PLANETA CANARIO
El recién dimitido presidente del Cabildo de Fuerteventura, el socialista Blas Acosta, se ha retractado de su acusación de que la Justicia en su isla «está podrida» y «viciada», afirmación que hizo a finales de febrero a los medios de comunicacion tras presentar su renuncia al cargo en el transcurso de un pleno de dicha institución insular.
Se da la circunstancia de que Acosta, quien dimitió a sabiendas de que CC, PP y Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) le iban presentar una moción de censura, está investigado en dos causas penales en las que la Fiscalía le pide, entre ambas, más de siete años de cárcel.
Se da la circunstancia de que tras esa acusación, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ), decidió solicitar formalmente copia del audio de las declaraciones radiofónicas en las que el expresidente del Cabildo de Fuerteventura hizo este ataque a la judicatura en la isla, «con el fin de promover las acciones legales necesarias para depurar las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido».
Ante la perspectiva de una querella contra él, Acosta ha dado marcha atrás y se ha disculpado, por entender que sus palabras contra los jueces en la isla eran «absolutamente inaceptables» en su condición de cargo público.
En una carta que ha hecho pública, subraya que su petición de disculpas «es sincera, clara y sin ambages». «Y debo reconocer de manera pública que me he equivocado pues también públicamente cometí el error por el que ahora me disculpo», asevera el político dimisionario, quien además se postula como senador, lo que le daría el beneficio de aforamiento judicial.
«Confío tanto en la Justicia que estoy convencido de que, a pesar de las filtraciones, al final, los procedimientos judiciales a los que me veo sometido quedarán en nada después de demasiados años de instrucción», añadió el exmandatario, quien admite que la dilación en instruirse estas causas le ha podido influir en su «estado anímico».
Este acto de contrición de Acosta ha tenido, a su vez, otra consecuencia: el TSJC desiste de iniciar cualquier acción legal, tras tomar conocimiento de»su claro escrito de retractación».
Durante su intervención en el pleno en que dimitió, Acosta se quejó de «una campaña de acoso y derribo» en la que se le acusa «con graves infundios» y se le «condena, semana sí y otra también, a la pena de telediario, olvidándose algunos de la presunción de inocencia, y de las normas básicas incluso de educación, que también debería haberla en política».
El Ministerio Fiscal pide para él cuatro años y tres meses por los delitos de administración desleal e insolvencia punible durante su gestión en la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa).
A esta petición se suman tres años más de cárcel y nueve de inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo o cargo público para Acosta y el resto de los exmiembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara por un delito de prevaricación urbanística en el caso de La Pared cuando era edil de Urbanismo.