VICENTE PÉREZ
Eran otros tiempos, año 2016, y todavía estaba empezando la gran polémica por la prevista construcción de un hotel de La Tejita, cuyas obras comenzarían en marzo de 2019. Pero en esas fechas se celebró un pleno del Cabildo de Tenerife en el que el entonces consejero del área medioambiental, José Antonio Valbuena (PSOE), hoy uno de los detractores de ese proyecto desde el Gobierno canario, respondió a una pregunta de Podemos que ese futuro establecimiento alojativo se construiría en suelo urbano consolidado y no, por tanto, dentro del espacio protegido de Montaña Roja.
En la actualidad Valbuena, como consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Política Territorial del Ejecutivo regional, ha informado a la Dirección General de la Costa de justo lo contrario, con ocasión del trámite de revisión del deslinde de dominio público en ese litoral de Granadilla; es decir, que no era suelo urbano consolidado cuando en 1988 entró en vigor la Ley de Costas.
Si en aquel pleno del Cabildo no encontró razones técnicas para oponerse al hotel, ahora su criterio, diferente al de entonces, cuando aún no estaba en revisión la delimitación del deslinde y la línea de servidumbre, es baza fundamental para los ecologistas que defienden que esta quede fijada en 100 metros y no en 20, como propone Costas. La diferencia es bien grande, porque en el primer supuesto el proyecto del grupo Viqueira sería inviable, y en el segundo se vería afectado un 20%.
Es el gobierno municipal de Granadilla (formado por CC y PP), que aún este miércoles no ha sido notificado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Cambio Climático (MITECO) de que debe ordenar la suspensión cautelar de los trabajos, el que ahora ha desempolvado aquel pleno de 2016 en el Cabildo en su contraataque a Valbuena.
Este alto cargo del Gobierno regional llevaba desde 2019 reprochando al consistorio y a Costas que no paralizaran las obras hasta que se revise el deslinde público marítimo terrestre. Incluso ha llegado a lanzar sospechas sobre las motivaciones del Ayuntamiento en este asunto y a tachar de «burrada» el hotel.
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona aseguraba en un comunicado que, a fecha de martes 23 de junio, solo conocía la orden ministerial de suspender las obras en La Tejita, concretamente en la urbanización de Costabella, por una nota de prensa emitida el lunes. «Estamos a la espera de que el Servicio Provincial de Costas de Tenerife resuelva el procedimiento de revisión de deslinde, que según indica el Ministerio, se encuentra pendiente solo del preceptivo informe del servicio jurídico», manifestó el gobierno granadillero. La notificación oficial de que hay que paralizar la construcción de este establecimiento alojativo no ha llegado este miércoles al consistorio, aunque la asociación Salvar La Tejita ha enviado vía telemática un escrito advirtiendo al Ayuntamiento de que existe esa orden.
El equipo gobernante en el municipio del sur de Tenerife califica de “desafortunadas” las declaraciones emitidas por el consejero Valbuena, en las que dice que la concesión de la licencia se concedió de «forma sospechosa». Y es aquí donde CC y PP en Granadilla rescatan del olvido lo que se ha dado en llamar la maldita hemeroteca, en realidad el acta de aquel pleno del Cabildo en enero de 2016, cuando era consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo y en abril de ese año no puso reparos a proyecto.
En realidad no los puso porque, en efecto, el hotel no se construye sobre espacio natural protegido, aunque sí en una parcela en primera línea de playa donde los ecologistas ya por esa época denunciaban que llegaba el ecosistema arenoso y la valla colocada desde hace muchos años en ese suelo urbanizable impedía, e impide hoy en día, que la arena avance como lo haría de manera natural, hasta el punto de que hay una duna mitad fuera de la valla mitad dentro. Es decir, que la franja pública y su zona de protección debían adentrarse más tierra adentro. Algo que ha quedado acreditado.
Pero en ese pleno insular, Valbuena hizo un análisis pormenorizado para llegar a una conclusión diferente a la que ahora mantiene en cuanto a la categorización del suelo: “El proyecto del hotel está en suelo urbano consolidado, no está dentro del espacio natural protegido y por lo tanto no es objeto de informe por parte de esta Área (…) el hotel no solo no está dentro de un espacio natural protegido sino que está dentro de una bolsa de suelo urbano consolidado que se ha venido desarrollando desde el año 1971; en el año 1973 se aprueba el proyecto de urbanización y con cargo al mismo se empieza a antropizar ese espacio. En el año 1990 los suelos donde va a ir el proyecto del hotel ya tenían obras de urbanización realizadas que encontramos ya cartografiadas en el año 1982, donde la zona de Sotavento no estaba hecha, pero sí estaba antropizado ese territorio. En el 1999 se aprueba el proyecto de compensación y en el 2009 en una junta de gobierno local se aprueba el proyecto de compensación que da vía libre al desarrollo definitivo del suelo. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no estaba en el espacio natural protegido sino de un suelo urbano consolidado”.
En los informes actuales, Valbuena ha dejado claro que la postura actual de la Consejería es que el hotel se construye sobre un suelo que que no era urbano consolidado. Así lo expone en un informe de febrero de este año: «En el momento de entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, el tramo de terreno objeto de análisis complementario, y con la información de las que se dispone en esta Consejería, no reunía las condiciones para tener la consideración de suelo urbano, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1346/1976 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, constando que no se encontraban en proceso de urbanización tal como se desprende de los fotogramas anteriormente señalados y por lo tanto, se puede entender que, seguía teniendo la consideración de suelo urbanizable y no urbano a los efectos de lo fijado por la Ley 22/1988 para la fijación de las servidumbres de protección y tránsito del Dominio Público Marítimo Terrestre».
A esta conclusión actual llega el consejero del Gobierno canario porque en 1988 “las obras se encontraban paralizadas con el mismo grado de urbanización que en el año 1977, aunque en peor estado debido a la recolonización de los bordes de los viales por matorral de porte bajo, por el abandono de la urbanización durante diez años’, lo que indica, a los efectos de la disposición transitoria tercera 2.B) de la Ley de Costas y de la novena.1 .b) del Reglamento de Costas, que no se llevó a cabo la urbanización en los plazos previstos por causas no imputables a la Administración». En 1988 «el grado de urbanización de los terrenos no era superior al 50%, y por tanto no tenía la consideración de suelo urbano”, zanja en su informe de este año el consejero autonómico.
Así las cosas, en su contraataque político, el grupo de gobierno de Granadilla alega que, «a diferencia del Partido Socialista, ha concedido la licencia cuando se contaba con todas la autorizaciones preceptivas, no como el anterior gobierno, que comunicó en diciembre de 2015 que en enero de 2016 otorgaría la licencia y comenzarían los trabajos, cuando en esta fecha no se contaba con los informes de la consejería de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, ni tampoco con la autorización de la viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias».
CC y PP desempolvan también unas «palabras del PSOE», que gobernaba cuando se elaboró y aprobó el Plan General de Ordenación, en las que afirmaba que «la concesión de esta licencia en las primeras semanas de enero de 2016 propiciará un despegue turístico de primer nivel y sienta las bases, con pasos cortos y firmes, para la creación de empleo y de actividad económica para Granadilla de Abona”.
La realidad es que hoy en día Valbuena ha posicionado al Gobierno canario en contra del hotel de La Tejita, y se ha mostrado por ello «satisfecho» por que finalmente el Gobierno estatal (PSOE-Unidas Podemos) haya paralizado su construcción. El consejero autonómico está convencido de que se tendrá que revisar el proyecto «de cabo a rabo» y espera que el Ayuntamiento «participe en esa revisión parea poder evitar este desastre en un entorno como el de Montaña Roja».
