PLANETA CANARiO
La Alianza de Vecinos de Santa Cruz de Tenerife ha mostrado su rechazo al nuevo impuesto sobre el consumo de combustibles, conocido como céntimo verde forestal, que aplica desde este mes el Cabildo tinerfeño -y también lo hará el de Gran Canaria desde 2026- con una subida de un céntimo de euro por litro. La plataforma cívica considera que esta medida representa “una situación injusta que sobrecarga aún más el bolsillo de los canarios”.
Los coordinadores de la Alianza, Abel Román Hamid y Domingo Chávez Perdomo, lamentan la aplicación de este tributo, que califican de “mal llamada medida medioambiental”.
«Señalan que esta decisión penaliza a los residentes, en una región con elevados porcentajes de riesgo de pobreza y exclusión y, por tanto, donde la población debe hacer frente a “sus necesidades de supervivencia económica en un territorio frágil y siempre más desfavorecido en lo que concierne a costes” debido a su insularidad y lejanía.
Además, advierten de que se castiga el uso del coche pese a que la guagua no es aún una alternativa real en muchos trayectos y horarios.
A su juicio, “habría sido más justo —como en otros territorios— que el peso de este impuesto recayera sobre los turistas, pues son quienes más usan y disfrutan de esos entornos naturales que deben cuidarse y que se deterioran constantemente por las visitas masivas”.
Sin embargo, la carga impositiva se aplica «a los lugareños, no los lugareños que, además de vigilar y cuidar de siempre nuestros paisajes, entornos y territorio, tienen que ver ahora cómo se les impone un sobrecoste para pagar lo que otros rompen o deterioran».
La Alianza de Vecinos sostiene que esta medida “no representa una verdadera política de defensa del medio ambiente ni de protección del residente. Todo lo contrario —afirman sus portavoces—, ‘profundiza en las desigualdades estructurales de las islas y castiga a los que menos tienen”.
El colectivo anuncia que trasladará su malestar a diferentes instituciones locales e insulares para reivindicar una revisión de la medida y un debate más amplio sobre la financiación ambiental en Canarias.
Se da la circunstancia de que este impuesto ha salido adelante en el Cabildo de Tenerife con los votos a favor de Coalición Canaria y el Partido Popular -que cogobiernan en esta institución- y el voto en contra del PSOE; mientras que en Gran Canaria la han apoyado Nueva Canarias y el PSOE y la ha rechazado el PP, este último en la oposición.
En Tenerife, el Cabildo aprobó de forma definitiva el pasado 31 de octubre en el pleno y destinará el dinero recaudado a actuaciones de conservación del medioambiente.
Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria defiende que el nuevo gravamen permitirá financiar la mayor inversión forestal en la historia de la isla, con un total de 4,99 millones de euros destinados a prevención de incendios, restauración ecológica y conservación de espacios naturales.
Del total recaudado, 2,5 millones se invertirán en gestión del riesgo y prevención de grandes incendios, y más de un millón en restauración de ecosistemas y proyectos ambientales como NewLIFE4BioIslands, además de ayudas a familias y empresas para actuaciones sostenibles.
