PLANETA CANARIO
El coordinador regional del PP, consejero en el Cabildo de Tenerife y concejal en Puerto de la Cruz, Lope Afonso, ha anunciado que, desde este mismo jueves, deja de modo «definitivo» la vida política, se da de baja del PP y renuncia a todos sus cargos públicos y orgánicos, a raíz de la sentencia, conocida este miércoles, en la que el Juzgado de lo Penal 2 de Santa Cruz de Tenerife lo condena a 9 años de inhabilitación por haber permitido la instalación de mercadillos a dos empresarios, de forma continuada, en espacio público, sin el obligatorio concurso público previo, en 2013 y 2014, mientras era edil de Comercio en la citada ciudad turística, de la que fue alcalde luego durante cuatro años.
Afonso, que es abogado en ejercicio, se sigue considerando inocente, pese a la condena impuesta en primera instancia, y por lo que pide que «se respete, como sucedería con cualquier otro ciudadano», su «presunción de inocencia hasta que una resolución firme demuestre lo contrario», ya que avanza además que va a recurrir esta sentencia, dictada en primera instancia.
Atribuye el exalcalde portuense el «origen» de la denuncia del caso Mercadillos, presentada por la Asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados, a su «decisión de renovar y depurar completamente el partido que me había dado la confianza para ser el candidato a la alcaldía del Puerto, evitando así que se siguiera degradando la imagen de la formación por comportamientos individuales probadamente indecorosos». «El coste personal ha sido alto, pero se consiguió el objetivo; y quiero que sepan que no me arrepiento de aquello; lo volvería hacer si fuera necesario, porque primero tienen que ir los principios que me acompañarán siempre».
«Respeto pero no comparto las conclusiones de la sentencia»
«Como demócrata de profundas convicciones», expone en un comunicado el ya exdirigente regional del PP, «respeto el contenido de la sentencia notificada en la tarde de ayer miércoles], por la que se me considera responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa en el conocido, en el ámbito de los medios de comunicación, como caso Mercadillos, aunque no pueda compartir las conclusiones ni el fallo de dicha resolución (por los motivos que se expondrán en el momento procesal oportuno y que forman parte de mi estrategia de defensa), dictada en primera instancia».
Dicho esto y también pese a que un tribunal considera probada su prevaricación administrativa (dictar una resolución a sabiendas de su ilegalidad), Afonso asegura que «en el ejercicio de responsabilidades públicas y privadas», siempre se ha «guiado por la rectitud y la honestidad». «Valores que me fueron inculcados desde la edad más temprana en el ámbito familiar, y de los que pueden dar testimonio muchísimas personas que me conocen personalmente o con las que, a lo largo de mis años de trayectoria profesional y política, he tenido ocasión de tratar o trabajar», apostilla.
«No tengo ni un céntimo ilegítimo»
Y en su descargo extrajudicial tras la sentencia penal en su contra, añade: «En particular, en el desempeño de los cargos públicos de concejal, alcalde o consejero insular que he tenido la suerte de ostentar, he actuado siempre bajo los principios de honestidad, lealtad y buena fe; por tanto, y como ha quedado acreditado, me gustaría dejar claro, nuevamente, que nunca, jamás, he obtenido ningún trato de favor, o beneficio económico ni de ninguna clase, ni he perjudicado conscientemente el interés público o los intereses individuales de ningún administrado, durante el tiempo en el que he desempeñado mis responsabilidades públicas; es decir, no tengo ni un solo céntimo de euro que no sea mío y que no me haya ganado legítimamente con mi esfuerzo».
Cabe redordar que durante, el juicio, que se celebró en junio,los empresarios que promovieron los mercadillos no dejaron lugar a dudas de que les movía un interés lucrativo con el montaje y explotación de esta actividad. Y el secretario del Ayuntamiento testificó que nunca se le consultó sobre estas adjudicaciones de espacio público a dedo y que, si le hubiera pedido su criterio Lope Afonso, habría advertido de que era preciso un concurso público.
En todo caso, el condenado enfatiza que defenderá su honorabilidad «los ámbitos que sea necesario, hasta las últimas consecuencias».
«Me voy para no perjudicar a la imagen pública del PP»
La decisión de abandonar la vida política y sus cargos institucionales y en el PP la toma, según alega en su nota de prensa, «consciente del uso político y mediático» que considera se hará de esta sentencia, » y en aras de que dicha situación no influya negativamente en el buen nombre de mi partido ni en comprometer con ello la imagen pública de las instituciones a las que he venido sirviendo».
En su despedida forzada por la condena, agradece «en este día difícil el apoyo, confianza y ánimos» que asegura le han transmitido sus compañeros de partido, «especialmente» en el Ayuntamiento y el Cabildo, así como de otras formaciones políticas.
Quiere dejar constancia también de su «enorme gratitud» hacia los dirigentes del Partido Popular «que no dudaron en conferirme importantes responsabilidades en los ámbitos regional, insular y local durante estos años; y por supuesto, sólo puedo tener palabras de agradecimiento sincero hacia aquellos ciudadanos que, bien en el ámbito insular o en el municipal, confiaron con su voto en las candidaturas que tuve la suerte de encabezar y a los que, entre otras cuestiones, debo el enorme honor de haber podido ser, durante cuatro años, el alcalde de mi ciudad».
Y en su capítulo de agradecimientos no se deja tampoco a los medios de comunicación: «Quiero agradecer, por último, el buen trato que, en general, me han dispensado en estos años los profesionales de los medios de comunicación; su tarea resulta imprescindible en una sociedad democrática como la nuestra, aunque, a veces, -y ahí radica lo verdaderamente importante- no hayamos estado de acuerdo en todo».