PLANETA CANARIO
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Cruz de La Palma ha negado que existan retrasos injustificados en la tramitación de cambios de nombre en el Registro Civil de la capital palmera solicitados por personas transexuales, en contra de lo expresado en una nota de prensa de la Diputación del Común, que se hacía eco de las quejas presentadas por el colectivo Violetas LGTBI La Palma.
En un comunicado remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la autoridad judicial al frente de dicho Juzgado, órgano competente del referido Registro Civil, expone en su descargo que resulta «incorrecto, como afirman las informaciones relativas al caso, que el órgano judicial tarde un año” en dar respuesta a la petición», pues alega que «no se trata sólo de que la normativa legal que permite cursar la petición de cambio de nombre esté vigente desde el 23 de octubre de 2018 -por lo que ya sería imposible esta demora: han pasado poco más de ocho meses desde su promulgación-, sino que la persona peticionaria presentó su solicitud en el pasado mes de marzo, esto es, hace poco más de tres meses».
El Registro Civil de Santa Cruz de La Palma, reconoce la nota de prensa judicial, «cuenta con sólo dos funcionarios para tramitar todas las solicitudes que formulan no sólo las poblaciones de Santa Cruz de La Palma, la Villa de Mazo, Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Puntallana y San Andrés y Sauce, sino también las que genera el Hospital General de La Palma, que por razones lógicas (entre otras, decesos y nacimientos) ocupa una alta actividad de la oficina administrativa», lo que hace que «en lo que va de año, ha incoado 941 procedimientos civiles». Estos dos únicos funcionarios «se turnan a diario haciendo horas extraordinarias para reducir la pendencia del órgano judicial, una hora todos los días y los fines de semana».
En todo caso, e independientemente de este aspecto sobre el tiempo de tramitación, tanto el juez a cargo del Registro Civil como los funcionarios «desmienten que, como ha afirmado una organización defensora de los derechos del colectivo LGTBI, se esté produciendo un caso de transfobia institucional en la tramitación del expediente de la persona que ha solicitado el cambio de nombre en aplicación de la Instrucción de 23 de octubre de 2018″.
Es más, advierten de que «el proceso sigue los trámites ordinarios y ni se va a adelantar sobre otras peticiones de ciudadanos con los mismos derechos que la persona peticionaria ni, muchos menos, retrasar respecto al resto de los ciudadanos, como se ha afirmado por parte del colectivo que ha acudido a los medios informativos».
«El órgano judicial», se enfatiza en el comunicado del Juzgado palmero, «actúa en todos los casos como garante de los derechos de todos los ciudadanos con independencia de su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como establece el artículo 14 de la Constitución Española, base del ordenamiento jurídico».
Rreclamación de Transboys al Registro Civil de la capital palmera
Aparte de reunirse con la Diputación del Común, ante la que representantes de colectivos LGTBI expresaban sus quejas sobre el Registro Civil palmero, esta semana la Asociación de Hombres Transexuales Transboys ha tomado otra iniciativa, la de presentar una reclamación en dicho Registro Civil por «el trato poco profesional e inadecuado que se da a los ciudadanos trans de Santa Cruz de La Palma cuando estos se personan en sus instalaciones para solicitar el cambio de nombre y sexo”.
Andy Fernández, delegado de la asociación en La Palma, fue el encargado de registrar este escrito, y ha incidido en «la necesidad de una sensibilización y formación en materia trans-específica para los y las funcionarios del poder judicial».
«Esperamos que los sucesivos casos de cambios de nombre en Santa Cruz de La Palma puedan resolverse en un tiempo prudencial y proporcionado y que la atención a la ciudadanía trans de la isla comience a ser efectiva y profesional porque los derechos trans también son derechos humanos», afirma esta asociación.
PLANETA CANARIO
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Cruz de La Palma ha negado que existan retrasos injustificados en la tramitación de cambios de nombre en el Registro Civil de la capital palmera solicitados por personas transexuales, en contra de lo expresado en una nota de prensa de la Diputación del Común, que se hacía eco de las quejas presentadas por el colectivo Violetas LGTBI La Palma.
En un comunicado remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la autoridad judicial al frente de dicho Juzgado, órgano competente del referido Registro Civil, expone en su descargo que resulta «incorrecto, como afirman las informaciones relativas al caso, que el órgano judicial tarde un año” en dar respuesta a la petición», pues alega que «no se trata sólo de que la normativa legal que permite cursar la petición de cambio de nombre esté vigente desde el 23 de octubre de 2018 -por lo que ya sería imposible esta demora: han pasado poco más de ocho meses desde su promulgación-, sino que la persona peticionaria presentó su solicitud en el pasado mes de marzo, esto es, hace poco más de tres meses».
El Registro Civil de Santa Cruz de La Palma, reconoce la nota de prensa judicial, «cuenta con sólo dos funcionarios para tramitar todas las solicitudes que formulan no sólo las poblaciones de Santa Cruz de La Palma, la Villa de Mazo, Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Puntallana y San Andrés y Sauce, sino también las que genera el Hospital General de La Palma, que por razones lógicas (entre otras, decesos y nacimientos) ocupa una alta actividad de la oficina administrativa», lo que hace que «en lo que va de año, ha incoado 941 procedimientos civiles». Estos dos únicos funcionarios «se turnan a diario haciendo horas extraordinarias para reducir la pendencia del órgano judicial, una hora todos los días y los fines de semana».
En todo caso, e independientemente de este aspecto sobre el tiempo de tramitación, tanto el juez a cargo del Registro Civil como los funcionarios «desmienten que, como ha afirmado una organización defensora de los derechos del colectivo LGTBI, se esté produciendo un caso de transfobia institucional en la tramitación del expediente de la persona que ha solicitado el cambio de nombre en aplicación de la Instrucción de 23 de octubre de 2018″.
Es más, advierten de que «el proceso sigue los trámites ordinarios y ni se va a adelantar sobre otras peticiones de ciudadanos con los mismos derechos que la persona peticionaria ni, muchos menos, retrasar respecto al resto de los ciudadanos, como se ha afirmado por parte del colectivo que ha acudido a los medios informativos».
«El órgano judicial», se enfatiza en el comunicado del Juzgado palmero, «actúa en todos los casos como garante de los derechos de todos los ciudadanos con independencia de su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como establece el artículo 14 de la Constitución Española, base del ordenamiento jurídico».
Rreclamación de Transboys al Registro Civil de la capital palmera
Aparte de reunirse con la Diputación del Común, ante la que representantes de colectivos LGTBI expresaban sus quejas sobre el Registro Civil palmero, esta semana la Asociación de Hombres Transexuales Transboys ha tomado otra iniciativa, la de presentar una reclamación en dicho Registro Civil por «el trato poco profesional e inadecuado que se da a los ciudadanos trans de Santa Cruz de La Palma cuando estos se personan en sus instalaciones para solicitar el cambio de nombre y sexo”.
Andy Fernández, delegado de la asociación en La Palma, fue el encargado de registrar este escrito, y ha incidido en «la necesidad de una sensibilización y formación en materia trans-específica para los y las funcionarios del poder judicial».
«Esperamos que los sucesivos casos de cambios de nombre en Santa Cruz de La Palma puedan resolverse en un tiempo prudencial y proporcionado y que la atención a la ciudadanía trans de la isla comience a ser efectiva y profesional porque los derechos trans también son derechos humanos», afirma esta asociación.
PLANETA CANARIO
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Cruz de La Palma ha negado que existan retrasos injustificados en la tramitación de cambios de nombre en el Registro Civil de la capital palmera solicitados por personas transexuales, en contra de lo expresado en una nota de prensa de la Diputación del Común, que se hacía eco de las quejas presentadas por el colectivo Violetas LGTBI La Palma.
En un comunicado remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la autoridad judicial al frente de dicho Juzgado, órgano competente del referido Registro Civil, expone en su descargo que resulta «incorrecto, como afirman las informaciones relativas al caso, que el órgano judicial tarde un año” en dar respuesta a la petición», pues alega que «no se trata sólo de que la normativa legal que permite cursar la petición de cambio de nombre esté vigente desde el 23 de octubre de 2018 -por lo que ya sería imposible esta demora: han pasado poco más de ocho meses desde su promulgación-, sino que la persona peticionaria presentó su solicitud en el pasado mes de marzo, esto es, hace poco más de tres meses».
El Registro Civil de Santa Cruz de La Palma, reconoce la nota de prensa judicial, «cuenta con sólo dos funcionarios para tramitar todas las solicitudes que formulan no sólo las poblaciones de Santa Cruz de La Palma, la Villa de Mazo, Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Puntallana y San Andrés y Sauce, sino también las que genera el Hospital General de La Palma, que por razones lógicas (entre otras, decesos y nacimientos) ocupa una alta actividad de la oficina administrativa», lo que hace que «en lo que va de año, ha incoado 941 procedimientos civiles». Estos dos únicos funcionarios «se turnan a diario haciendo horas extraordinarias para reducir la pendencia del órgano judicial, una hora todos los días y los fines de semana».
En todo caso, e independientemente de este aspecto sobre el tiempo de tramitación, tanto el juez a cargo del Registro Civil como los funcionarios «desmienten que, como ha afirmado una organización defensora de los derechos del colectivo LGTBI, se esté produciendo un caso de transfobia institucional en la tramitación del expediente de la persona que ha solicitado el cambio de nombre en aplicación de la Instrucción de 23 de octubre de 2018″.
Es más, advierten de que «el proceso sigue los trámites ordinarios y ni se va a adelantar sobre otras peticiones de ciudadanos con los mismos derechos que la persona peticionaria ni, muchos menos, retrasar respecto al resto de los ciudadanos, como se ha afirmado por parte del colectivo que ha acudido a los medios informativos».
«El órgano judicial», se enfatiza en el comunicado del Juzgado palmero, «actúa en todos los casos como garante de los derechos de todos los ciudadanos con independencia de su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como establece el artículo 14 de la Constitución Española, base del ordenamiento jurídico».
Rreclamación de Transboys al Registro Civil de la capital palmera
Aparte de reunirse con la Diputación del Común, ante la que representantes de colectivos LGTBI expresaban sus quejas sobre el Registro Civil palmero, esta semana la Asociación de Hombres Transexuales Transboys ha tomado otra iniciativa, la de presentar una reclamación en dicho Registro Civil por «el trato poco profesional e inadecuado que se da a los ciudadanos trans de Santa Cruz de La Palma cuando estos se personan en sus instalaciones para solicitar el cambio de nombre y sexo”.
Andy Fernández, delegado de la asociación en La Palma, fue el encargado de registrar este escrito, y ha incidido en «la necesidad de una sensibilización y formación en materia trans-específica para los y las funcionarios del poder judicial».
«Esperamos que los sucesivos casos de cambios de nombre en Santa Cruz de La Palma puedan resolverse en un tiempo prudencial y proporcionado y que la atención a la ciudadanía trans de la isla comience a ser efectiva y profesional porque los derechos trans también son derechos humanos», afirma esta asociación.
PLANETA CANARIO
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Cruz de La Palma ha negado que existan retrasos injustificados en la tramitación de cambios de nombre en el Registro Civil de la capital palmera solicitados por personas transexuales, en contra de lo expresado en una nota de prensa de la Diputación del Común, que se hacía eco de las quejas presentadas por el colectivo Violetas LGTBI La Palma.
En un comunicado remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la autoridad judicial al frente de dicho Juzgado, órgano competente del referido Registro Civil, expone en su descargo que resulta «incorrecto, como afirman las informaciones relativas al caso, que el órgano judicial tarde un año” en dar respuesta a la petición», pues alega que «no se trata sólo de que la normativa legal que permite cursar la petición de cambio de nombre esté vigente desde el 23 de octubre de 2018 -por lo que ya sería imposible esta demora: han pasado poco más de ocho meses desde su promulgación-, sino que la persona peticionaria presentó su solicitud en el pasado mes de marzo, esto es, hace poco más de tres meses».
El Registro Civil de Santa Cruz de La Palma, reconoce la nota de prensa judicial, «cuenta con sólo dos funcionarios para tramitar todas las solicitudes que formulan no sólo las poblaciones de Santa Cruz de La Palma, la Villa de Mazo, Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Puntallana y San Andrés y Sauce, sino también las que genera el Hospital General de La Palma, que por razones lógicas (entre otras, decesos y nacimientos) ocupa una alta actividad de la oficina administrativa», lo que hace que «en lo que va de año, ha incoado 941 procedimientos civiles». Estos dos únicos funcionarios «se turnan a diario haciendo horas extraordinarias para reducir la pendencia del órgano judicial, una hora todos los días y los fines de semana».
En todo caso, e independientemente de este aspecto sobre el tiempo de tramitación, tanto el juez a cargo del Registro Civil como los funcionarios «desmienten que, como ha afirmado una organización defensora de los derechos del colectivo LGTBI, se esté produciendo un caso de transfobia institucional en la tramitación del expediente de la persona que ha solicitado el cambio de nombre en aplicación de la Instrucción de 23 de octubre de 2018″.
Es más, advierten de que «el proceso sigue los trámites ordinarios y ni se va a adelantar sobre otras peticiones de ciudadanos con los mismos derechos que la persona peticionaria ni, muchos menos, retrasar respecto al resto de los ciudadanos, como se ha afirmado por parte del colectivo que ha acudido a los medios informativos».
«El órgano judicial», se enfatiza en el comunicado del Juzgado palmero, «actúa en todos los casos como garante de los derechos de todos los ciudadanos con independencia de su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como establece el artículo 14 de la Constitución Española, base del ordenamiento jurídico».
Rreclamación de Transboys al Registro Civil de la capital palmera
Aparte de reunirse con la Diputación del Común, ante la que representantes de colectivos LGTBI expresaban sus quejas sobre el Registro Civil palmero, esta semana la Asociación de Hombres Transexuales Transboys ha tomado otra iniciativa, la de presentar una reclamación en dicho Registro Civil por «el trato poco profesional e inadecuado que se da a los ciudadanos trans de Santa Cruz de La Palma cuando estos se personan en sus instalaciones para solicitar el cambio de nombre y sexo”.
Andy Fernández, delegado de la asociación en La Palma, fue el encargado de registrar este escrito, y ha incidido en «la necesidad de una sensibilización y formación en materia trans-específica para los y las funcionarios del poder judicial».
«Esperamos que los sucesivos casos de cambios de nombre en Santa Cruz de La Palma puedan resolverse en un tiempo prudencial y proporcionado y que la atención a la ciudadanía trans de la isla comience a ser efectiva y profesional porque los derechos trans también son derechos humanos», afirma esta asociación.
