PLANETA CANARIO
El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Política Territorial Territorial de Canarias, José Antonio Valbuena, ha justificado por “daños irreparables” al medio ambiente el rechazo del Gobierno regional al proyecto de 4 hoteles con casi 3.000 camas en Arico, concretamente en una zona costera denominada Punta de Abona, donde la familia italiana Giocamini lleva años proyectando una inversión turística de 300 millones de euros.
“Tenemos que replantearnos este tipo de proyectos que no reportan ningún beneficio al medioambiente, por muchas medidas compensatorias que se puedan proponer; sino que desencadena daños que serían irreparables, y supundría una verdadera pérdida para Tenerife y para Canarias, en un espacio tan emblemático como Punta de Abona, tan lleno de diversidad de ecosistemas”, ha manifestado el consejero socialista en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras la decisión del Consejo de Gobierno de frenar esta inversión.
En concreto, el Ejecutivo regional acordó el 29 de julio rechazar lo que se había hecho hasta ahora desde el punto de vista de la ordenación de este ámbito, es decir, la propuesta de suspender las normas subsididarias de planeamiento de Arico en Punta de Abona, para permitir encajar este complejo hotelero con unas normas transitorias de ordenación.
Esta operación urbanística deberá ahora seguir su trámite con la elaboración del Plan General de Ordenación (PGO) de Arico, por lo que está por determinar qué se permite finalmente en esa zona, aunque ninguna de las alternativas planteadas en el documento las avala la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático.
La propuesta ahora desestimada la impulsó el Cabildo de Tenerife en 2018 (cuando gobernaban esta institución CC-PSOE) después de que el Gobierno canario (también durante el pacto CC-PSOE) en 2016 la declarara inversión de interés estratégico. Además de hoteles de lujo con 2.985 plazas en total, el proyecto prevé un gran parque recreativo, un balneario para talasoterapia y un centro comercial, mientras que se dejaba para un estudio de detalle posterior el área que abarcan las edificaciones, inacabadas desde los años 50 del siglo pasado, de lo que iba a ser una leprosería, donde se hacían maniobras militares y fueron vendidas por el Ejército a dichos promotores italianos.
Valbuena insiste en que este proyecto de complejo turístico se pretende ubicar “en un entorno privilegiado de Tenerife”, cuya ejecución acarrearía “unas afecciones muy importantes sobre el medio ambiente”, en un paraje “como poco puntos en la isla, que alberga más de 30 especies silvestres que requieren algún tipo de protección”.
“Además, hay hábitats comunitarios como es un sistema dunar litoral que es el único que existe en Tenerife, y es también una zona de descanso de aves migratorias que usan Canarias como interconexión entre África y Europa”, subraya el consejero.
El informe en el que se ha basado el Gobierno canario para rechazar el proyecto hotelero lo firma el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, en el que se concluye que las cuatro alternativas contempladas por los promotores para la ordenación de este ámbito costero “no son compatibles con la conservación de los valores naturales” de Punta de Abona, tras analizar su incidencia y “atendiendo a la normativa vigente en materia de hábitats y especies protegidas”.
El informe no alude expresamente a un fenómeno que la Asociación Salvar La Tejita considera evidente, la de que en este espacio natural de Arico se da una dinámica de la arena marcada por los vientos alisios según la cual las playas situadas más próximas a Abades, en el sur de este ámbito, se alimentan de la arena que recorre por tierra toda Punta de Abona desde Playa Grande, en el extremo norte de esta zona, cruzando incluso la carretera que llega hasta el caserío existente en ese lugar. De ahí que este colectivo ecologista haya advertido de que, según la Ley de Costas, esto supondría que todo el territorio que abarca este corredor de arena debe ser considerado parte del dominio público marítimo terrestre.
