PLANETA CANARIO
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha vendido el edificio que alberga la Consejería de Educación, en la avenida de Buenos Aires de esta capital, al Gobierno de Canarias, que ejerce así su derecho a la compra, por algo más 30 millones de euros, según ha informado el consistorio en un comunicado.
El inmueble es propiedad municipal después de que el gobierno municipal que presidía Patricia Hernández (PSOE-Cs) alcanzara un acuerdo con el empresario Antonio Plasencia, para devolver con este edificio y otras propiedades el dinero que ingresó ilegalmente, junto con el ya fallecido Ignacio González Santiago, por la compraventa del frente de playa de las Teresitas, y por la que ambos fueron condenados a prisión, en la que también se encuentra por esta misma causa penal el exalcalde Miguel Zerolo ( de Coalición Canaria), entre otros condenados.
El Gobierno canario ha pagado al Ayuntamiento 14.010.599 euros y el resto lo hará en tres pagos anuales (2022, 2023 y 2024) de 5.385.695,96 euros.
En la secuencia de los pasos dados por ambas administraciones, este Ayuntamiento recibe el pasado día 30 de noviembre comunicación del Gobierno de Canarias de la orden del consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, de fecha 29 de noviembre de 2021, por la cual se ejercita el derecho de opción de compra del edificio de oficinas y garajes, sito en la avenida de Buenos Aires de Santa Cruz de Tenerife. En la orden consta que se ejerce el derecho con efectos del 30 de noviembre de 2021, en los términos y condiciones pactados en el contrato de arrendamiento.
De esta misma manera y a consecuencia de esta acción de compra, se comunica el cese en el abono de la renta del contrato de arrendamiento, imputando al pago del precio de la compraventa por la que se opta cualquier cantidad que, eventualmente, se abonara por tal concepto, a partir del día 30 de noviembre de 2021.
Plasencia fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por el caso Las Teresitas, y logró en 2020 h acceder al tercer grado, un año y cuatro meses después de su ingreso en la cárcel, según informó Mírame TV.
La Justicia le concedió este beneficio penitenciario de la semilibertad después de considerar pagada la responsabilidad civil objeto de la sentencia condenatoria, tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento mediante el cual abonaría 95 millones al consistorio con la entrega de dos edificios y pagos anuales durante 14 años.
La Audiencia Provincial y, posteriormente el Supremo, dieron como hechos probados que la compraventa de los terrenos de Las Teresitas fue ilegal porque se infló el precio del suelo, pagando el Ayuntamiento 52 millones de euros a Inversiones Las Teresitas (ILT) -la empresa de Plasencia e Ignacio González- cuando en realidad valían 20 millones, según la tasación de la entonces arquitecta municipal Pía Oramas, cuyo criterio fue ninguneado y ocultado del expediente. Los propietarios de ILT eran Antonio Plasencia e Ignacio González (también condenado, y fallecido mientras cumplía su pena).
Por este caso fueron condenados a prisión el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo (también de CC), y los funcionarios José Tomás Martín y Víctor Reyes. Los seis tenían que devolver a las arcas públicas de forma solidaria la cuantia detraida por la compraventa del frente de playa.
La recuperación de parte del dinero de Las Teresitas por las arcas públicas fue también posible gracias a la apertura de diligencias penales contra la esposa y los hijos del empresario, a raíz de una querella por alzamiento de bienes en las empresas del constructor que presentó el anterior gobierno municipal, formado por PSOE y Ciudadanos.
Plasencia se declaró en concurso de acreedores antes de que el Ayuntamiento pudiera recuperar los casi 100 millones de euros, resultado de sumar los 53 millones malversados y los intereses generados, según recuerda Mírame TV.