PLANETA CANARIO
Ocho asociaciones de La Palma, entre ellas de damnificados por la catástrofe volcánica de 2021 y de vecinos de la zona afectada, han unido sus voces para dar una serie de recomendaciones a la población y las autoridades tinerfeñas con el ánimo de contribuir a “evitar que se repitan los errores de hace cuatro años en la prevención y gestión de la emergencia del Tajogaite”.
Estos colectivos palmeros aseguran en un comunicado conjunto que siguen “con interés y empatía la actual situación de actividad volcánica anómala en Tenerife” y, desde la experiencia de haber vivido la erupción de 2021 en el Valle de Aridane, consideran “una obligación moral” aconsejar que se actúe a tiempo y se promueva la “cultura de la prevención, sin alarmismo”.
“Precisamente estar preparados para una posible erupción es lo que permite actuar, si llegara a producirse, sin improvisación, con eficacia, salvando vidas y reduciendo daños materiales y psicológicos, además de garantizar una mejor atención y una recuperación más rápida para las personas damnificadas”, ya que, lamentan, “a la emergencia se sumó en nuestro caso la incertidumbre y las dificultades de la reconstrucción”.
Advierten de que en Tenerife —donde, según el Comité Científico del PEVOLCA, la reactivación volcánica iniciada en 2016 continúa en aumento diez años después— “aún se está a tiempo de hacer las cosas bien”.
Por ello, sostienen que, aplicando “el principio de precaución más elemental, es ahora, y no en el largo plazo, cuando deben adoptarse medidas preventivas que preparen a la sociedad sobre los distintos peligros volcánicos, cómo actuar en caso de una emergencia, aplicar medidas de autoprotección y conocer los protocolos específicos en cada municipio y comarca, con el fin de salvaguardar su seguridad personal y minimizar daños en bienes y animales”.
Suscriben este comunicado la Plataforma de Afectados por el Volcán en Cumbre Vieja 2021, la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, la Asociación de Vecinos de La Laguna, la Iniciativa Ciudadana de Afectados por el Volcán, la Asociación Agua para La Palma, la Asociación Tierra Bonita, la Asociación Protectora de Animales y Plantas Benawara y la Asociación Unidad de Protección Animal (UPA-La Palma).
CAMPAÑAS INFORMATIVAS, OBLIGATORIAS POR LEY
También ponen de relieve estos colectivos que la vigente Ley de Volcanes de Canarias —iniciativa legislativa popular que promovieron ante el Parlamento regional personas afectadas por el Tajogaite, avaladas por casi 20.000 firmas—obliga al Gobierno canario a un plan de sensibilización sobre el riesgo volcánico y las medidas para reducir los daños materiales y personales.
Esa misma ley, señalan estas asociaciones, dispone que la Comunidad Autónoma requerirá a las compañías aseguradoras facilitar a la población la información para asegurar las viviendas en zonas de riesgo volcánico.
LOS “ERRORES” EN 2021
Recuerdan estos colectivos que, en el caso de La Palma, “cuando se produjo la erupción del Tajogaite no existía una cultura de prevención ni una planificación actualizada del riesgo volcánico; los barrios que primero resultaron destruidos no habían sido informados del peligro; el semáforo —o nivel de alerta— permanecía en amarillo cuando el volcán entró en erupción; no se evacuó a los habitantes con antelación; y no se han querido hacer públicas las deliberaciones de los órganos científicos y de dirección de la emergencia”.
“La confianza en las instituciones públicas y la resiliencia colectiva se construyen en tiempos de calma, cuando la naturaleza nos avisa con tiempo”, reflexionan estos colectivos palmeros, quienes propugnan que “la erupción del Tajogaite fue una catástrofe de la que debemos y podemos aprender para no tropezar dos veces en la misma piedra”.
LAS 8 RECOMENDACIONES
Por todo lo expuesto, enumeran ocho grandes bloques de medidas que recomiendan que se apliquen más pronto que tarde en Tenerife y en cualquier isla con reactivación de actividad volcánica:
1 Transparencia en la información.
“Comunicación clara, rigurosa y periódica sobre la evolución de la actividad volcánica, poniendo a disposición de la ciudadanía no solo los informes y conclusiones científicas, sino también, en tiempo real, los datos obtenidos por las redes instrumentales que miden parámetros como la sismicidad, las emisiones de gases y la deformación del terreno”.
2 Formación en protocolos de emergencia.
“Formar, cuanto antes y sin esperar al largo plazo, a toda la población en medidas de autoprotección ante los peligros volcánicos, así como en protocolos de evacuación, para que sepa cómo actuar en caso de emergencia. Asimismo, realizar simulacros periódicos en todos los municipios y comarcas con riesgo, igualmente sin esperar al largo plazo”.
Artículo 24 de la Ley de Volcanes: “ 1. El Gobierno de Canarias promoverá […]] un plan de vigilancia del riesgo volcánico que abarque todas las zonas de las islas […] afectadas por dicho riesgo. 2. Dicho plan de vigilancia irá acompañado de un plan de sensibilización a la población sobre el riesgo volcánico y las medidas de minoración de los daños personales y materiales que puedan producirse en caso de una erupción volcánica”.
3 Aseguramiento de propiedades.
“Garantizar la cobertura aseguradora de las propiedades situadas en zonas especialmente expuestas al riesgo volcánico, cubriendo tanto el continente como el contenido, ya que ello permite, en caso de erupción, una indemnización más rápida para los afectados”.
Artículo 28 de la Ley de Volcanes:
«La Comunidad Autónoma de Canarias, dentro de su ámbito competencial, requerirá a las compañías aseguradoras que operen en Canarias o, en su caso, al Consorcio de Compensación de Seguros, facilitar la información necesaria a la población para el aseguramiento de las viviendas que se encuentren en zonas de riesgo volcánico, incluidas aquellas que se mantengan en zonas de alto riesgo volcánico, afección por fisuras o fallas en el terreno».
4 Catastro y Registro de Propiedad
“Mantener los bienes inmuebles debidamente inscritos, delimitados e identificados en el Catastro y en el Registro de la Propiedad, lo cual facilitará la obtención de ayudas e indemnizaciones ajustadas a la realidad del bien afectado.
Garantizar información objetiva sobre el nivel de peligrosidad volcánica de la zona en la que se encuentra una vivienda”.
5 Actualización de planes de emergencia
“Actualizar con carácter urgente los planes y protocolos de emergencia municipales sobre riesgo volcánico (en Tenerife, a diferencia de La Palma, ya está vigente un plan insular), de modo que las medidas en caso de activarse el semáforo volcánico se ajusten a la realidad de cada territorio, con datos actualizados sobre población vulnerable, animales, vías de evacuación e infraestructuras críticas, etc.
Prever canales de comunicación directos con evacuados y afectados, incluyendo el uso de tecnología satelital y drones para mantenerles informados sobre el estado de sus propiedades durante la emergencia”.
6 Planificación territorial actualizada
“Actualizar los planes de ordenación del territorio para que reflejen adecuadamente la realidad, facilitando así una eventual reconstrucción y garantizando los derechos de los afectados, al tiempo que incorporen de manera eficaz y clara la peligrosidad volcánica”.
7 Prevención también para los animales
“Tener inscritos en registros oficiales a los animales de compañía y de granja. En el caso de las Administraciones públicas, deben prever espacios adecuados para alojarlos temporalmente mientras dure la emergencia”.
8 Desarrollo de la Ley de Volcanes de Canarias
“Impulsar el pleno desarrollo de la Ley de Volcanes en todas las medidas de carácter preventivo ya citadas, así como las de planificación necesaria para que, en caso de erupción, las personas afectadas cuenten con apoyo psicológico, jurídico, alojamiento digno, traslado de animales, ayuda material para rescatar y custodiar pertenencias, ayuda en la retirada de cenizas, indemnizaciones y ayudas económicas justas, procedimientos administrativos ágiles, participación efectiva en la toma de decisiones y una reconstrucción sin dilaciones indebidas.
Se trata de una ley que constituye una herramienta fundamental para garantizar los derechos de las personas damnificadas por erupciones volcánicas”.
