PLANETA CANARIO
La promotora del polémico hotel de La Tejita, el gallego Grupo Viqueira, ha reanudado estas navidades las obras . Así lo ha informado este 5 de enero la asociación Salvar La Tejita, que considera que estos trabajos «contradicen el texto de la orden de paralización, que estipula que debe presentarse un nuevo proyecto para compensar la modificación de la servidumbre marítima de protección.» Además, la licencia del proyecto ha sido denunciada por Salvar La Tejita, y está pendiente de fecha de juicio.
Los ecologistas cuestionan otra obra de la misma promotora
Salvar La Tejita también cuestiona la segunda obra del mismo promotor dentro de esta zona de la costa de Granadilla, los adosados denominados Sotavento Suites. En junio de 2022 este colectivo ecologista, «alarmado por la ausencia del preceptivo cartel de licencia de obras, solicitó formalmente información sobre la obra, que ocupa 440 metros de servidumbre, por lo que requiere autorizaciones específicas de Costas y del Gobierno de Canarias».
El Ayuntamiento, según esta asociación, no respondió, por lo que denunció estos hechos al Defensor del Pueblo, que solicitó la información pertinente a la Administración pública. Aunque el consistorio granadillero respondió al Defensor del Pueblo hace más de un mes, afirmando que presentaría la documentación, hasta ahora no lo ha hecho, siempre según la versión de Salvar La Tejita.
Este diario ha solicitado la versión a la empresa promotora, así como al Ayuntamiento, aunque en el momento de publicarse esta información no ha sido posible recabarlas.
Salvar La Tejita prepara nuevas denuncias contra el Ayuntamiento
Este colectivo anuncia que «está preparando denuncias (dentro del Código Penal) contra el alcalde y la concejala de Urbanismo, que, según la Fiscalía, ya están imputados por utilizar fondos públicos para construir estructuras privadas en 4 parcelas privadas». Esto se suma a la denuncia de Salvar La Tejita contra el regidor municipal por presuntos delitos contra el medioambiente, ahora en fase de instrucción en el Juzgado de Granadilla.
Hay que recordar que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ordenó en mayo del pasado año al Grupo Viqueira la paralización de las obras. La Agencia de Protección del Medio Natural (APMN), dependiente del Ejecutivo regional, había constatado el reinicio de los trabajos en zona de servidumbre y en la parcela afectada por el deslinde que aprobó el Estado en febrero de este mismo año.
En este sentido, el Gobierno de Canarias aclaró entonces que «la alteración del deslinde obliga al a promotora a presentar una modificación del proyecto y que tendrá que obtener una nueva autorización por parte del Ejecutivo regional», tal como ya comunicó también por escrito al Ayuntamiento de Granadilla.
Las obras estuvieron paradas desde junio de 2020 por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, hasta que se aprobara de forma definitiva el nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestres y su servidumbre, resolución que este organismo tomó en febrero pasado, por lo que la promotora anunció que iba a reiniciar los trabajos y así ha hecho.
En el expediente del nuevo deslinde y su servidumbre, el actual Gobierno canario defendió fijar esta en 100 metros, como también reivindican los ecologistas, en lugar de la anchura de 20 metros establecida por Costas.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó en julio de 2021 el recurso contencioso administrativo presentado por el Grupo Viqueira y revocó el oficio del 13 de junio de 2019 dictado por el Servicio Provincial de Costas que requirió la «total e inmediata» paralización de las obras.