PLANETA CANARIO
Un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado retirar el pasaporte y prohibir la salida de España a la exconcejala del PSOE en el Ayuntamiento capitalino Inmaculada Medina Montenegro, en el marco de la investigación del denominado caso Valka, que indaga en presuntas irregularidades en contratos públicos de suministro de agua, según el auto divulgado por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La medida cautelar, recogida en un auto judicial, se adopta al apreciar el magistrado indicios de delito y un riesgo de fuga “real”, aunque no elevado, que justifica garantizar la presencia de la investigada durante el proceso.
El juez considera que la retirada del pasaporte es una medida “adecuada, necesaria y proporcionada”, al no implicar privación de libertad pero sí asegurar la sujeción de la investigada a la causa.
La exconcejala está siendo investigada por presuntos delitos de malversación de caudales públicos agravada, falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude a la Administración.
La causa se centra en la gestión de contratos de suministro de agua para riego de parques y jardines entre 2015 y 2022, durante su etapa como responsable municipal del área.
Según el auto, Medina habría tenido una intervención “reiterada y sistemática” en la aprobación del gasto, firmando facturas durante años que, presuntamente, no se correspondían con consumos reales de agua.
De acuerdo con los indicios recogidos por el juzgado, las facturas se habrían elaborado sin respaldo en mediciones reales, utilizando datos inflados o no verificados y sin realizar las comprobaciones técnicas obligatorias, como la lectura de contadores.
Pese a ello, la exconcejala habría autorizado su pago de forma continuada, lo que permitió —según el juez— dar cobertura administrativa a un sistema de gasto desvinculado de la prestación efectiva del servicio.
Las facturaciones, además, se ajustaban al crédito disponible cada año, agotando partidas cercanas a los 250.000 euros anuales, lo que refuerza la hipótesis de una práctica sostenida en el tiempo .
El contexto de la investigación apunta a facturas presuntamente infladas que podrían alcanzar en torno a 430.000 euros en contratos vinculados al riego de zonas verdes de la ciudad.
La investigación también analiza la posible actuación coordinada entre responsables técnicos municipales y la empresa adjudicataria, con el objetivo de simular la ejecución de los contratos y justificar pagos indebidos.
Un cambio clave en 2022 refuerza las sospechas
El auto subraya como elemento relevante que la facturación descendió de forma notable a partir de diciembre de 2022, cuando se implantaron controles efectivos basados en lecturas reales de consumo.
Este dato, según el juez, refuerza la hipótesis de que los pagos anteriores no se correspondían con el servicio realmente prestado.
La adopción de estas medidas cautelares se produce tras la declaración de Medina ante el juez instructor.
La exconcejala ha defendido su actuación y ha asegurado que su relación con los investigados se limitaba al ámbito institucional, negando vínculos personales o participación consciente en irregularidades.
Medina renunció a sus responsabilidades públicas en noviembre de 2025 tras conocerse la querella de la Fiscalía Anticorrupción, que dio origen a la investigación judicial.
El auto no es firme y puede ser recurrido en un plazo de tres días. Entretanto, la instrucción continúa abierta.