VICENTE PÉREZ
Representantes de organizaciones agrarias como ASAGA y la COAG, así como del grupo ecologista ATAN han reivindicado un abaratamiento del precio del agua depurada para los agricultores, con el fin de impulsar el sector agrario en Tenerife, a lo que el Cabildo, a través de su consejero de Aguas, Manuel Martínez, responde que también es partidario de fijar cada vez «los precios más bajos posibles», para que este recurso sea menor que el del agua blanca, al tiempo que precisa que para el agro el único coste que se repercutirá es el del proceso de reducir la salinidad de los efluentes reciclados para que puedan ser aptos para el riego.
Así quedó patente en un debate que, con el lema El futuro del agua, se celebró en las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales de Valle de Guerra, durante un ciclo de mesas redondas y charlas organizado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), organismo adscrito al Cabildo, con motivo del Día Mundial del Agua que se celebra este 22 de Marzo.
Angela Delgado, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA) , expuso que iel coste del agua puede suponer entre un 30% y un 46% del coste final del producto en Canarias, dependiendo de la zona y de la accesibilidad de este recurso. Apuntó que el problema en algunas comarcas, como en Vilaflor, es que «aunque se pague a un euro el metro cúbico, no la consigues», pues además existe un inconveniente en ese lugar con la alta salinidad del líquido elemento, si bien admitió que se está intentando una solución con el CIATF.
Por ello, la representante de ASAGA solicitó bajar el precio del agua depurada, pues «el gran coste lo tiene que pagar la ciudadanía, basándonos en que Canarias tiene 2 millones de habitantes pero también 15 millones de turistas al año, es decir, 17 millones de productores de aguas residuales». «Siempre hemos luchado para evitar que nos subieran el precio del agua depurada, pues a veces nos cuesta tan cara como el agua blanca», apostilló.
En el mismo sentido se expresó Miguel Ángel López, secretario general de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Tenerife, quien introdujo en el debate la interrogante de hasta qué punto el agricultor debe asumir el coste de depuración del agua, con arreglo al principio de que quien contamina paga, si las sales que es necesario eliminar para poder usarla en la agricultura no las ha generado el sector agrario.
López observó además que para reducir el coste de la depuración y, por tanto, poder bajar el precio del agua, se debió haber actuado antes «con una regulación legal, una legislación y su gestión de forma eficiente, para que hubiera habido una mayor penetración de energías renovables , pues la parte de la factura que va asociada al coste energético es fundamental». Además de otros aprovechamientos de los subproductos que salen de las depuradoras, como los lodos, «de los que sale un compost de características inmejorables».
Desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), su portavoz, el geógrafo Eustaquio Villalba, apoyó la reclamación de los agricultores, porque además, apuntó, «se debe distinguir entre el precio del agua y su valor social». En realidad, dijo, «el del agua depurada es un precio político, dado que se trata de una necesidad social, pues el precio real es incalculable, ya que habría que incluir el coste del alcantarillado y de depurarla, pero quienes producen las aguas negras somos todos y nos corresponde a todos hacernos cargo de algo que, si no, resulta dañino para el medio ambiente».
A su juicio, por tanto, «el costo para los agricultores deben asumirlo las administraciones públicas, de modo que el precio final no represente un porcentaje muy alto para el sector primario y se puedan beneficiar de un precio más barato».
En el debate también participó el catedrático de Química de la Universidad de La Laguna Sebastián Delgado, quien auguró que «la reutilización y el reciclado no van a parar en el futuro en todo el mundo», y destacó que en California ya se está intentando que el agua no solo se depure para riego sino también para que vuelva a ser potable.
Desde su punto de vista, en este asunto «los costes son relativos y en función de qué», dado el interés social del agua. En todo caso, puso de relieve que «la depuración tiene un coste cada vez mas pequeño porque la demanda hace que los costes unitarios se reduzcan por el gran tamaño de las plantas, y además el precio de las membranas de ultrafiltración ha ido bajando y mejorando en calidad».
Apuntó que la tecnología permite hoy en día instalar plantas como la de Valle de Guerra, con una capacidad de depuración de 5.000 metros cúbicos al día, pero que en otras partes del mundo, como en Suecia, pueden llegar a superar el millón de metros cúbicos diarios.
Ante lo planteado en este debate, el consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, recuerda que hasta la actualidad, sólo se utiliza agua depurada en el Valle de Las Galletas, procedente del área metropolitana, pero que ahora se añadirá Valle de Guerra.
Declara que su postura sobre el precio del agua reciclada para los agricultores es que «tiene que ser lo más barata posible» y que podría estar situado en torno a 0,40 euros el metro cúbico, ya que el agua blanca oscila entre 0,60 y 0,70 euros el metro cúbico.
En todo caso, puntualiza que «a los agricultores, lo único que se le puede repercutir es el proceso de quitarle sal, para bajar la conductividad al agua depurada», una repercusión que no es posible evitar.
Para el consejero, «se deben fijar precios muy competitivos, el más bajo posible para la agricultura, porque así ayudamos al agricultor, protegeremos el medio ambiente y se evitarán los vertidos al mar».
