PLANETA CANARIO
La Asociación Tierra Bonita, de la que forman parte personas afectadas por la erupción del volcán Tajogaite, continúa su ya larga batalla contra la “falta de transparencia” en la gestión de esta catástrofe, la peor de Europa en el último siglo.
Su nueva iniciativa ha sido la presentación de sendas denuncias ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y la Diputada del Común, Dolores Padrón, contra la negativa del Gobierno canario a entregar a los afectados copia de las grabaciones de las reuniones del comité Científico y de Dirección del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) en los días y horas previos a la erupción.
En sus escritos, según informa Tierra Bonita en un comunicado,solicita que ambas instituciones requieran al Gobierno canario esta documentación, anonimizándola, si se motivara la necesidad de esa medida. Dado que el Gobierno ha afirmado que no existen actas de dichas sesiones, la asociación exige que se acredite esa inexistencia y se determinen las consecuencias de esta grave omisión, ya que la ley y el reglamento del PEVOLCA obligan a levantar acta.
También pide este colectivo que se encargue un informe jurídico independiente, al considerar que el elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno adolece de “parcialidad y falta de motivación suficiente”, y no ha ponderado debidamente el interés general que debe prevalecer en situaciones de emergencia pública como esta.
REVISAR EL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Asimismo, la asociación solicita que se revise el informe emitido en su día por el Defensor del Pueblo sobre la gestión de esta emergencia volcánica, al que achacan “lagunas” significativas por no tener en cuenta la ausencia de evacuación previa de la población en riesgo, pese a las advertencias científicas; el ocultamiento oficial de las grabaciones del PEVOLCA y los numerosos testimonios con quejas de afectados.
“Solo una valoración jurídica objetiva e imparcial podrá restaurar la confianza pública, esclarecer responsabilidades y garantizar el aprendizaje institucional de cara a futuras emergencias”, subraya Tierra Bonita.
Tierra Bonita ha presentado solicitudes y recursos ante la Dirección General de Emergencias del Gobierno canario y la Comisionada de Transparencia, que han alegado la confidencialidad de las deliberaciones.
«PODEROSAS RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO»
Llama la atención que la referida Dirección General le comunicó en mayo a esta entidad ciudadana que no constaba ningún nuevo informe jurídico anunciado por el Gobierno autonómico hacía un año. Sin embargo, semanas después, el mismo organismo notificó una resolución con un nuevo dictamen jurídico, fechado a fines de mayo, en el que se confirma que no hay actas, pero sí grabaciones, pero que estas no tienen relevancia pública.
En cambio, Tierra Bonita defiende que sí concurren razones de poderoso interés público para divulgar esas grabaciones.
Para argumentarlo, ha remitido al Defensor del Pueblo un dossier con su investigación —publicada en ElValledeAridane.com y en una revista impresa con el lema de En busca de la verdad: una erupción sin evacuación previa—, donde se muestra, de manera documentada, todos los indicios de que este fenómeno eruptivo era inminente y no se activaron las medidas obligatorias en estas circunstancias: elevar el nivel de alerta a naranja y evacuar a la población.
Es más, ni siquiera la mañana del domingo 19 de septiembre de 2021 se avisó de manera oficial desde el PEVOLCA a los vecinos de la zona adonde se sabía con antelación que se había desplazado el mayor riesgo, para que estuvieran prevenidos. A los habitantes de los núcleos urbanos más próximos al lugar donde explotó el volcán tampoco se les había convocado a reuniones informativas, como sí sucedió con los de zonas más alejadas, e incluso existen testimonios de que no se les permitió la entrada a esos encuentros con responsables del PEVOLCA.
ADVERTENCIAS CIENTÍFICAS Y PROTOCOLO «INCUMPLIDO»
La asociación denuncia que los informes del comité científico publicados en su momento no coinciden con lo manifestado posteriormente sus propios miembros, pertenecientes al IGN, INVOLCAN, IGME e IEO, quienes reconocieron haber advertido la inminencia de la erupción. En los casos del IGN e IGME, esas versiones fueron matizadas «de manera muy sospechosa” tras la polémica que provocaron en la población y la presentación de una querella penal contra los responsables de gestionar la emergencia.
Además, guardas forestales y bomberos voluntarios han corroborado que a primera hora de la mañana del día de la erupción, que comenzó a las 15:10, ya se les había comunicado que era inminente. Incluso se dio orden de evacuar a cazadores, “pero sin dar ese aviso a la población general”.
Tierra Bonita denuncia que “miles de personas de zonas como El Paraíso, Los Campitos, Pastelero o Todoque no recibieron ningún aviso o fueron explícitamente tranquilizadas por responsables públicos”. “En algunos casos, incluso se les desincentivó asistir a reuniones informativas, lo que generó una alerta insuficiente y caos durante la erupción”.
Como resultado de la falta de evacuación preventiva, “la erupción sorprendió a la población en sus casas, expuesta a riesgos mortales y obligada a autoevacuarse en condiciones caóticas, con pérdida de enseres, objetos personales y animales, al no poder ponerlos a salvo”.
«GRAVÍSIMO PRECEDENTE DE FALTA DE TRANSPARENCIA»
Tierra Bonita propugna que este cúmulo de hechos “justifica la urgente intervención” de las instituciones encargadas de defender a la ciudadanía de esta opacidad de la Administración, para velar por el acceso público a toda la información sobre la toma de decisiones en esta emergencia.
“Ocultar a la sociedad las actas y grabaciones del PEVOLCA”, advierte este grupo de ciudadanos palmeros, “sentaría un precedente gravísimo en la protección de la vida, bienes y confianza pública, por lo que deben activarse todos los mecanismos de control, transparencia y exigencia de responsabilidades”.
El Defensor del Pueblo “ya ha intervenido en otros casos relacionados con la denegación de acceso a información en situaciones de emergencia y elevada relevancia pública, como la gestión de la pandemia de covid-19, otras catástrofes medioambientales o la ocultación de actas en órganos colegiados.
