PLANETA CANARIO
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el documento de declaración de emergencia energética en el Archipiélago, con el que se pretende evidenciar ante la sociedad y el Gobierno de España cuál es la «crítica situación» del sistema eléctrico las islas por falta de infraestructuras suficientes de energía (en generación y transporte) y suscitar la agilidad de los trámites y plazos para poder abrir las acciones urgentes y revertir esta situación.
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata (PP), ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo, que es «apremiante aplicar las medidas urgentes, sin descuidar el desarrollo de la capacidad de implantación y penetración de renovables, para evitar otro cero, más que probable, a corto plazo”.
La declaración de emergencia energética promueve el trabajo común y conjunto de administraciones públicas y fuerzas políticas. Por ello, “se han asumido algunas de las alegaciones de las corporaciones locales” -ha sentenciado Zapata.
El texto aprobado por el Consejo de Gobierno recoge en catorce puntos, el camino para comprometer las políticas y medidas que deben adoptar las diferentes administraciones públicas, con el fin de resolver, en primer lugar, la situación crítica de Canarias en generación de energía eléctrica, en consonancia con el desarrollo e implantación de las renovables.
El documento especifica el procedimiento de emergencia para aplicar las medidas temporales que garanticen el suministro eléctrico a corto plazo. En este sentido, insta a impulsar de forma urgente, y con el Gobierno estatal, la renovación del actual parque de generación gestionable, convocando, a la mayor brevedad, un concurso público para generar más electricidad.
El texto marca el camino para lograr la tan ansiada descarbonización a largo plazo, cumpliendo así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU contra el cambio climático. Así, fundamenta la necesidad de instalar equipos que tengan la capacidad de adaptación para, a la vez que garantice el suministro eléctrico se trabaje en la penetración de las energías limpias; insta al Gobierno de España a iniciar cuánto antes las actuaciones necesarias para implantar en Canarias el almacenamiento mediante hidrobombeos (se usa energía renovable en horas de menor demanda para elevar agua a embalses a distinto nivel para luego obtener energía con ese volumen embalsado), en aquellas islas donde sea viable, así como a la implantación de la eólica marina.
En lo que respecta a cabildos y ayuntamientos, la declaración de emergencia energética solicita a estas instituciones locales revisar y desarrollar sus planes de ordenación del territorio y urbanísticos, de tal modo que, se tenga en cuenta el uso de suelo necesario para la instalación de infraestructuras energéticas renovables.
Los cabildos de Tenerife y Gran Canaria han lanzado recientemente la voz de alerta también por el riesgo de ceros energéticos o cortes de electricidad generales, y han exigido medidas al Gobierno estatal.
Los cabildos exigen al Gobierno estatal que tome medidas urgentes
La FECAI (Federación Canaria de Islas), que integra a los 7 cabidos, apoya esta declaración de emergencia a través de su presidente de turno, Casimiro Curbelo, quien apela a la unidad de todas las instituciones para dar respuesta a «una situación grave», que coloca a las islas en una posición «de extrema vulnerabilidad» en cuanto a la estabilidad de los sistemas insulares de generación eléctrica. En este sentido, urgió a aplicar medidas extraordinarias y a la modificación de las normas que sean necesarias «para acabar con los déficits de generación y los problemas que actualmente presentan las centrales térmicas», pues en el caso de La Gomera -cuyo Cabildo preside- ya sufrió en julio un apagón total de varios días por un accidente en la central de Endesa ubicada en San Sebastián.
Las centrales que utilizan combustibles fósiles generaron en Canarias el 84%de la energía en 2019, porcentaje que en 2030 debe bajar al 42%, según la FECAI. Para ello es necesario que a la vez que se garantice el suministro eléctrico con medidas de urgencia, se tenga en cuenta el desarrollo de equipos que tengan la capacidad de adaptarse para alcanzar la transición energética.
Acuerdo unánime del Cabildo de Tenerife
El Pleno del Cabildo de Tenerife aprobó en septiembre por unanimidad un acuerdo exigiendo al Gobierno estatal medidas. El acuerdo consta de 13 puntos para garantizar el suministro eléctrico, entre los que figura exigir la instalación de 80MW de generación eléctrica adicional, implantar el uso del gas natural en la central de ciclo combinado y una central hidroeléctrica reversible, un sistema similar a la central Chira-Soria que se ha empezado ya a construirse en Gran Canaria, no sin polémica con la plataforma contraria a este proyecto en el barranco de Arguineguín.
Lo mismo ha hecho el Cabildo grancanario instando, por acuerdo plenario, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a adoptar medidas urgentes «para acabar con la precariedad, la inseguridad y el riesgo de cero energético en que se encuentran la isla de Gran Canaria y toda Canarias en general».
Antonio Morales arremete contra el Gobierno estatal
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha calificado de «cerrada y hostil a los intereses de Canarias» la actitud del Gobierno central de negarse a incorporar nuevos grupos de generación de 20 o 30 megavatios de energía en las Islas y evitar con ello un posible cero energético, aduciendo que ese asunto debe resolverlo el Ejecutivo canario.
Morale tachó de «incomprensibles» las discrepancias que han surgido entre los dos gobiernos que, como señaló, han estado formados hasta el pasado julio por la misma fuerza política, e hizo una llamada a la responsabilidad del Ejecutivo estatal, para que tome medidas de cara a solucionar la situación que se está viviendo en el Archipiélago, en el que de los 100 grupos de generación de energía existentes, más de 60 superan los 25 años, e incluso muchos de ellos los 40, cuando su vida útil es de 25, y donde, además, en la última década, no se ha instalado ningún grupo nuevo.
El pleno del Cabildo grancanario ha reclamado también al Estado la elaboración de un real decreto ley, cuyo objetivo sea atajar el déficit de cobertura de la demanda energética que sufren las Islas, para lo que, en el caso de Gran Canaria, propone la instalación de entre cuatro y cinco grupos de generación de energía de 20-30 megavatios.
Y es que, en su exposición de motivos, el documento manifiesta que «el sistema eléctrico canario presenta una fragilidad especial, por sus condiciones de insularidad y aislamiento», una situación que continúa agravándose porque, «en la última década, se ha vuelto peligrosamente inseguro, por la falta de inversiones para sustituir los grupos de generación obsoletos».
Por ello, argumenta la institución grancanaria que, «mientras se culmina la transición hacia un sistema energético autosuficiente y cien por cien renovable, es necesario llevar a cabo un plan de inversión, para garantizar el suministro de energía, mejorar la seguridad y fiabilidad del problema y optimizar la integración de las energías renovables, puesto que las medidas e inversiones futuras serán cruciales para garantizar un crecimiento sostenible, tanto desde el punto de vista económico como ambiental».
El Ministerio que preside Teresa Ribera se defiende
El Ministerio de Transición Ecológica consideró “inviables” las propuestas planteadas por el Gobierno de Canarias la pasada legislatura para modernizar y ampliar la potencia eléctrica instalada en las Islas y acabar con el riesgo de ceros energéticos, debidos a la situación de obsolescencia de los equipos existentes en las centrales de Endesa. Según este departamento estatal, “las propuestas remitidas hasta ahora por el Gobierno canario han sido manifiestamente contrarias a lo autorizado por la Comisión Europea” y “jurídicamente inviables”.
El Ministerio que dirige, en funciones, Teresa Ribera, señala en un comunicado que después de que en 2021 se constatara la necesidad de incrementar la potencia eléctrica instalada en Canarias, ha trabajado para ofrecer “respuestas “coherentes con las inquietudes expresadas por los canarios, buscando las soluciones más efectivas a una situación que reviste una gran complejidad tanto desde el punto de vista técnico como jurídico”.
