PLANETA CANARIO
Las alcaldesas de Güímar y Candelaria y dos exalcaldes de Candelaria y Arafo serán juzgados en febrero de 2027 por su presunta responsabilidad en los vertidos continuados de aguas residuales industriales y urbanas al mar procedentes del Polígono Industrial del Valle de Güímar.
El juicio se celebrará ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y comenzará el 8 de febrero de 2027. Los acusados son María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria por el PSOE; Carmen Luisa Castro Dorta, alcaldesa de Güímar ( del PP); Gumersindo García Trujillo, exalcalde socialista de Candelaria, y José Juan Lemes, exalcalde de Arafo y actualmente asesor de la Presidencia del Gobierno de Canarias.
La Fiscalía atribuye a los cuatro acusados un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro delito de prevaricación administrativa por omisión.
Por el delito medioambiental solicita para cada uno cuatro años de prisión, dos años y seis meses de inhabilitación especial para ejercer profesiones u oficios relacionados con el medio ambiente y una multa de 21 meses, con una cuota diaria de 20 euros.
Por el delito de prevaricación reclama trece años de inhabilitación especial para ejercer empleos o cargos públicos, electivos o no, en las administraciones municipal, insular, autonómica o estatal, cuando impliquen funciones de decisión o gestión en materias medioambientales o urbanísticas.
La causa se centra en las responsabilidades que pudieron producirse desde el 23 de julio de 2013, fecha en la que la Asociación Mixta de Compensación cedió formalmente la gestión y las infraestructuras del polígono a los ayuntamientos de Güímar, Arafo y Candelaria, hasta 2017, cuando la investigación penal y las actuaciones administrativas posteriores comenzaron a modificar la situación.
La autorización para efectuar los vertidos a través del emisario submarino y la concesión para ocupar el dominio público marítimo-terrestre habían caducado en mayo de 2011, antes de que los tres ayuntamientos recibieran formalmente el polígono.
Según el escrito de acusación, los cuatro responsables municipales se habrían abstenido «de forma deliberada y sin justificación» de adoptar las medidas administrativas necesarias para conservar y adecuar las instalaciones, controlar y tratar las aguas residuales y legalizar los vertidos al medio marino.
La Fiscalía sostiene que no se constituyó eficazmente la entidad urbanística de conservación que debía asumir la gestión y el mantenimiento del recinto industrial. Tampoco se habrían consignado las partidas presupuestarias necesarias, contratado personal para la limpieza y conservación ni inspeccionado, mantenido o adaptado las estaciones de bombeo, las instalaciones de tratamiento y la red de evacuación.
El Ministerio Público afirma también que los acusados conocían la existencia de un expediente abierto ante la Viceconsejería de Medio Ambiente para obtener una nueva autorización de vertido, pero no se personaron en él y permitieron que caducara y fuera archivado sin que se lograra regularizar la instalación.
Esta conducta habría permitido, según la acusación, que las aguas residuales industriales generadas por las empresas del polígono, mezcladas con aguas fecales de las urbanizaciones próximas, fueran expulsadas al mar de manera continuada y sin un tratamiento efectivo de depuración.
Riesgos para la salud y el medio marino
El Polígono Industrial del Valle de Güímar ocupa aproximadamente 1,8 millones de metros cuadrados y alberga más de 200 empresas. Algunas de ellas, por la naturaleza de su actividad y de los residuos que producen, están sujetas a autorizaciones ambientales específicas.
Los informes incorporados a la causa describen unas instalaciones de saneamiento en estado de abandono, con estaciones de bombeo y equipos fuera de funcionamiento, construcciones sin cerrar, elementos desvalijados y signos de rebose del caudal.
Las muestras recogidas a la entrada y a la salida de las instalaciones no mostraron diferencias apreciables que permitieran concluir que las aguas hubieran recibido un tratamiento efectivo. Los análisis detectaron detergentes, sulfitos, sulfuros, aceites, grasas, metales y bacterias fecales por encima de los límites establecidos.
Según la Fiscalía, las concentraciones de la bacteria Escherichia coli llegaron a superar de forma continuada hasta cien veces los valores permitidos en algunos controles, generándose un riesgo grave para la salud de las personas, la calidad de las aguas de baño y el equilibrio de los ecosistemas marinos.
Una inspección submarina comprobó, además, que las aguas residuales salían por un único difusor del ramal sureste del emisario, ya que los restantes se encontraban obstruidos.
La denuncia y la instrucción judicial
La investigación comenzó en 2017 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Güímar. La denuncia que dio pie a este causa penal fue presentada en 2017 por Izquierda Unida Canaria (IUC) y Sí se puede (SSP), que se ha personado como acusación popular. En concreto, la firmaron los concejales Francis Hernández (IUC en Arafo), Agustín Espinosa (SSP en Candelaria) y Lourdes Galindo (SSP en Güímar).
Durante la instrucción llegaron a estar investigados responsables políticos, técnicos y gestores relacionados con los ayuntamientos, la Asociación Mixta de Compensación y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Finalmente, el procedimiento continuó únicamente contra los ahora acusados.
Las actuaciones posteriores
Tras la apertura de la investigación penal en 2017, las administraciones implicadas intensificaron las actuaciones dirigidas a legalizar los vertidos y corregir las deficiencias existentes.
En 2019, el Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas, y los ayuntamientos de Güímar, Arafo y Candelaria firmaron un convenio para ejecutar la nueva estación depuradora de aguas residuales industriales del polígono, que comenzó a funcionar en fase de pruebas en marzo de 2022.
Estas medidas posteriores podrán ser valoradas durante el juicio, aunque la Fiscalía sostiene que no eliminan la posible responsabilidad por las omisiones anteriores.
La alcaldesa de Güímar Carmen ha manifestado públicamente que el problema era anterior a su mandato, que los ayuntamientos desconocían determinados aspectos de la situación cuando recibieron el polígono y que la solución requería la intervención de organismos supramunicipales.
El juicio, el año próximo
La vista comenzará el lunes 8 de febrero de 2027, unos meses antes de las elecciones municipales. Las declaraciones de los testigos están señaladas para los días 8, 9, 10 y 11, mientras que las pruebas periciales se practicarán los días 11, 12, 15, 16 y 18.
El martes 16 de febrero serán interrogados los cuatro acusados. La última sesión está prevista para el jueves 18, jornada reservada para los informes finales y las conclusiones de las partes.