VICENTE PÉREZ
El Ayuntamiento de Adeje, que está denunciado en vía penal por contaminar el barranco de Ajabo con plomo, ha decidido a su vez plantar batalla en los tribunales contra el Gobierno canario y recurrir la declaración de suelo contaminado que adoptó en junio pasado la Viceconsejería de Medio Ambiente con relación a los terrenos aledaños al campo de tiro municipal , en Taucho, así como contra la resolución tomada el pasado 1 de octubre por la Dirección General de Lucha Contra El Cambio Climático y Medio Ambiente, mediante la que desestimó la petición de que se anulara este medida.
En medio de una investigación judicial penal reabierta por este asunto, tras la denuncia que en su día interpuso la Asociación de Amigos en Defensa de Ajabo ante la Fiscalía Provincial, el consistorio sureño contratacará en vía contencioso administrativa, con el argumento de que la Viceconsejería de Medio Ambiente no actuó con lealtad institucional, coordinación, cooperación y colaboración, como mandata la ley, sino que «una empresa contratada por dicha administración autonómica accedió a la propiedad municipal a realizar tomas y pruebas, sin que el Ayuntamiento tenga constancia o esté presente en dichas labores, cuando por el contrario, del contenido de los informes remitidos, se hace constar que en la visita se encontraban vecinos presentes, y ningún técnico municipal».
«Lo lógico y razonable es que el Ayuntamiento de Adeje, como titular de suelo sobre el que se realizan las supuestas tomas, estuviera informado de la visita y muestreo que se hubiese realizado, a los efectos de no sólo tener conocimiento y constancia del mismo, sino de poder rebatir en su caso la metodología empleada», argumenta el decreto (al que ha tenido acceso PLANETA CANARIO), dictado por el alcalde, el socialista José Miguel Rodríguez Fraga, con el que da instrucciones para iniciar acciones judiciales y extrajudiciales. Se da la circunstancia de que el organismo contra el que actuará en los tribunales el Ayuntamiento está en manos ahora del PSOE, pues el titular de esa consejería es el socialista José Antonio Valbuena.
Y es que el cambio de Gobierno en Canarias no ha supuesto ninguna variación en este asunto a favor del Ayuntamiento adejero, pues la declaración de suelo contaminado por plomo se dictó cuanto el Gobierno canario estaba en manos de CC y la inadmisión de la alegación contra esta decisión por parte del gobierno municipal sureño se produjo ya con el PSOE en el poder autonómico.
Y añade que «al no estar presente ningún funcionario público, ni de este Ayuntamiento, ni de la Consejería, a tenor del contenido del informe, en las muestras realizadas, no podemos tenerlas como pruebas válidas, pues se han realizado sin conocimiento de parte, no pudiendo ningún funcionario dar fe de la exactitud de la muestra, de su toma de referencia en el terreno concreto, ni de la cadena de custodia de dichas muestras, pues tal como se ha expuesto, esta ha sido realizada por una empresa particular».
Esta situación «se agrava ante la negativa de dar cita a ningún técnico o miembro de este Ayuntamiento cuando se solicita con llamadas telefónicas ante el rumor del que nos da traslado el Consejo Insular de Aguas de Tenerife de la existencia del estudio». El Ayuntamiento se queja de que ha tenido que esperar a que se le dé traslado del escrito formal de inicio del expediente, «pero en ningún momento, con carácter previo y ante el resultado del estudio, esa administración ha tratado de consensuar con este Ayuntamiento medidas tendentes a paliar los supuestos resultados del estudio hecho, verificar su contenido o contrastar el mismo con posteriores estudios».
Para el consistorio adejero, no es correcto que, en cambio, en esa toma de muestras sí se encontraran presentes vecinos, «que ignoramos cuál era su papel en dicha visita, si bien ya podemos imaginar que se trata de los denunciantes que desde hace más de cinco años llevan denunciando la actividad del campo de tiro por distintas vías argumentales». «Son los únicos vecinos que pudiesen tener un interés en el asunto, si bien, hemos de recordar, que el principal interesado, que es este Ayuntamiento, no estaba presente, ni fue citado para ello», insiste el consistorio.
Desmentido de los denunciantes ante la «burda» acusación del Ayuntamiento
En septiembre pasado, el colectivo vecinal al que se refiere el alcalde en su decreto hizo público que la Concejalía de Turismo e Innovación había presentado alegaciones contra la resolución de suelo contaminado dictada en junio por la entonces llamada Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. Esos vecinos se mostraron indignados por que el gobierno municipal, en esa alegación, insinuara que ellos pudieron haber contaminado de plomo adrede el barranco en la zona próxima al campo de tiro para incriminar al gobierno local, cosa que han desmentido de forma tajante.
En su texto, el consistorio solicita la nulidad de la resolución, por entender que se ha vulnerado el derecho de defensa del Ayuntamiento y hace constar que » cuando el pozo de extracción de agua ubicado en el barranco de Ajabo dio un índice más alto de lo normal (pero dentro de lo permitido) de plomo en el agua, las alarmas de intromisión del pozo saltaron varias veces los días antes de que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife fuera a realizar la toma de muestras, sabiendo por el contrario algunos vecinos cuando se haría dicha toma de muestras por dicho Consejo Insular».
«Las posteriores visitas de toma de muestras nunca fueron comunicadas, con lo que los resultados fueron normales en las posteriores comprobaciones. Hemos de decir esto a modo de anécdota, pues no existen pruebas directas de una posible actuación maliciosa encaminada a contaminar el agua de forma intencionada, pero los hechos resultan más que coincidentes”, manifestó entonces el Ayuntamiento en su alegación, lo que sembró gran malestar en los aludidos, un colectivo ciudadano que logró el cierre del campo de tiro y la primera declaración en Canarias de suelo oficialmente contaminado, así como la reapertura de la causa penal sobre este asunto.
A la Asociación Amigos en Defensa de Ajabo les resulta “indignante” que se utilicen estos términos por parte de una administración pública para con sus vecinos, aseverando que “ningún miembro de la asociación estuvo presente en la recogida de muestras que se llevó a cabo por parte de la empresa contratada por la consejería del gobierno de Canarias, además califican de burdo el argumento de que los vecinos pudiesen contaminar el agua, y caso de tener pruebas de ello, lo correcto es denunciarlo ante los organismos competentes, en lugar de hacer el ridículo ante otras administraciones”.
