VICENTE PÉREZ
El acalde del municipio tinerfeño de Granadilla, José Domingo Marrero Regalado, presentó alegaciones en contra del nuevo deslinde público marítimo terrestre en el tramo de costa donde se va a construir el polémico hotel de La Tejita, en una parcela que linda justo con el espacio natural protegido de Montaña Roja. Como argumento principal expone los «daños y perjuicios» que causaría a los promotores, lo que a su juicio «conllevaría el ejercicio de acciones en defensa de los respectivos derechos de los perjudicados» frente al Ayuntamiento. Dicho de otro modo: el regidor municipal alega que la empresa inmobiliaria, el Grupo Viquiera, pedirá indemnizaciones.
El hilo conductor del alcalde (de Coalición Canaria) en su alegación presentada el 1 de marzo de 2019, y divulgada recientemente por los ecologistas, es que el nuevo deslinde propuesto por Costas entre la urbanización Costabella y Punta Bocinegro, que ahora afecta a la parcela hotelera, ya estaba consolidado a lo largo de los sucesivos planeamientos municipales aprobados y en su desarrollo, con los procesos de equidistribución, urbanización y edificación tramitados con arreglo a los procedimientos legales. Además, según pone de relieve el mandatario, los promotores cuentan con una licencia municipal dada y «con todas las autorizaciones preceptivas».
Por ello, Regalo pide que se archive la revisión del deslinde. Y no ve «ningún tipo de alteración en la configuración del dominio público marítimo terrestre que fundamente objetivamente el expediente iniciado» por la Demarcación de Costas.
Al respecto, cabe recordar que la actual revisión del deslinde fijado en 2002 obedece no a una corrección de oficio de la Administración estatal, sino a la petición de los grupos ecologistas ATAN y Salvar La Tejita cursada en 2017, y que, al menos a raíz de la nueva delimitación probable, han logrado demostrar con un informe geomorfológico que el deslinde vigente hasta ahora no respondía a la realidad de la dinámica de la arena en este tramo del litoral. Es decir, que la parte pública del litoral estaba mal trazada, en perjuicio del interés público.
Ni rastro del acuerdo para dar la licencia en diciembre de 2018
Llama poderosamente la atención el hecho de que en las ocho páginas de la alegación del alcalde se detallen los numerosos trámites por los que ha pasado ese suelo urbanizable desde los años sesenta hasta la actualidad pero se omita una licencia municipal clave, la que concedió el Ayuntamiento el 21 de diciembre de 2018, para la ejecución del proyecto.
Sí menciona, en cambio, las anteriores, es decir, la licencia de obras para movimientos de tierra dada el 7 de noviembre de 2017 y la licencia urbanística para el proyecto básico de construcción del hotel concedida el 19 de septiembre de 2017.
Viene al caso en este punto recordar que, cuando el Ayuntamiento dio el permiso para ejecutar el proyecto del hotel, ya había pasado más de un mes desde que el 13 de noviembre el Ministerio de Medio Ambiente (ahora llamado para la Transición Ecológica), a través de la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, había adoptado la resolución de autorizar la revisión del deslinde, como además aparece publicado en la web ministerial. Aspecto este que ha puesto de relieve el periodista Esaú Hernández, que ha dedicado varios hilos de Twitter a analizar con lupa la tramitación de este proyecto y la revisión del deslinde.
La solicitud, presentada por los ecologistas, de cambiar el deslinde databa de octubre de 2017, por lo que Costas en Madrid tardó más de un año en tomar una decisión.
Reiterados informes negativos de la arquitecta y el aparejador municipales
Esta licencia de ejecución no fue ni mucho menos un camino de rosas para la promotora, como muestra el texto del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local el 21 de diciembre de 2018. Hubo peros de los funcionarios del consistorio sureño. En mayo de 2018, la arquitecta y el ingeniero técnico del Ayuntamiento de Granadilla emitieron un informe desfavorable a dar el permiso solicitado por los promotores el 23 de marzo anterior, por no ajustarse el proyecto de ejecución al proyecto básico. La empresa pidió tres meses para adaptarlo.
En octubre consta un nuevo informe desfavorable de los mismos técnicos por «una serie de deficiencias observadas» en la documentación técnica presentada por el grupo Viqueira, como consta en la resolución del Ayuntamiento finalmente favorable a la empresa, sin que se especifique en el acuerdo del gobierno munimcipal qué consisten tales deficiencias.
Los referidos funcionarios granadilleros volvieron a emitir otro informe técnico desfavorable el 28 de noviembre, por lo que el proyecto estaba incompleto y debían «subsanarse los aspectos mencionados en el informe», de los que tampoco esta vez se detalla cuáles.
El gobierno municipal dispuso entonces de un informe jurídico, fechado el 3 de diciembre, con propuesta de resolución confirmando la licencia urbanística anterior, la del proyecto básico por acuerdo del 19 de septiembre de 2018, «y en consecuencia» concede la licencia para ejecutarlo, pero condicionada a que se presente el proyecto técnico de instalación eléctrica de baja tensión antes de comenzar su ejecución.
El 4 de diciembre la Junta de Gobierno Local deja sobre la mesa el asunto y pide a la arquitecta y al aparejador municipales que «aclaren» su informe técnico. Finalmente, estos funcionarios emiten un informe el 14 de diciembre en el que, según como cuenta los hechos la resolución municipal (este diario no ha podido leer esos informes técnicos), el proyecto de ejecución se adaptaba ya al básico y se posibilitaba comenzar las obras del hotel, con salvedades: «A excepción de todo aquella que afecte al proyecto técnico de baja tensión», que debía ser aportado, con el correspondiente visado de calidad, y dejando constancia de que «la licencia quedará sujeta al cumplimiento de otros condicionantes señalados en el informe» (nuevamente se opta por no precisar cuáles).
Una lenta incoación del deslinde
Al final, el gobierno de Granadilla concede la licencia de ejecución del proyecto del hotel el 21 de diciembre, seis semanas después de que el Ministerio desde Madrid autorizara la revisión del deslinde a su servicio tinerfeño.
Ese visto bueno llega de forma inmediata por registro eléctrónico al Servicio de Costas de Tenerife, dirigido al jefe de la Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre, Juan Antonio Troya. El sello de entrada lleva fecha del 14 de noviembre de 2018.
Tampoco puede considerarse rápida la incoación del expediente para revisar el deslinde por parte de los funcionarios en Tenerife. De anormalmente largo para lo que es habitual puede catalogarse el tiempo que pasó entre la autorización dada por el Ministerio desde Madrid y el inicio del trámite en Tenerife. No fue hasta el 29 de enero cuando el Servicio de Costas en la provincia dio el paso. Y se publicó en el Boletín Oficial.
Volviendo a la alegación del alcalde, el lector debe conocer que cuando se publicó su contenido en el periódico El Día, el 16 de agosto pasado, este diario se dirigió al Ayuntamiento granadillero para confirmar esa información, a lo que PLANETA CANARIO recibió como respuesta que no tenían constancia de ese documento y que por las vacaciones de agosto de cargos públicos no era posible comprobarlo. La realidad es que la información de El Día era correcta, aunque PLANETA CANARIO ha querido esperar a disponer de copia del escrito de Regalado, que semanas después de esa noticia fue hecho público por el portavoz de Salvar La Tejita, Daniel Duque.
El alcade no tiene dudas de que era suelo urbano antes de 1988
En esa alegación, el acalde se remonta a 1966, cuando se aprobó el Plan General de El Médano, a raíz del cual se aprobó en 1971 el Plan Parcial de Costabella, del que se hicieron obras para ejecutar el proyecto de urbanización en 1973, cuando el suelo era propiedad de otra empresa, Cumesa. Tal ordenación urbanística se mantuvo en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1994, donde se fijaba en 20 metros la servidumbre. Por entonces, en 1995, refiere Regalado, en el Boletín Ofical de la Provincia se publicó que la urbanización «estaba prácticamente finalizada» solo faltaban las zonas verdes.
«No hay ninguna duda de que este sector se encontraba e curso de ejecución a la entrada en vigor de la Ley de Costas» de 1988, defiende Regalado en su escrito, para avalar que la servidumbre del domino público deben ser 20 metros y no 100, como piden los ecologistas y como inicialmente planteó Costas en la revisión del deslinde. ATAN y Salvar La Tejita sostienen lo contrario que el alcalde, que no podía considerarse suelo urbano entonces.
En el posterior Plan General de Ordenación (PGO) de Granadilla que se aprobó entre 2003 y 2005, se incorporó un crucial convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y los promotores en 2002, en aplicación del cual se sitúa en primera línea el uso hotelero. Y el alcalde subraya que ni al PGO ni al proyecto de compensación hubo oposición de la Demarcación de Costas.
En el expediente esgrimido por el alcalde también figura una resolución e 2016 adoptada el entonces viceconsejero de Política Territorial del Gobierno canario, en el que el promotor alegaba que cuando en su día se hicieron las obras de la urbanización parte del paseo actual está en dominio público, y Costas no realizó ninguna aclaración al respecto. También aporta el alcalde el acta de replanteo efectuada en 2016.