PLANETA CANARIO
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, y el responsable de la empresa RR7 United Limited SL, Rayco Rubén González, por el abono del organismo público a esta entidad mercantil de 4 millones de euros en mayo de 2020 por un suministro de mascarillas para afrontar la prevención de la covid-19 que nunca se entregaron a la Sanidad pública.
Así lo confirmaron a Efe fuentes de la Fiscalía, que aprecia indicios de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. En la querella, registrada el martes 12 de julio, la Fiscalía pide que además que se investigue a la entonces directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los cargos públicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) contra los que se ha querellado trataron de «encubrir» las irregularidades cometidas al contratar a la empresa RR7 United una partida de un millón de mascarillas que nunca recibieron durante la tramitación posterior de ese expediente.
Por eso, Ródenas acusa en su querella a Conrado Domínguez no solo de prevaricación, sino también de tráfico de influencias, porque estima que se seleccionó a una empresa dedicada a la compraventa de coches con solo 3.000 euros de capital social, como era RR7, para un suministro negociado sin publicidad de esa envergadura por la amistad que un intermediario de su confianza tenía con Rayco Rubén González, añade Efe.
La Fiscalía señala que RR7 «engañó» al SCS para recibir por anticipado todo el importe del contrato, sin haber servido aún las mascarillas, cuando inicialmente solo estaba previsto que cobrara el 50%.
Pero también sostiene que el SCS pudo haber hecho una comprobación para saber si las mascarillas eran falsas antes de pagar el lote completo, ya que después la Aduana retuvo en el aeropuerto de Gran Canaria la partida que trataba de importar RR7 United, porque el titular de la marca, 3M, denunció que eran una falsificación, lo que llevó a que fueran requisadas y destruidas.
Según el relato del fiscal publicado por EFE, el 16 de julio de 2021, la directora de Recurso Económicos del SCS aprueba «reanudar» el expediente de compra de mascarillas a RR7 United y acepta su propuesta de cambiar el millón de mascarillas que no pudo servir el año anterior por 1,2 millones de mascarillas de otra marca (Honeywell Nort, modelo Superone) manteniendo el mismo precio, cuatro millones de euros.
A juicio del fiscal, los responsables del SCS prevaricaron en esa decisión, porque no podían cambiar el objeto del contrato cuando este ya había sido previamente resuelto por incumplimiento (con resolución firmada el 17 de mayo de 2021 y había exigido a RR7 el reintegro de los cuatro millones. Pero esta segunda partida de mascarillas tampoco llegó a Sanidad.
La Fiscalía Anticorrupción no solo entiende que se reactivó de forma ilegal un contrato que ya estaba rescindido, sino que además se ocasionó un perjuicio a otros suministradores que en aquellas fechas (julio de 2021) ya ofrecían ese material a precios similares o más ventajosos para el Servicio Canario de la Salud.
Ródenas argumenta en su informe que, en aquellas fechas, el SCS ya estaba recibiendo peticiones de explicaciones por parte del Tribunal de Cuentas sobre lo ocurrido con ese contrato con RR7 United, por lo que llega a la conclusión que la razón que movió a los querellados a seguir contratando con esa compañía pese a sus incumplimientos fue «encubrir» las irregularidades que, bajo su criterio, ya habían cometido.
Este martes 18 de julio, el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres aduce que el SCS y la Agencia Tributaria de Canarias arbitraron mecanismos para recuperar estos fondos antes de que se iniciara la investigación de la Fiscalía. Así mismo, invoca la presunción de inocencia, y será el juez que se encargue del caso el que determine si se abren o no diligencias previas contra Domínguez.