VICENTE PÉREZ
La consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno canario, María José Guerra, ha advertido a los padres y madres de alumnos que es ilegal que los centros educativos concertados exijan cuotas obligatorias para la escolarización de sus hijos, por lo que puso de relieve que si se abona dinero por este concepto es por falta de información sobre lo que establece le legislación.
Así lo afirmó durante su intervención el pasado sábado 8 de febrero en el acto de presentación del último documental de la serie Despiertos, en la que los periodistas Esaú Hernández y David Cuesta abordan la falta de equidad en el sistema educativo.
Guerra fue entrevistada por David Cuesta tras la proyección del documental en el Aguere Espacio Cultural, de La Laguna, un reportaje de investigación que ha sido financiado mediante crowdfunding, y que también fue estrenado al día siguiente, el domingo, en Las Palmas de Gran Canarias. Se emitirá por Mírame TV y posteriormente en Youtube.
En este marco, la consejera, quien se mostró partidaria de enviar una circular a los padres y las madres de alumnos para recordarles lo que dice la ley, afirmó que «en los últimos tiempos» la Consejería ha recibido denuncias sobre la exigencia de cuotas obligatorias en los colegios concertados, y que los «ha investigado y han salido resoluciones en ese sentido», aunque afirmó que no tenía noticia de que se hayan impuesto sanciones.
«Tampoco sé si hay régimen disciplinario, quizá habría que tipificarlo», apostilló Guerra, quien insistió en que, a su juicio, se trata de «una cuestión que se arregla con información y es donde quizá esté el fallo, que los padres y madres no conozcan este hecho, la ley; tendremos que hacer una mejor difusión», es decir, la no obligatoriedad de este abono.
Para la máxima responsable de la Educación en Canarias, las familias de los alumnos «deben saber que la Consejería está para que puedan presentar reclamaciones y que la inspección educativa tiene que investigar y poner las cosas en su sitio, porque nos hemos comprometido a respetar la ley, que es rito iniciático de todo cargo público».
«Para compensar la desigualdad hay que dar más recursos a los centros con mayores problemas, donde la familias tienen menor renta y existe otro tipo de problemas sociales», señaló Guerra, quien sin embargo matizó que el marco legal financiero «sigue siendo muy restrictivo» para poder llegar al compromiso de destinar el equivalente al 5% de PIB a presupuestos de Educación en 2022, algo que por otra parte es lo que fija la Ley de Educación de Canarias. «SI por mi dependiera llegaríamos pronto a ese 5%, pero depende de otras consejerías y de ese marco legal restrictivo», reiteró.