PLANETA CANARIO
El grupo gallego Viqueira, promotor del polémico hotel en La Tejita (Granadilla), ha anunciado este martes que recurrirá la decisión tomada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de paralizar las obras, divulgada la víspera en nota oficial, aunque esta empresa alega que no le ha sido notificada, lo que considera «escandaloso».
Una orden de suspensión cautelar de los trabajo que, para estos empresarios, «solamente puede obedecer a las presiones ilegales e ilegítimas realizadas mediante la ocupación ilegal de las obras», en alusión a los activistas que desde hace una semana se hallan encaramados a las grúas de construcción para reclamar precisamente que se pare la ejecución del proyecto.
Los apoyan numerosas personas, más de 1.500 en una manifestación el pasado domingo y también el propio Gobierno de Canarias, cuyo consejero del área medioambiental, José Antonio Valbuena, tacha de «burrada» el hotel en primera línea de playa, junto al espacio natural de Montaña Roja, declarado Reserva Natural Especial.
La constructora advierte de que su «voluntad inequívoca e inquebrantable» de «luchar» por este proyecto en los tribunales de Justicia, porque entiende que tiene «derecho a ejecutarlo», alegando que cuenta con las autorizaciones y licencias y está fuera del espacio protegido, «que, sin embargo, no merece especial atención por parte por quienes se erigen en sus defensores», apostilla Viqueira.
Y adelanta que va a iniciar una ofensiva judicial «para defenderse de las amenazas y coacciones de delincuentes, que no activistas, y de algún político demagogo y populista que, durante todo este tiempo, con mentiras e injurias, no ha dudado en denigrar el proyecto y perjudicar gravemente a esta empresa».
«Vamos a iniciar acciones legales también en contra de todos los que han injuriado y difamado a nuestra empresa, manifestado en reiteradas ocasiones hechos falsos, tildando a la obra de ilegal», remarca la constructora.
Hay que recordar que los ecologistas, a través de las asociaciones Salvar La Tejita y ATAN, ya han llevado este asunto a los tribunales, y tienen recurrida la licencia de obras dada por el Ayuntamiento de Granadilla en vía contencioso administrativa, y todo este asunto en vía penal, en el Juzgado de este municipio tinerfeño, por presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
En su comunicado, Vequiera se queja de «la información falsa a sabiendas que han vertido políticos demagogos y populistas que lo único que buscan son los votos aunque tengan que mentir, si es necesario, hasta en el propio Parlamento español», en alusión, aunque sin citarlo, al diputado tinerfeño de Sí Podemos, Alberto Rodríguez, que denunció en la tribuna del Congreso que es una obra «ilegal» que invade servidumbre pública.
Una historia administrativa de 26 años
Asegura el grupo Viqueira que adquirió la urbanización donde se enclava la parcela hotelera en el año 1994, hace 26 años, «por lo que ninguna clase de especulación sobre el terreno puede imputársele».
Alega que «el proyecto hotelero cuenta con todas las autorizaciones y licencias preceptivas necesarias para su ejecución, obtenidas de acuerdo con el deslinde actualmente vigente, aprobado en el año 2002, y antes de que se iniciase su revisión». Al respecto cabe destacar que la licencia de obras definitiva la dio el Ayuntamiento de Granadilla cuando la Dirección General de la Costa y el Mar ya había autorizado en 2018 a la Demarcación de Costas en Tenerife revisar el deslinde, aunque este servicio en la isla demoró el inicio del expediente.
«Hemos tenido que asistir atónitos al espectáculo de políticos pisoteando nuestros derechos nada menos que en el propio Parlamento de la nación, y hemos visto como hemos sido sometidos a amenazas, coacciones, soportado daños sobre nuestros activos, sin que hayamos sido protegidos por quienes tienen el deber legal de hacerlo», inciden en su comunicado.
La empresa alega los puestos de trabajo para defender su inversión
El grupo Viqueira se presenta como «una ampresa lleva más de 36 años en Canarias dando trabajo desde el año 1984 a más de 200 empleados directos y a más de 300 de forma indirecta.» Con la ejecución del hotel asegura que se crearán más de 250 puestos de trabajo en Canarias.
«Hoy todos los trabajadores que se ganaban la vida trabajando en esta obra van a tener que irse a su casa, sin que nadie les haya explicado por qué se les priva de su derecho a trabajar en un proyecto que cuenta con todas las autorizaciones que el ordenamiento jurídico español exige para que pueda ejecutarse», abunda la empresa frente a decisión del Ministerio de parar la obra.
Y añade: » Eso sí, parece que no les gusta a algunas personas que tienen capacidad para hacer mucho ruido en los medios de comunicación y con capacidad de presión en estos momentos en las instancias políticas más altas. Constatamos con enorme tristeza y preocupación que se ha impuesto la demagogia, el populismo, la coacción y la amenaza sobre nuestro derecho a continuar con el desarrollo de este proyecto».
Agrega la constructora que desde 1996, en que compró la parcela, ha ido «promoviendo distintas actuaciones hasta crear un núcleo donde residen en la actualidad más de 1.000 familias, más de treinta pequeños negocios, la mayoría regentados por pymes en Canarias y entregado para uso y disfrute público más de 18.000 metros cuadrados de zonas verdes y de esparcimiento (hasta la fecha no hemos tenido ninguna manifestación en contra por esa entrega)».
El deslinde y la catalogación del suelo de la parecela
La promotora relata la tramitación administrativa del hotel: «Obtuvo licencia urbanística para el proyecto básico de construcción el 19 de septiembre de 2017 y la autorización del proyecto de ejecución el 21 de diciembre de 2018, esto es, antes de la iniciación del procedimiento de revisión del deslinde, que tuvo lugar el 29 de enero de 2019. Para el otorgamiento de la licencia se verificó el ajuste del proyecto al Plan General de Granadilla de Abona (publicado en el año 2005) en donde se obliga a que esa parcela sea para uso hotelero, y el Plan Insular de Ordenación del Territorio, en donde se especifica que la parcela tiene que ser (es una imposición) hotelera».
Puntualiza la constructora que «esta parcela inicialmente estaba destinada a un uso residencial y fue el Plan Insular de Ordenación del Territorio el que impuso su destino a uso hotelero».
La empresa prosigue su relato con que el proyecto «cuenta con autorización del viceconsejero de Política Territorial para la construcción del hotel, organismo competente en materia de protección de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre».
No obstante, cabe puntualizar que tal visto bueno se produjo con el anterior Gobierno canario (cuando estaba en manos de CC-PNC) y que en esta legislatura, el consejero del área (PSOE) ha remitido a Costas un informe contrario al anterior, en el que pone reparos a que la parcela sea considerada urbana a la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 y abre la vía a que la servidumbre de protección sea de 100 metros, y no 20.
Obras tras el acta de replanteo de 2018
Esta autorización, según la empresa, «fue otorgada previo informe favorable del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, que indicó que el deslinde aplicable es el aprobado en el año 2002 y que la anchura de la servidumbre de protección es de 20 metros, dando el visto bueno al proyecto del hotel».
El Servicio Provincial de Costas de Tenerife, detalla la empresa, «también levantó acta de replanteo del deslinde marítimo-terrestre sobre el terreno el 22 de junio de 2018, en concreto, entre los vértices cuestionados en el procedimiento de revisión del deslinde, y de acuerdo con este replanteo del proyecto se están ejecutando las obras».
Por último, según el grupo empresarial gallego, su inversión «cumple con los estándares turísticos, como lo prueba la autorización del Consejero de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife» y la » autorización en materia de servidumbres aeronáuticas».
«Si hemos desarrollado durante los 26 años la urbanización de Sotavento, nos tomaremos el tiempo que sea necesario para defender nuestro proyecto, porque es un proyecto que cumple con todos los requisitos de toda la normativa legal que lo regula, porque es un proyecto que crea valor y que contribuye al desarrollo de Granadilla de Abona y de la Isla de Tenerife», argumenta la empresa, que se queja del «grave perjuicio» que le han ocasionado los ataques de ecologistas y políticos.
Finalmente, y tras años de polémica, Viqueira ha decidido «dotar de la máxima transparencia» su iniciativa y anuncia que «toda la información estará disponible una página web que habilitaremos en los próximos días y donde publicaremos todas las licencias y autorizaciones así como la documentación relativa al proyecto».
