PLANETA CANARIO
El Cabildo de Tenerife ha confirmado que deja de ser accionista de Bodegas Insulares (BITSA). Así lo ha explicado el consejero de Sector Primario, Valentín González, en rueda de prensa junto a Juan Jesús Méndez, presidente de AVIBO (Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias).
Este hecho no implica el cese de la actividad de BITSA sino que el Cabildo «devolverá» a los viticultores el 45,66% de la participación social que, hasta ahora, pertenecía a esta Administración pública.
En el último pleno del Cabildo se dio cuenta a la corporación del cese de la presencia de la institución insular en la, hasta entonces, empresa mixta, que obedece a la intención del gobierno insular de regularizar una situación que denunció el propio sector vitivinícola ante la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea, «entendiendo que no es una función propia de la Administración pública participar en una actividad económica como la ejercida por Bodegas Insulares”, según subrayó el consejero.
González explicó que “en los años 90, la presencia del Cabildo en la empresa mixta respondía a la necesidad de dar un espaldarazo al sector”, pero incidió en que “35 años después, se han logrado los objetivos planteados en aquel momento: consolidar y profesionalizar el sector, disponer de una infraestructura de comercialización sólida e incrementar la notoriedad de la marca Vinos de Tenerife”.
AVIBO anuncia el fin del conflicto
El presidente de AVIBO, Juan Jesús Méndez, celebró que “ponemos fin a una larga trayectoria de conflicto desde que en 2010 AVIBO trasladó al Cabildo que la situación del sector había cambiado desde 1990, cuando sí se justificaba la presencia del Cabildo en BITSA, pues entendíamos que mantener esta circunstancia implicaba una competencia desleal con respecto a los viticultores y bodegueros”.
Méndez puso en valor “la valentía del gobierno insular en la toma de esta decisión, que es el primer paso para resolver el contencioso que la Asociación interpuso a la Administración insular”.
AVIBO trasladó “un mensaje de tranquilidad” a los viticultores de Tenerife porque “el funcionamiento de Bodegas Insulares está garantizado».
Apuntó que “el propósito común en trabajar en la hoja de ruta que hemos marcado para que ese 45,66% de la participación de Bodegas Insulares vuelva a manos de los viticultores”.
Denuncias ante la UE por competencia desleal
La Comisión Europea llevaba años observando con recelo las prácticas de BITSA, que, según pone de relieve AVIBO, se beneficiaba de ayudas públicas encubiertas, cesiones gratuitas de terrenos e instalaciones, y financiación pública que la convertía en un competidor desequilibrante frente a las más de 280 bodegas privadas que operan en la isla.
En 2014, AVIBO dio el paso de elevar el conflicto a la Comisión Europea.
La respuesta llegó en 2018: Bruselas declaró ilegales varias de las ayudas percibidas por BITSA, aunque las calificó como “compatibles” con el mercado común basándose en informes que, según la asociación denunciante, omitían datos clave. Pese al dictamen ambiguo, el procedimiento sembró las bases de una vigilancia constante por parte de la Dirección General de Competencia de la UE.
Según expone esta asociación vitivinícola, BITSA continuó utilizando, sin coste alguno, más de 9.000 metros cuadrados de suelo público y unas instalaciones de 3.000 metros cuadrados propiedad del Cabildo. Este «trato privilegiado», según AVIBO, permitía a la bodega vender vinos a precios artificialmente bajos, afectando directamente al equilibrio del mercado y a la viabilidad de proyectos privados que no contaban con semejante respaldo.
En marzo de 2023, representantes de la Comisión Europea convocaron a los responsables del Cabildo, por entonces bajo mandato socialista, y exigieron el cese de las prácticas consideradas anticompetitivas. El ultimátum se concretó en julio de 2024: si España no ponía fin a la situación, enfrentaría un expediente sancionador con posibles multas millonarias.
