la dependencia, es decir, el porcentaje de personas con derecho reconocido a una ayuda o prestación pero que aún no la han recibido supone el 24% en el Archipiélago canario, que de este modo ocupa el antepenúltimo lugar entre todas las comunidades y ciudades autónomas.
Un dato especialmente malo en Canarias el del tiempo que tarda la Administración Pública en resolver los expedientes de solicitud de prestación por dependencia. En este aspecto, Canarias es donde más tardan los trámites, con 927 días de promedio. El tiempo medio es de 430 días en el conjunto del Estado, aunque en cuatro
comunidades (además de Canarias, Andalucía, Extremadura y Asturias) se superan los 18 meses.
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades de Ceuta (76 días) y Melilla (196); el País Vasco (138); Castilla y León (187) y Navarra (225). En el otro extremo estarían Canarias, Andalucía (694); Extremadura (691) y Asturias (577).
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Canarias 5.088 personas con solicitud de dependencia, un 10,06% más de lo esperado, achacable a la pandemia de la Covid-19. Una vez excluidas las 271 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin grado), la cifra alcanza las 4.817 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de resolución de grado.
De ellas, el 68,1% estaban siendo atendidas pero el 31,9% restante formaban parte de la lista de espera, concretamente el 8,8% (290) estaban a la espera de resolución de grado y el 23% (755) tenían ya el derecho reconocido, pero estaban a la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y diciembre, en Canarias fallecieron 1.045 personas en lista de espera, sin ser atendidas.
Esto ha contribuido notablemente a la reducción de la lista de espera, tanto es así que de las 1.282 personas que han abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el 58,89% lo han hecho como consecuencia del fallecimiento de la persona y no por la gestión de la comunidad autónoma.
El promedio de gasto por dependiente en Canarias se sitúa en 6.028,23 €/anuales, siendo el quinto año consecutivo con una tendencia descendente. En línea con la idéntica inversión realizada en 2020, el gasto público por habitante se mantiene en torno a los 67,20 €/habitante, un 56% inferior a la media nacional que se sitúa en 152,84 €/habitante, «lo que da muestra del camino de mejora que aún le queda por recorrer a sistema de la dependencia en Canarias», concluye el informe.
Datos a escala nacional
El impacto de la Covid-19, el complejo procedimiento y que el Ministerio de Derechos Sociales no incrementó el presupuesto ni en un solo euro nuevo en el año 2020, han hecho retroceder alsSistema en los indicadores relevantes, de acuercon con el análisis que se hace en el informe. En plazas de centros de día y residencias el Sistema ha retrocedido a datos de hace más de tres años, a septiembre de 2017.
232.243 personas se encuentran en España en lista de espera, el 17,1% de las personas con derecho a atención. El 41,5% de las personas desatendidas (96.351) son dependientes con drados III o II. A ellas hay que añadir 141.556
expedientes que están pendientes de valoración, con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza a 373.800 personas.
Durante 2020 se registraron 248.751 fallecimientos de personas que habían solicitado las ayudas por dependencia. El exceso de mortalidad por el impacto del Covid-19 asciende a 52.835 fallecimientos más de lo esperado. De las 248.751 personas fallecidas, el 22,26% (casi una de cada cuatro) fallecieron a la espera de resolución de grado o de prestación (limbo), en total fallecieron 55.375 personas en lista de espera. Del total de personas fallecidas, el 80,73% tenían más de 80 años, es decir, 200.825 personas.
Durante 2020, fallecieron 173.426 personas con resolución de prestación de dependencia. De ellas el 41,98% eran personas beneficiarias con atención residencial (tanto personas con una prestación de servicio de atención residencial como personas con prestación económica vinculada al servicio de atención residencial), es decir, se han registrado 72.804 fallecimientos de personas atendidas en residencias. Entre ellas, el exceso de mortalidad por impacto del Covid-19 se estima en 26.340 personas, el 36,2%.
Se mantienen las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Solo ocho comunidades aprueban la escala este año, y la mediana estatal baja del 5 al 4, lo que confirma un retroceso del Sistema. Apenas siete comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. Castilla y León (8,9), Andalucía (7,1) y Castilla La Mancha (7,1) destacan positivamente. Ceuta y Melilla (2,6), Canarias (2,1), junto con Cataluña (1,4), que retrocede hasta la última posición.
Hay nueve comunidades que ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición de beneficiarios en el último año,
Cataluña (-4,2%), Aragón (-4,3%) Madrid (-7,1%) y La Rioja (-7,8%). Por el contrario, en otras comunidades la tasa de variación interanual de personas atendidas ha sido muy positiva en el último año, como C. Valenciana (+15,7%), Asturias (+14,8%), Baleares (+11,6%) y Canarias (+7,2%).
Comunidades con limbo de la dependencia en situación muy preocupante: Cataluña (31,9%), La Rioja (29,3%) y Canarias (24,4%). Cataluña (73.386), Andalucía (56.534) y Madrid (28.494), con personas en desatención suponen más de dos de cada tres (68%) del Limbo que hay en España (232.243), y cuyas dificultades tienen carácter sistémico.
El 3,6% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Por primera vez desde el año 2014 se ha reducido el número de personas consideradas en situación de dependencia, hay 28.564 personas menos reconocidas en situación de dependencia menos que al inicio del año. 43.794 solicitudes menos (-2,3%). 26.157 resoluciones menos (-1,7%).
Además, únicamente se han incrementado en 9.047 las personas que reciben servicios o prestaciones del sistema, lo que supone un retroceso del 86% del aumento de atenciones del año 2019 y un retroceso del 91% respecto a 2018. El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 430 días.
La atención a la dependencia muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos económicos. En 2020, hay una ratio de 35 empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno ya asciende al 40%. Por primera vez ha disminuido el empleo generado, se han perdido 7.000 puestos de trabajo.
El plan de choque para la dependencia anunciado por el Gobierno español supone el fin de los recortes al sistema que se iniciaron en 2012, según expone la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Con un incremento de 623 millones de euros. La aportación del Gobierno de España para dependencia ascenderá a 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48%.
