PLANETA CANARIO
El Instituto Canario de Vivienda (ICAVI), entidad dependiente del Gobierno canario, ha solicitado al Juzgado de Granadilla de Abona que paralice la ejecución del desahucio de una vivienda de protección oficial que pesa sobre una madre y su hijo de 12 años, cuya historia ha contado PLANETA CANARIO este miércoles, y que está previsto para este jueves 16 de septiembre.
El Juzgado ha comunicado a la afectada, Paola Déniz, que el lanzamiento tendrá lugar este día, y alega que el procedimiento judicial, instado por quien ahora afirma ser el propietario de la vivienda, supone una «injusticia» porque se ha utilizado documentación que ha inducido a la confusión del Juzgado, ya que ella es la legítima inquilina del piso, está al corriente del alquiler, y el inmueble fue vendido por la promotora en su día supuestamente de forma ilegal, ya que al ser de protección oficial no podía ser objeto de compraventa hasta 2043.
Esta versión cuenta con el apoyo del ICAVI, pues «la vecina afectada tiene razón en su queja», según han asegurado a este diario fuentes de la Consejería de Vivienda del Gobierno regional. De ahí que el ICAVI le esté prestando «toda la ayuda que ha solicitado», añadieron las mismas fuentes oficiales.
Tal es así que este mismo miércoles el ICAVI envió al Juzgado la solicitud de parar este lanzamiento y también una funcionaria de este instituto ha verificado que esta petición ya estaba en manos de la autoridad judicial de Granadilla que lleva el caso.
Paola ha difundido un comunicado en el que hace un «desesperado» llamamiento para que no se ejecute el desahucio. Su casa es uno de los 66 pisos, ubicados en San Isidro, que fueron vendidos presuntamente de manera ilegal por una promotora que los había construido con una subvención del Gobierno canario, que ha dado la razón a las familias afectadas al punto de anunciar en febrero pasado que abriría expediente contra esta empresa e incluso apoyaría a los vecinos en la vía judicial.
Al respecto, las citadas fuentes de la Consejería de Vivienda han indicado que el ICAVI ya abrió en su momento el expediente y se han pedido varios informes propios y de otras administraciones públicas, de los que varios quedan aún por llegar a este organismo público y revisarlos, para resolver si hay sanción y por qué importe.
En el caso de Paola, ella firma que ella tiene un contrato a su nombre, para el alquiler de la vivienda de protección oficial, aunque en la denuncia que ha dado pie al desahucio se ha utilizado un contrato a nombre de su exsuegro (ya que en el piso vivió también su expareja). Este es el motivo, razona esta madre, por el que el Juzgado la trata como una ocupa.
«No puedo creerme lo que está ocurriendo; la Consejería de Vivienda ha mandado al Juzgado los informes de vulnerabilidad, y toda la documentación que demuestra que no soy ocupa y he pagado religiosamente el alquiler, pero no hay manera, el Juzgado no ha tenido en cuenta nada hasta ahora; se va a cometer una injusticia conmigo», se queja Paola en un comunicado, en el que confiesa estar «desesperada, como en una pesadilla que tristemente es real».
Hay que tener en cuenta que se trata de una de las 66 viviendas de protección oficial (VPO)que construyó en su día Promociones Amojo SL (de la familia del ex presidente del Gobierno canario Manuel Hermoso) y cuyos adjudicatarios han visto que sus hogares acabaron en manos de otras personas que dicen ser las nuevas propietarias. Los pisos han sido revendidos hasta 3 y 4 veces, aseguran estos residentes en el núcleo de San Isidro.
Las familias afectadas están organizadas como Plataforma Montaña Clara y con el respaldo de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias, que considera una «incomprensible injusticia» lo que está pasado Paola. «No entendemos que siga este calvario judicial cuando ya es público y notorio que somos las víctimas de todas estas irregularidades; se está cometiendo una tremenda injusticia con esta madre y su hija, a las que se les niega el derecho a defenderse», denuncia este colectivo.