PLANETA CANARIO
Las Fiscalía ha solicitado la declaración como imputados de diez miembros del consejo de administración de la empresa Parque Científico y Tecnológico (PCCT), dependiente del Cabildo tinerfeño, por la compra, en 2012, por 18,9 millones -con un posible sobreprecio del 524% sobre su valor catastral- de dos parcelas al CD Tenerife en la ciudad deportiva de Geneto, según ha adelantado Mírame TV.
La denuncia del Ministerio Fiscal, presentada en diciembre pasado, aprecia indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos, pues concluye que los terrenos de la ciudad deportiva fueron adquiridos a sabiendas de que no tenían utilidad, con una tasación caducada, y sin garantías para evitar el desequilibrio financiero de dicha sociedad pública, que en 2020 aún arrastraba una deuda de siete millones provocada por esta operación.
El fiscal Domingo González Martín pide que se investigue, entre otros, a los expresidentes del Cabildo Ricardo Melchior y Carlos Alonso, ambos de Coalición Canaria (CC); así como al actual consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, el socialista Julio Pérez, que en aquel momento era teniente de alcalde de la capital tinerfeña en un pacto de gobirerno CC-PSOE, según precisa Mírame TV en una información que firma el periodista David Cuesta.
También se propone que sean investigados los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal (CC), María del Pino León (CC) y José Luis Delgado (PSOE), hoy director general del Ejecutivo regional; y así, hasta una decena de personas.
En el caso de Julio Pérez, señala Mírame TV, tuvo que ausentarse de la reunión del consejo de administración en que se aprobó la operación presuntamente delictiva y delegó su votó en José Luis Delgado. Ambos habían manifestado sus dudas sobre esta compra, pero terminaron por votar a favor tras las explicaciones recibidas. En este sentido, el fiscal destaca el papel que jugaron Ricardo Melchior y Carlos Alonso para convencer al resto de miembros del consejo.
La denuncia de la Fiscalía surge a raíz de que el propio interventor general del Cabildo, Antonio Messía de Yraola, le trasladara sus indicios de irregularidades en este expediente administrativo, ya en el actual mandato, en el que el Cabildo está cogobernado desde 2019 por PSOE y Ciudadanos (Cs) y CC está en la oposición (anteriormente el pacto era CC-PSOE).
La empresa tasadora del caso Las Teresitas
Parque Científico y Tecnológico compró en 2012 al CD Tenerife 30.000 metros cuadrados de un suelo en la ciudad deportiva de Geneto, cuyo valor era de 3 millones, según el interventor denunciante, pero el Cabildo abonó 18,9 millones al dar credibilidad a un informe de Tinsa, una tasadora externa que elevó el precio un 524% (es la misma que la del caso Las Teresitas).
El club percibió 13 millones, y el resto, 5,9 millones, los ingresó la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias (cuyo 45% pertenecía entonces al Cabildo y el 55% restante a capital privado), que en 2007 había adquirido una de las parcelas para construir un centro de datos.
La intención original de comprar las parcelas de la ciudad deportiva era ubicar allí un parque científico y tecnológico, que finalmente se decidió reubicar en Cuevas Blancas, en Santa Cruz de Tenerife. Pero el Cabildo siguió adelante con la compra para permutar estos terrenos con la Universidad de La Laguna (ULL) por el denominado Hogar Gomero, en La Cuesta, objetivo que tampoco se cumplió, por lo que se justificó la operación para «futuros desarrollos de acciones propias de la entidad», lo que, según el fiscal, «suponía privar de toda utilidad o interés público» la adquisición de este suelo.