NOÉ RAMÓN
No hay resquicio alguno para la duda. El Tribunal Supremo (TS) concluye que los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia jugaron un papel decisivo en la fijación del “notable sobreprecio” de la venta de los terrenos de Las Teresitas al Ayuntamiento de Santa Cruz y el consiguiente “grave quebranto y daño” a las arcas municipales.
La contribución de ambos promotores, actualmente en prisión, en los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, “resulta evidente”. Textualmente el TS apunta: “ni el convenio de 18 de septiembre de 2001, ni la operación de compraventa ni la transferencia de aprovechamientos públicos y cambios de uso que se materializaron en la modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO) que se lleva a cabo en 2005 al implementar el mencionado convenio habrían sido posibles sin la contribución de estos acusados por medio de su empresa Inversiones Las Teresitas (ILT). Y, de hecho, todas estas actuaciones se realizan en su exclusivo beneficio económico”.
El nuevo fallo apunta que “son los promotores de la operación quienes se enriquecen directamente por medio de sus sociedades. Son los receptadores del importe económico del perjuicio subsiguiente del Ayuntamiento en orden a la malversación de caudales públicos con sustracción de fondos que se destinan a terceros que se benefician del correlativo perjuicio del Ayuntamiento”.
Con estos argumentos en la mano se descarta la tesis mantenida por las defensas de González y Plasencia en varias ocasiones en el sentido de que su actuación debe ser interpretada como una conducta meramente neutral, y que, en definitiva, ambos se habrían limitado a actuar como empresarios dispuestos a obtener el mayor beneficio en una venta, y a aprovecharse de las nuevas condiciones urbanísticas de su terreno.
Los empresarios, junto con el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, también en prisión, presentaron ante el TS un incidente de nulidad a la sentencia firme emitida a finales de marzo que en realidad parece ser más bien el paso previo a la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Porque lo cierto es que los argumentos que defienden de nuevo han sido rechazados una y otra vez por cada uno de los tribunales en los que han sido debatidos.
La única novedad es que apelan a una supuesta dilación indebida por parte de TS a la hora de emitir su fallo. Alegación descartada de plano en cuanto que los magistrados apenas tardaron un mes desde que debatieron sobre este asunto en el mes de febrero a cuando emitieron el fallo, en marzo. Y más aún cuando se trata de una causa que es considerada «de enorme complejidad», cuyo sumario está formado por 80.000 folios guardados en 170 tomos enviados desde Tenerife a Madrid en sus correspondientes 45 cajas.
Pero de resto se vuelve a incidir en una cuestión que el TS dio por zanjada hace ya algunas semanas: la valoración de los terrenos. Y es que de nuevo se deja claro que todas las pruebas periciales llevadas a cabo en su día determinan que se pagó tres veces más de lo que valían los terrenos. Por ello, el Supremo rechaza aplicar una rebaja a las penas impuestas a los empresarios que suman más de cinco años, incluso por encima de lo que pidió en su momento la Fiscalía.