PLANETA CANARIO
El secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, ha emitido un informe sobre la situación legal de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso (expulsada de Ciudadanos), en el que concluye que no puede ocupar cargos en el gobierno municipal, porque además sus actos serían lesivos para el interés del Ayuntamiento, a raíz de una nueva interpretación de la ley aplicable a los ediles no adscritos promulgada en una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
La argumentación del funcionario, cuyo criterio en este caso es preceptivo pero no vinculante, tiene matices en cuanto a cómo debe actuar la corporación municipal para cumplir la legalidad. En primer lugar, deja patente que no podrá desempeñar cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del Ayuntamiento, y, de hecho, el gobierno local (formado por CC, PP y ella), ya ha anunciado que Alonso dimitirá de sus responsabilidades en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo.
Pero en lo que atañe a su destitución como teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, en la que además adopta decisiones administrativas, el secretario plantea una salida jurídica: la declaración de lesividad, por parte del pleno del Ayuntamiento, de los actos adoptados [por la edil tránsfuga] por ser lesivos para los intereses generales, lo que podría acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El funcionario alega que esta fórmula la propone porque es lo que le compete como jurista, ya que señala como «obvio que pueden existir otras alternativas para depurar los actos anulables, pero siempre basadas en motivos de oportunidad y no de legalidad, que esta Secretaría General no puede ni debe valorar», en una aparente alusión a la renuncia o la destitución de la edil.
Eso sí, aunque suene complejo el camino jurídico planteado por Luis Prieto, en su informe deja patente que para él «parece claro, a la vista de los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020, que dichos actos pueden ser considerados como claramente lesivos para los intereses generales protegidos por la norma que es objeto de interpretación, esto es, el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local», por lo que, a su juicio, «procedería su depuración con arreglo a los tramites y requisitos que señala el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común», esto es, la lesividad.
El secretario municipal argumenta que si bien la jurisprudencia no es fuente del derecho, y la sentencia del Tribunal Supremo no resulta aplicable sino a quienes fueron parte del proceso -un caso de transfuguismo en Valencia-, dicha resolución judicial sí que fija doctrina legal, por lo que «obliga a un replanteamiento» de la interpretación que se venía manteniendo de la citada ley.
Alonso dimite de dos entidades municipales y anuncia que mantendrá su apoyo a CC-PP
Por el momento, lo que ha anunciado Evelyn Alonso es que dimitirá como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo, pero no ha aludido a su condición de miembro de la Junta de Gobierno Local. Alonso ha manifestado que acatará, como no podía ser de otra manera, aquellas decisiones derivadas de decisiones judiciales, y ha celebrado que el informe del secretario “incluya de manera clara» que sus derechos como concejala «siguen intactos”.
En realidad, la edil tránsfuga se refiere a la participación en plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas, y otros, pero desde luego el informe abre la puerta a su destitución, y, por tanto, la pérdida de sus derechos como concejal del grupo de gobierno.
En cualquier caso, la estabilidad del equipo gobernante que preside el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC-PNC), está salvo, porque la concejala ha querido destacar que con los derechos que le quedan podrá seguir apoyando al gobierno local y ha recordado además que “sigue pendiente la resolución judicial respecto a mi situación en el partido con el que concurrí a las elecciones”.
Trujillo: «El alcalde debe cesarla ya y no usar una estratagema para incumplir durante meses la ley»
Pero la oposición (PSOE, Unidas Podemos y Cs), que ya reclamó su destitución o renuncia de todos su cargos antes del informe del secretario, ahora lo reivindica con más ahinco.
En un comunicado difundido este sábado, Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo), rechaza que Alonso pueda ser cesada de sus funciones de gobierno “a fuego lento”.
El procedimiento señalado por el secretario, señala el edil, «serviría como estratagema para incumplir la ley de forma deliberada durante meses. De ser así, advierte el portavoz municipal de Unidas Podemos, su formación evaluará llevar el caso a los tribunales para determinar eventuales responsabilidades legales.
Trujillo denuncia que la apertura de un expediente de declaración de lesividad, para que la concejala tránsfuga abandone sus responsabilidades de gobierno, «sería una burda estrategia dilatoria que, por una parte, permitiría seguir incumpliendo la ley durante meses y, por otra, constituiría un fraude de ley».
Recuerda el portavoz de la alianza de izquierdas que la declaración de lesividad «se aplica cuando la administración dicta un acto favorable a una persona que es anulable por infringir el ordenamiento jurídico; en estos casos el Pleno tiene que declarar la lesividad del acto para, posteriormente, impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que conlleva la tramitación de un procedimiento judicial de meses o, incluso, años».
La «paradoja» de la vía propuesta por el secretario
«Obviamente», abunda Trujillo, «este procedimiento no es aplicable y carece jurídicamente de sentido cuando no hay ningún derecho de la señora Alonso que haya sido vulnerado; por el contrario, es la situación de la concejala tránsfuga, ocupando puestos de gobierno, la que vulnera la legalidad, elude los mecanismos de penalización de una conducta reprochable, como lo es el transfuguismo, y, asimismo, daña el derecho de la ciudadanía a contar con una administración conformada en coherencia con lo que prescriben las leyes».
El edil de la formación progresista indica que si se acude a esta declaración de lesividad, «la paradoja sería que el nombramiento, contrario a derecho, de la concejala tránsfuga se estaría usando como pretexto para recurrir a un procedimiento que perpetuaría su situación de ilegalidad».
Por ello, Unidas Podemos reitera su exigencia al alcalde de «cese inmediato de la concejala tránsfuga revocando las competencias que le ha delegado y desistiendo de toda estrategia dilatoria», porque » la ley permite usar el transfuguismo para gobernar, pero que, sin embargo, impone un coste, que consiste en tener que excluir de su gobierno a la tránsfuga que lo llevó al ejecutivo municipal».
Zambudio: “El gobierno de Santa Cruz no puede seguir desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”
Antes de conocerse el dictamen del secretario municipal, Cs denunció en una nota que “el gobierno de Santa Cruz de Tenerife actúa desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”, según indicó la portavoz en el Ayuntamiento Matilde Zambudio, que es abogada.
Asimismo, declaró que “el alcalde también incumple de manera flagrante lo sentenciado”, ya que “sigue sin cesar a Evelyn Alonso de los cargos que ostenta de manera fraudulenta”. En esta línea, indicó que “el secretario general del Pleno ya advirtió en julio que no se podía nombrar a una no adscrita como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo”, un hecho que “fue desoído por el actual equipo de gobierno y por Bermúdez”.
“La no aplicación inmediata de la sentencia genera una gran incertidumbre jurídica en todos los acuerdos y expedientes firmados por Evelyn Alonso por un posible vicio de nulidad”, como es el caso de “contratos, ayudas o multas, que cualquier ciudadano podría llegar a recurrir o impugnar”, apostilló.
Patricia Hernández: «El alcalde es abogado, así que lo hace a sabiendas»
Durante la Comisión de Control celebrada el jueves -el informe trascendió el viernes-, el portavoz del PP, Carlos Tarife, patentizó que el equipo gobernante acataría el cumplimiento de la legalidad, según indicara el secretario.
En el mismo sentido se expresó Alfonso Cabello (CC-PNC), al expresar en esa sesión que acatarán «hasta las últimas consecuencias» el informe del funcionario.
En esa sesión la jefa de filas del PSOE, la exalcaldesa Patricia Hernández, llegó a afirmar que, puesto que Bermúdez es abogado, su negativa a destituir a Evelyn Alonso la lleva a cabo «a sabiendas» de que con la interpretación que hace el Supremo de la ley, la edil no puede continuar en el gobierno chicharrero.
El equipo de gobierno prometió acatar el informe del secretario
Y desde CC-PNC también su portavoz, Juan José Martínez, echó mano al argumento de que la ahora oposición es «hipócrita» porque el anterior gobierno (PSOE-CS con apoyo externo de Unidas Podemos) se apoyó en tránsfugas del partido naranja, de lo cual hicieron una guerra Coalición Canaria y PP.
La realidad es que los dos ediles de Cs (Ramon Lazcano, que dimitió en pleno confinamiento por la Covid-19 y le sustituyó Alonso) y Zambudio, finalmente fueron readmitidos por Cs. Hay que señalar que Ciudadanos aceptó posteriormente la bondad del pacto que hizo alcaldesa a Patricia Hernández, y ha expulsado a Evelyn Alonso, aunque queda pendiente de resolver el recurso judicial que la expulsada ha planteado contra su expartido.
PLANETA CANARIO
El secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, ha emitido un informe sobre la situación legal de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso (expulsada de Ciudadanos), en el que concluye que no puede ocupar cargos en el gobierno municipal, porque además sus actos serían lesivos para el interés del Ayuntamiento, a raíz de una nueva interpretación de la ley aplicable a los ediles no adscritos promulgada en una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
La argumentación del funcionario, cuyo criterio en este caso es preceptivo pero no vinculante, tiene matices en cuanto a cómo debe actuar la corporación municipal para cumplir la legalidad. En primer lugar, deja patente que no podrá desempeñar cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del Ayuntamiento, y, de hecho, el gobierno local (formado por CC, PP y ella), ya ha anunciado que Alonso dimitirá de sus responsabilidades en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo.
Pero en lo que atañe a su destitución como teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, en la que además adopta decisiones administrativas, el secretario plantea una salida jurídica: la declaración de lesividad, por parte del pleno del Ayuntamiento, de los actos adoptados [por la edil tránsfuga] por ser lesivos para los intereses generales, lo que podría acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El funcionario alega que esta fórmula la propone porque es lo que le compete como jurista, ya que señala como «obvio que pueden existir otras alternativas para depurar los actos anulables, pero siempre basadas en motivos de oportunidad y no de legalidad, que esta Secretaría General no puede ni debe valorar», en una aparente alusión a la renuncia o la destitución de la edil.
Eso sí, aunque suene complejo el camino jurídico planteado por Luis Prieto, en su informe deja patente que para él «parece claro, a la vista de los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020, que dichos actos pueden ser considerados como claramente lesivos para los intereses generales protegidos por la norma que es objeto de interpretación, esto es, el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local», por lo que, a su juicio, «procedería su depuración con arreglo a los tramites y requisitos que señala el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común», esto es, la lesividad.
El secretario municipal argumenta que si bien la jurisprudencia no es fuente del derecho, y la sentencia del Tribunal Supremo no resulta aplicable sino a quienes fueron parte del proceso -un caso de transfuguismo en Valencia-, dicha resolución judicial sí que fija doctrina legal, por lo que «obliga a un replanteamiento» de la interpretación que se venía manteniendo de la citada ley.
Alonso dimite de dos entidades municipales y anuncia que mantendrá su apoyo a CC-PP
Por el momento, lo que ha anunciado Evelyn Alonso es que dimitirá como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo, pero no ha aludido a su condición de miembro de la Junta de Gobierno Local. Alonso ha manifestado que acatará, como no podía ser de otra manera, aquellas decisiones derivadas de decisiones judiciales, y ha celebrado que el informe del secretario “incluya de manera clara» que sus derechos como concejala «siguen intactos”.
En realidad, la edil tránsfuga se refiere a la participación en plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas, y otros, pero desde luego el informe abre la puerta a su destitución, y, por tanto, la pérdida de sus derechos como concejal del grupo de gobierno.
En cualquier caso, la estabilidad del equipo gobernante que preside el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC-PNC), está salvo, porque la concejala ha querido destacar que con los derechos que le quedan podrá seguir apoyando al gobierno local y ha recordado además que “sigue pendiente la resolución judicial respecto a mi situación en el partido con el que concurrí a las elecciones”.
Trujillo: «El alcalde debe cesarla ya y no usar una estratagema para incumplir durante meses la ley»
Pero la oposición (PSOE, Unidas Podemos y Cs), que ya reclamó su destitución o renuncia de todos su cargos antes del informe del secretario, ahora lo reivindica con más ahinco.
En un comunicado difundido este sábado, Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo), rechaza que Alonso pueda ser cesada de sus funciones de gobierno “a fuego lento”.
El procedimiento señalado por el secretario, señala el edil, «serviría como estratagema para incumplir la ley de forma deliberada durante meses. De ser así, advierte el portavoz municipal de Unidas Podemos, su formación evaluará llevar el caso a los tribunales para determinar eventuales responsabilidades legales.
Trujillo denuncia que la apertura de un expediente de declaración de lesividad, para que la concejala tránsfuga abandone sus responsabilidades de gobierno, «sería una burda estrategia dilatoria que, por una parte, permitiría seguir incumpliendo la ley durante meses y, por otra, constituiría un fraude de ley».
Recuerda el portavoz de la alianza de izquierdas que la declaración de lesividad «se aplica cuando la administración dicta un acto favorable a una persona que es anulable por infringir el ordenamiento jurídico; en estos casos el Pleno tiene que declarar la lesividad del acto para, posteriormente, impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que conlleva la tramitación de un procedimiento judicial de meses o, incluso, años».
La «paradoja» de la vía propuesta por el secretario
«Obviamente», abunda Trujillo, «este procedimiento no es aplicable y carece jurídicamente de sentido cuando no hay ningún derecho de la señora Alonso que haya sido vulnerado; por el contrario, es la situación de la concejala tránsfuga, ocupando puestos de gobierno, la que vulnera la legalidad, elude los mecanismos de penalización de una conducta reprochable, como lo es el transfuguismo, y, asimismo, daña el derecho de la ciudadanía a contar con una administración conformada en coherencia con lo que prescriben las leyes».
El edil de la formación progresista indica que si se acude a esta declaración de lesividad, «la paradoja sería que el nombramiento, contrario a derecho, de la concejala tránsfuga se estaría usando como pretexto para recurrir a un procedimiento que perpetuaría su situación de ilegalidad».
Por ello, Unidas Podemos reitera su exigencia al alcalde de «cese inmediato de la concejala tránsfuga revocando las competencias que le ha delegado y desistiendo de toda estrategia dilatoria», porque » la ley permite usar el transfuguismo para gobernar, pero que, sin embargo, impone un coste, que consiste en tener que excluir de su gobierno a la tránsfuga que lo llevó al ejecutivo municipal».
Zambudio: “El gobierno de Santa Cruz no puede seguir desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”
Antes de conocerse el dictamen del secretario municipal, Cs denunció en una nota que “el gobierno de Santa Cruz de Tenerife actúa desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”, según indicó la portavoz en el Ayuntamiento Matilde Zambudio, que es abogada.
Asimismo, declaró que “el alcalde también incumple de manera flagrante lo sentenciado”, ya que “sigue sin cesar a Evelyn Alonso de los cargos que ostenta de manera fraudulenta”. En esta línea, indicó que “el secretario general del Pleno ya advirtió en julio que no se podía nombrar a una no adscrita como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo”, un hecho que “fue desoído por el actual equipo de gobierno y por Bermúdez”.
“La no aplicación inmediata de la sentencia genera una gran incertidumbre jurídica en todos los acuerdos y expedientes firmados por Evelyn Alonso por un posible vicio de nulidad”, como es el caso de “contratos, ayudas o multas, que cualquier ciudadano podría llegar a recurrir o impugnar”, apostilló.
Patricia Hernández: «El alcalde es abogado, así que lo hace a sabiendas»
Durante la Comisión de Control celebrada el jueves -el informe trascendió el viernes-, el portavoz del PP, Carlos Tarife, patentizó que el equipo gobernante acataría el cumplimiento de la legalidad, según indicara el secretario.
En el mismo sentido se expresó Alfonso Cabello (CC-PNC), al expresar en esa sesión que acatarán «hasta las últimas consecuencias» el informe del funcionario.
En esa sesión la jefa de filas del PSOE, la exalcaldesa Patricia Hernández, llegó a afirmar que, puesto que Bermúdez es abogado, su negativa a destituir a Evelyn Alonso la lleva a cabo «a sabiendas» de que con la interpretación que hace el Supremo de la ley, la edil no puede continuar en el gobierno chicharrero.
El equipo de gobierno prometió acatar el informe del secretario
Y desde CC-PNC también su portavoz, Juan José Martínez, echó mano al argumento de que la ahora oposición es «hipócrita» porque el anterior gobierno (PSOE-CS con apoyo externo de Unidas Podemos) se apoyó en tránsfugas del partido naranja, de lo cual hicieron una guerra Coalición Canaria y PP.
La realidad es que los dos ediles de Cs (Ramon Lazcano, que dimitió en pleno confinamiento por la Covid-19 y le sustituyó Alonso) y Zambudio, finalmente fueron readmitidos por Cs. Hay que señalar que Ciudadanos aceptó posteriormente la bondad del pacto que hizo alcaldesa a Patricia Hernández, y ha expulsado a Evelyn Alonso, aunque queda pendiente de resolver el recurso judicial que la expulsada ha planteado contra su expartido.
PLANETA CANARIO
El secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, ha emitido un informe sobre la situación legal de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso (expulsada de Ciudadanos), en el que concluye que no puede ocupar cargos en el gobierno municipal, porque además sus actos serían lesivos para el interés del Ayuntamiento, a raíz de una nueva interpretación de la ley aplicable a los ediles no adscritos promulgada en una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
La argumentación del funcionario, cuyo criterio en este caso es preceptivo pero no vinculante, tiene matices en cuanto a cómo debe actuar la corporación municipal para cumplir la legalidad. En primer lugar, deja patente que no podrá desempeñar cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del Ayuntamiento, y, de hecho, el gobierno local (formado por CC, PP y ella), ya ha anunciado que Alonso dimitirá de sus responsabilidades en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo.
Pero en lo que atañe a su destitución como teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, en la que además adopta decisiones administrativas, el secretario plantea una salida jurídica: la declaración de lesividad, por parte del pleno del Ayuntamiento, de los actos adoptados [por la edil tránsfuga] por ser lesivos para los intereses generales, lo que podría acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El funcionario alega que esta fórmula la propone porque es lo que le compete como jurista, ya que señala como «obvio que pueden existir otras alternativas para depurar los actos anulables, pero siempre basadas en motivos de oportunidad y no de legalidad, que esta Secretaría General no puede ni debe valorar», en una aparente alusión a la renuncia o la destitución de la edil.
Eso sí, aunque suene complejo el camino jurídico planteado por Luis Prieto, en su informe deja patente que para él «parece claro, a la vista de los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020, que dichos actos pueden ser considerados como claramente lesivos para los intereses generales protegidos por la norma que es objeto de interpretación, esto es, el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local», por lo que, a su juicio, «procedería su depuración con arreglo a los tramites y requisitos que señala el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común», esto es, la lesividad.
El secretario municipal argumenta que si bien la jurisprudencia no es fuente del derecho, y la sentencia del Tribunal Supremo no resulta aplicable sino a quienes fueron parte del proceso -un caso de transfuguismo en Valencia-, dicha resolución judicial sí que fija doctrina legal, por lo que «obliga a un replanteamiento» de la interpretación que se venía manteniendo de la citada ley.
Alonso dimite de dos entidades municipales y anuncia que mantendrá su apoyo a CC-PP
Por el momento, lo que ha anunciado Evelyn Alonso es que dimitirá como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo, pero no ha aludido a su condición de miembro de la Junta de Gobierno Local. Alonso ha manifestado que acatará, como no podía ser de otra manera, aquellas decisiones derivadas de decisiones judiciales, y ha celebrado que el informe del secretario “incluya de manera clara» que sus derechos como concejala «siguen intactos”.
En realidad, la edil tránsfuga se refiere a la participación en plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas, y otros, pero desde luego el informe abre la puerta a su destitución, y, por tanto, la pérdida de sus derechos como concejal del grupo de gobierno.
En cualquier caso, la estabilidad del equipo gobernante que preside el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC-PNC), está salvo, porque la concejala ha querido destacar que con los derechos que le quedan podrá seguir apoyando al gobierno local y ha recordado además que “sigue pendiente la resolución judicial respecto a mi situación en el partido con el que concurrí a las elecciones”.
Trujillo: «El alcalde debe cesarla ya y no usar una estratagema para incumplir durante meses la ley»
Pero la oposición (PSOE, Unidas Podemos y Cs), que ya reclamó su destitución o renuncia de todos su cargos antes del informe del secretario, ahora lo reivindica con más ahinco.
En un comunicado difundido este sábado, Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo), rechaza que Alonso pueda ser cesada de sus funciones de gobierno “a fuego lento”.
El procedimiento señalado por el secretario, señala el edil, «serviría como estratagema para incumplir la ley de forma deliberada durante meses. De ser así, advierte el portavoz municipal de Unidas Podemos, su formación evaluará llevar el caso a los tribunales para determinar eventuales responsabilidades legales.
Trujillo denuncia que la apertura de un expediente de declaración de lesividad, para que la concejala tránsfuga abandone sus responsabilidades de gobierno, «sería una burda estrategia dilatoria que, por una parte, permitiría seguir incumpliendo la ley durante meses y, por otra, constituiría un fraude de ley».
Recuerda el portavoz de la alianza de izquierdas que la declaración de lesividad «se aplica cuando la administración dicta un acto favorable a una persona que es anulable por infringir el ordenamiento jurídico; en estos casos el Pleno tiene que declarar la lesividad del acto para, posteriormente, impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que conlleva la tramitación de un procedimiento judicial de meses o, incluso, años».
La «paradoja» de la vía propuesta por el secretario
«Obviamente», abunda Trujillo, «este procedimiento no es aplicable y carece jurídicamente de sentido cuando no hay ningún derecho de la señora Alonso que haya sido vulnerado; por el contrario, es la situación de la concejala tránsfuga, ocupando puestos de gobierno, la que vulnera la legalidad, elude los mecanismos de penalización de una conducta reprochable, como lo es el transfuguismo, y, asimismo, daña el derecho de la ciudadanía a contar con una administración conformada en coherencia con lo que prescriben las leyes».
El edil de la formación progresista indica que si se acude a esta declaración de lesividad, «la paradoja sería que el nombramiento, contrario a derecho, de la concejala tránsfuga se estaría usando como pretexto para recurrir a un procedimiento que perpetuaría su situación de ilegalidad».
Por ello, Unidas Podemos reitera su exigencia al alcalde de «cese inmediato de la concejala tránsfuga revocando las competencias que le ha delegado y desistiendo de toda estrategia dilatoria», porque » la ley permite usar el transfuguismo para gobernar, pero que, sin embargo, impone un coste, que consiste en tener que excluir de su gobierno a la tránsfuga que lo llevó al ejecutivo municipal».
Zambudio: “El gobierno de Santa Cruz no puede seguir desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”
Antes de conocerse el dictamen del secretario municipal, Cs denunció en una nota que “el gobierno de Santa Cruz de Tenerife actúa desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”, según indicó la portavoz en el Ayuntamiento Matilde Zambudio, que es abogada.
Asimismo, declaró que “el alcalde también incumple de manera flagrante lo sentenciado”, ya que “sigue sin cesar a Evelyn Alonso de los cargos que ostenta de manera fraudulenta”. En esta línea, indicó que “el secretario general del Pleno ya advirtió en julio que no se podía nombrar a una no adscrita como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo”, un hecho que “fue desoído por el actual equipo de gobierno y por Bermúdez”.
“La no aplicación inmediata de la sentencia genera una gran incertidumbre jurídica en todos los acuerdos y expedientes firmados por Evelyn Alonso por un posible vicio de nulidad”, como es el caso de “contratos, ayudas o multas, que cualquier ciudadano podría llegar a recurrir o impugnar”, apostilló.
Patricia Hernández: «El alcalde es abogado, así que lo hace a sabiendas»
Durante la Comisión de Control celebrada el jueves -el informe trascendió el viernes-, el portavoz del PP, Carlos Tarife, patentizó que el equipo gobernante acataría el cumplimiento de la legalidad, según indicara el secretario.
En el mismo sentido se expresó Alfonso Cabello (CC-PNC), al expresar en esa sesión que acatarán «hasta las últimas consecuencias» el informe del funcionario.
En esa sesión la jefa de filas del PSOE, la exalcaldesa Patricia Hernández, llegó a afirmar que, puesto que Bermúdez es abogado, su negativa a destituir a Evelyn Alonso la lleva a cabo «a sabiendas» de que con la interpretación que hace el Supremo de la ley, la edil no puede continuar en el gobierno chicharrero.
El equipo de gobierno prometió acatar el informe del secretario
Y desde CC-PNC también su portavoz, Juan José Martínez, echó mano al argumento de que la ahora oposición es «hipócrita» porque el anterior gobierno (PSOE-CS con apoyo externo de Unidas Podemos) se apoyó en tránsfugas del partido naranja, de lo cual hicieron una guerra Coalición Canaria y PP.
La realidad es que los dos ediles de Cs (Ramon Lazcano, que dimitió en pleno confinamiento por la Covid-19 y le sustituyó Alonso) y Zambudio, finalmente fueron readmitidos por Cs. Hay que señalar que Ciudadanos aceptó posteriormente la bondad del pacto que hizo alcaldesa a Patricia Hernández, y ha expulsado a Evelyn Alonso, aunque queda pendiente de resolver el recurso judicial que la expulsada ha planteado contra su expartido.
PLANETA CANARIO
El secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, ha emitido un informe sobre la situación legal de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso (expulsada de Ciudadanos), en el que concluye que no puede ocupar cargos en el gobierno municipal, porque además sus actos serían lesivos para el interés del Ayuntamiento, a raíz de una nueva interpretación de la ley aplicable a los ediles no adscritos promulgada en una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
La argumentación del funcionario, cuyo criterio en este caso es preceptivo pero no vinculante, tiene matices en cuanto a cómo debe actuar la corporación municipal para cumplir la legalidad. En primer lugar, deja patente que no podrá desempeñar cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del Ayuntamiento, y, de hecho, el gobierno local (formado por CC, PP y ella), ya ha anunciado que Alonso dimitirá de sus responsabilidades en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo.
Pero en lo que atañe a su destitución como teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, en la que además adopta decisiones administrativas, el secretario plantea una salida jurídica: la declaración de lesividad, por parte del pleno del Ayuntamiento, de los actos adoptados [por la edil tránsfuga] por ser lesivos para los intereses generales, lo que podría acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El funcionario alega que esta fórmula la propone porque es lo que le compete como jurista, ya que señala como «obvio que pueden existir otras alternativas para depurar los actos anulables, pero siempre basadas en motivos de oportunidad y no de legalidad, que esta Secretaría General no puede ni debe valorar», en una aparente alusión a la renuncia o la destitución de la edil.
Eso sí, aunque suene complejo el camino jurídico planteado por Luis Prieto, en su informe deja patente que para él «parece claro, a la vista de los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020, que dichos actos pueden ser considerados como claramente lesivos para los intereses generales protegidos por la norma que es objeto de interpretación, esto es, el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local», por lo que, a su juicio, «procedería su depuración con arreglo a los tramites y requisitos que señala el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común», esto es, la lesividad.
El secretario municipal argumenta que si bien la jurisprudencia no es fuente del derecho, y la sentencia del Tribunal Supremo no resulta aplicable sino a quienes fueron parte del proceso -un caso de transfuguismo en Valencia-, dicha resolución judicial sí que fija doctrina legal, por lo que «obliga a un replanteamiento» de la interpretación que se venía manteniendo de la citada ley.
Alonso dimite de dos entidades municipales y anuncia que mantendrá su apoyo a CC-PP
Por el momento, lo que ha anunciado Evelyn Alonso es que dimitirá como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo, pero no ha aludido a su condición de miembro de la Junta de Gobierno Local. Alonso ha manifestado que acatará, como no podía ser de otra manera, aquellas decisiones derivadas de decisiones judiciales, y ha celebrado que el informe del secretario “incluya de manera clara» que sus derechos como concejala «siguen intactos”.
En realidad, la edil tránsfuga se refiere a la participación en plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas, y otros, pero desde luego el informe abre la puerta a su destitución, y, por tanto, la pérdida de sus derechos como concejal del grupo de gobierno.
En cualquier caso, la estabilidad del equipo gobernante que preside el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC-PNC), está salvo, porque la concejala ha querido destacar que con los derechos que le quedan podrá seguir apoyando al gobierno local y ha recordado además que “sigue pendiente la resolución judicial respecto a mi situación en el partido con el que concurrí a las elecciones”.
Trujillo: «El alcalde debe cesarla ya y no usar una estratagema para incumplir durante meses la ley»
Pero la oposición (PSOE, Unidas Podemos y Cs), que ya reclamó su destitución o renuncia de todos su cargos antes del informe del secretario, ahora lo reivindica con más ahinco.
En un comunicado difundido este sábado, Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo), rechaza que Alonso pueda ser cesada de sus funciones de gobierno “a fuego lento”.
El procedimiento señalado por el secretario, señala el edil, «serviría como estratagema para incumplir la ley de forma deliberada durante meses. De ser así, advierte el portavoz municipal de Unidas Podemos, su formación evaluará llevar el caso a los tribunales para determinar eventuales responsabilidades legales.
Trujillo denuncia que la apertura de un expediente de declaración de lesividad, para que la concejala tránsfuga abandone sus responsabilidades de gobierno, «sería una burda estrategia dilatoria que, por una parte, permitiría seguir incumpliendo la ley durante meses y, por otra, constituiría un fraude de ley».
Recuerda el portavoz de la alianza de izquierdas que la declaración de lesividad «se aplica cuando la administración dicta un acto favorable a una persona que es anulable por infringir el ordenamiento jurídico; en estos casos el Pleno tiene que declarar la lesividad del acto para, posteriormente, impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que conlleva la tramitación de un procedimiento judicial de meses o, incluso, años».
La «paradoja» de la vía propuesta por el secretario
«Obviamente», abunda Trujillo, «este procedimiento no es aplicable y carece jurídicamente de sentido cuando no hay ningún derecho de la señora Alonso que haya sido vulnerado; por el contrario, es la situación de la concejala tránsfuga, ocupando puestos de gobierno, la que vulnera la legalidad, elude los mecanismos de penalización de una conducta reprochable, como lo es el transfuguismo, y, asimismo, daña el derecho de la ciudadanía a contar con una administración conformada en coherencia con lo que prescriben las leyes».
El edil de la formación progresista indica que si se acude a esta declaración de lesividad, «la paradoja sería que el nombramiento, contrario a derecho, de la concejala tránsfuga se estaría usando como pretexto para recurrir a un procedimiento que perpetuaría su situación de ilegalidad».
Por ello, Unidas Podemos reitera su exigencia al alcalde de «cese inmediato de la concejala tránsfuga revocando las competencias que le ha delegado y desistiendo de toda estrategia dilatoria», porque » la ley permite usar el transfuguismo para gobernar, pero que, sin embargo, impone un coste, que consiste en tener que excluir de su gobierno a la tránsfuga que lo llevó al ejecutivo municipal».
Zambudio: “El gobierno de Santa Cruz no puede seguir desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”
Antes de conocerse el dictamen del secretario municipal, Cs denunció en una nota que “el gobierno de Santa Cruz de Tenerife actúa desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”, según indicó la portavoz en el Ayuntamiento Matilde Zambudio, que es abogada.
Asimismo, declaró que “el alcalde también incumple de manera flagrante lo sentenciado”, ya que “sigue sin cesar a Evelyn Alonso de los cargos que ostenta de manera fraudulenta”. En esta línea, indicó que “el secretario general del Pleno ya advirtió en julio que no se podía nombrar a una no adscrita como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo”, un hecho que “fue desoído por el actual equipo de gobierno y por Bermúdez”.
“La no aplicación inmediata de la sentencia genera una gran incertidumbre jurídica en todos los acuerdos y expedientes firmados por Evelyn Alonso por un posible vicio de nulidad”, como es el caso de “contratos, ayudas o multas, que cualquier ciudadano podría llegar a recurrir o impugnar”, apostilló.
Patricia Hernández: «El alcalde es abogado, así que lo hace a sabiendas»
Durante la Comisión de Control celebrada el jueves -el informe trascendió el viernes-, el portavoz del PP, Carlos Tarife, patentizó que el equipo gobernante acataría el cumplimiento de la legalidad, según indicara el secretario.
En el mismo sentido se expresó Alfonso Cabello (CC-PNC), al expresar en esa sesión que acatarán «hasta las últimas consecuencias» el informe del funcionario.
En esa sesión la jefa de filas del PSOE, la exalcaldesa Patricia Hernández, llegó a afirmar que, puesto que Bermúdez es abogado, su negativa a destituir a Evelyn Alonso la lleva a cabo «a sabiendas» de que con la interpretación que hace el Supremo de la ley, la edil no puede continuar en el gobierno chicharrero.
El equipo de gobierno prometió acatar el informe del secretario
Y desde CC-PNC también su portavoz, Juan José Martínez, echó mano al argumento de que la ahora oposición es «hipócrita» porque el anterior gobierno (PSOE-CS con apoyo externo de Unidas Podemos) se apoyó en tránsfugas del partido naranja, de lo cual hicieron una guerra Coalición Canaria y PP.
La realidad es que los dos ediles de Cs (Ramon Lazcano, que dimitió en pleno confinamiento por la Covid-19 y le sustituyó Alonso) y Zambudio, finalmente fueron readmitidos por Cs. Hay que señalar que Ciudadanos aceptó posteriormente la bondad del pacto que hizo alcaldesa a Patricia Hernández, y ha expulsado a Evelyn Alonso, aunque queda pendiente de resolver el recurso judicial que la expulsada ha planteado contra su expartido.
PLANETA CANARIO
El secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, ha emitido un informe sobre la situación legal de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso (expulsada de Ciudadanos), en el que concluye que no puede ocupar cargos en el gobierno municipal, porque además sus actos serían lesivos para el interés del Ayuntamiento, a raíz de una nueva interpretación de la ley aplicable a los ediles no adscritos promulgada en una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
La argumentación del funcionario, cuyo criterio en este caso es preceptivo pero no vinculante, tiene matices en cuanto a cómo debe actuar la corporación municipal para cumplir la legalidad. En primer lugar, deja patente que no podrá desempeñar cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del Ayuntamiento, y, de hecho, el gobierno local (formado por CC, PP y ella), ya ha anunciado que Alonso dimitirá de sus responsabilidades en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo.
Pero en lo que atañe a su destitución como teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, en la que además adopta decisiones administrativas, el secretario plantea una salida jurídica: la declaración de lesividad, por parte del pleno del Ayuntamiento, de los actos adoptados [por la edil tránsfuga] por ser lesivos para los intereses generales, lo que podría acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El funcionario alega que esta fórmula la propone porque es lo que le compete como jurista, ya que señala como «obvio que pueden existir otras alternativas para depurar los actos anulables, pero siempre basadas en motivos de oportunidad y no de legalidad, que esta Secretaría General no puede ni debe valorar», en una aparente alusión a la renuncia o la destitución de la edil.
Eso sí, aunque suene complejo el camino jurídico planteado por Luis Prieto, en su informe deja patente que para él «parece claro, a la vista de los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020, que dichos actos pueden ser considerados como claramente lesivos para los intereses generales protegidos por la norma que es objeto de interpretación, esto es, el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local», por lo que, a su juicio, «procedería su depuración con arreglo a los tramites y requisitos que señala el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común», esto es, la lesividad.
El secretario municipal argumenta que si bien la jurisprudencia no es fuente del derecho, y la sentencia del Tribunal Supremo no resulta aplicable sino a quienes fueron parte del proceso -un caso de transfuguismo en Valencia-, dicha resolución judicial sí que fija doctrina legal, por lo que «obliga a un replanteamiento» de la interpretación que se venía manteniendo de la citada ley.
Alonso dimite de dos entidades municipales y anuncia que mantendrá su apoyo a CC-PP
Por el momento, lo que ha anunciado Evelyn Alonso es que dimitirá como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo, pero no ha aludido a su condición de miembro de la Junta de Gobierno Local. Alonso ha manifestado que acatará, como no podía ser de otra manera, aquellas decisiones derivadas de decisiones judiciales, y ha celebrado que el informe del secretario “incluya de manera clara» que sus derechos como concejala «siguen intactos”.
En realidad, la edil tránsfuga se refiere a la participación en plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas, y otros, pero desde luego el informe abre la puerta a su destitución, y, por tanto, la pérdida de sus derechos como concejal del grupo de gobierno.
En cualquier caso, la estabilidad del equipo gobernante que preside el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC-PNC), está salvo, porque la concejala ha querido destacar que con los derechos que le quedan podrá seguir apoyando al gobierno local y ha recordado además que “sigue pendiente la resolución judicial respecto a mi situación en el partido con el que concurrí a las elecciones”.
Trujillo: «El alcalde debe cesarla ya y no usar una estratagema para incumplir durante meses la ley»
Pero la oposición (PSOE, Unidas Podemos y Cs), que ya reclamó su destitución o renuncia de todos su cargos antes del informe del secretario, ahora lo reivindica con más ahinco.
En un comunicado difundido este sábado, Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo), rechaza que Alonso pueda ser cesada de sus funciones de gobierno “a fuego lento”.
El procedimiento señalado por el secretario, señala el edil, «serviría como estratagema para incumplir la ley de forma deliberada durante meses. De ser así, advierte el portavoz municipal de Unidas Podemos, su formación evaluará llevar el caso a los tribunales para determinar eventuales responsabilidades legales.
Trujillo denuncia que la apertura de un expediente de declaración de lesividad, para que la concejala tránsfuga abandone sus responsabilidades de gobierno, «sería una burda estrategia dilatoria que, por una parte, permitiría seguir incumpliendo la ley durante meses y, por otra, constituiría un fraude de ley».
Recuerda el portavoz de la alianza de izquierdas que la declaración de lesividad «se aplica cuando la administración dicta un acto favorable a una persona que es anulable por infringir el ordenamiento jurídico; en estos casos el Pleno tiene que declarar la lesividad del acto para, posteriormente, impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que conlleva la tramitación de un procedimiento judicial de meses o, incluso, años».
La «paradoja» de la vía propuesta por el secretario
«Obviamente», abunda Trujillo, «este procedimiento no es aplicable y carece jurídicamente de sentido cuando no hay ningún derecho de la señora Alonso que haya sido vulnerado; por el contrario, es la situación de la concejala tránsfuga, ocupando puestos de gobierno, la que vulnera la legalidad, elude los mecanismos de penalización de una conducta reprochable, como lo es el transfuguismo, y, asimismo, daña el derecho de la ciudadanía a contar con una administración conformada en coherencia con lo que prescriben las leyes».
El edil de la formación progresista indica que si se acude a esta declaración de lesividad, «la paradoja sería que el nombramiento, contrario a derecho, de la concejala tránsfuga se estaría usando como pretexto para recurrir a un procedimiento que perpetuaría su situación de ilegalidad».
Por ello, Unidas Podemos reitera su exigencia al alcalde de «cese inmediato de la concejala tránsfuga revocando las competencias que le ha delegado y desistiendo de toda estrategia dilatoria», porque » la ley permite usar el transfuguismo para gobernar, pero que, sin embargo, impone un coste, que consiste en tener que excluir de su gobierno a la tránsfuga que lo llevó al ejecutivo municipal».
Zambudio: “El gobierno de Santa Cruz no puede seguir desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”
Antes de conocerse el dictamen del secretario municipal, Cs denunció en una nota que “el gobierno de Santa Cruz de Tenerife actúa desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”, según indicó la portavoz en el Ayuntamiento Matilde Zambudio, que es abogada.
Asimismo, declaró que “el alcalde también incumple de manera flagrante lo sentenciado”, ya que “sigue sin cesar a Evelyn Alonso de los cargos que ostenta de manera fraudulenta”. En esta línea, indicó que “el secretario general del Pleno ya advirtió en julio que no se podía nombrar a una no adscrita como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo”, un hecho que “fue desoído por el actual equipo de gobierno y por Bermúdez”.
“La no aplicación inmediata de la sentencia genera una gran incertidumbre jurídica en todos los acuerdos y expedientes firmados por Evelyn Alonso por un posible vicio de nulidad”, como es el caso de “contratos, ayudas o multas, que cualquier ciudadano podría llegar a recurrir o impugnar”, apostilló.
Patricia Hernández: «El alcalde es abogado, así que lo hace a sabiendas»
Durante la Comisión de Control celebrada el jueves -el informe trascendió el viernes-, el portavoz del PP, Carlos Tarife, patentizó que el equipo gobernante acataría el cumplimiento de la legalidad, según indicara el secretario.
En el mismo sentido se expresó Alfonso Cabello (CC-PNC), al expresar en esa sesión que acatarán «hasta las últimas consecuencias» el informe del funcionario.
En esa sesión la jefa de filas del PSOE, la exalcaldesa Patricia Hernández, llegó a afirmar que, puesto que Bermúdez es abogado, su negativa a destituir a Evelyn Alonso la lleva a cabo «a sabiendas» de que con la interpretación que hace el Supremo de la ley, la edil no puede continuar en el gobierno chicharrero.
El equipo de gobierno prometió acatar el informe del secretario
Y desde CC-PNC también su portavoz, Juan José Martínez, echó mano al argumento de que la ahora oposición es «hipócrita» porque el anterior gobierno (PSOE-CS con apoyo externo de Unidas Podemos) se apoyó en tránsfugas del partido naranja, de lo cual hicieron una guerra Coalición Canaria y PP.
La realidad es que los dos ediles de Cs (Ramon Lazcano, que dimitió en pleno confinamiento por la Covid-19 y le sustituyó Alonso) y Zambudio, finalmente fueron readmitidos por Cs. Hay que señalar que Ciudadanos aceptó posteriormente la bondad del pacto que hizo alcaldesa a Patricia Hernández, y ha expulsado a Evelyn Alonso, aunque queda pendiente de resolver el recurso judicial que la expulsada ha planteado contra su expartido.
PLANETA CANARIO
El secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, ha emitido un informe sobre la situación legal de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso (expulsada de Ciudadanos), en el que concluye que no puede ocupar cargos en el gobierno municipal, porque además sus actos serían lesivos para el interés del Ayuntamiento, a raíz de una nueva interpretación de la ley aplicable a los ediles no adscritos promulgada en una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
La argumentación del funcionario, cuyo criterio en este caso es preceptivo pero no vinculante, tiene matices en cuanto a cómo debe actuar la corporación municipal para cumplir la legalidad. En primer lugar, deja patente que no podrá desempeñar cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del Ayuntamiento, y, de hecho, el gobierno local (formado por CC, PP y ella), ya ha anunciado que Alonso dimitirá de sus responsabilidades en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo.
Pero en lo que atañe a su destitución como teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, en la que además adopta decisiones administrativas, el secretario plantea una salida jurídica: la declaración de lesividad, por parte del pleno del Ayuntamiento, de los actos adoptados [por la edil tránsfuga] por ser lesivos para los intereses generales, lo que podría acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El funcionario alega que esta fórmula la propone porque es lo que le compete como jurista, ya que señala como «obvio que pueden existir otras alternativas para depurar los actos anulables, pero siempre basadas en motivos de oportunidad y no de legalidad, que esta Secretaría General no puede ni debe valorar», en una aparente alusión a la renuncia o la destitución de la edil.
Eso sí, aunque suene complejo el camino jurídico planteado por Luis Prieto, en su informe deja patente que para él «parece claro, a la vista de los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020, que dichos actos pueden ser considerados como claramente lesivos para los intereses generales protegidos por la norma que es objeto de interpretación, esto es, el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local», por lo que, a su juicio, «procedería su depuración con arreglo a los tramites y requisitos que señala el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común», esto es, la lesividad.
El secretario municipal argumenta que si bien la jurisprudencia no es fuente del derecho, y la sentencia del Tribunal Supremo no resulta aplicable sino a quienes fueron parte del proceso -un caso de transfuguismo en Valencia-, dicha resolución judicial sí que fija doctrina legal, por lo que «obliga a un replanteamiento» de la interpretación que se venía manteniendo de la citada ley.
Alonso dimite de dos entidades municipales y anuncia que mantendrá su apoyo a CC-PP
Por el momento, lo que ha anunciado Evelyn Alonso es que dimitirá como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo, pero no ha aludido a su condición de miembro de la Junta de Gobierno Local. Alonso ha manifestado que acatará, como no podía ser de otra manera, aquellas decisiones derivadas de decisiones judiciales, y ha celebrado que el informe del secretario “incluya de manera clara» que sus derechos como concejala «siguen intactos”.
En realidad, la edil tránsfuga se refiere a la participación en plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas, y otros, pero desde luego el informe abre la puerta a su destitución, y, por tanto, la pérdida de sus derechos como concejal del grupo de gobierno.
En cualquier caso, la estabilidad del equipo gobernante que preside el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC-PNC), está salvo, porque la concejala ha querido destacar que con los derechos que le quedan podrá seguir apoyando al gobierno local y ha recordado además que “sigue pendiente la resolución judicial respecto a mi situación en el partido con el que concurrí a las elecciones”.
Trujillo: «El alcalde debe cesarla ya y no usar una estratagema para incumplir durante meses la ley»
Pero la oposición (PSOE, Unidas Podemos y Cs), que ya reclamó su destitución o renuncia de todos su cargos antes del informe del secretario, ahora lo reivindica con más ahinco.
En un comunicado difundido este sábado, Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo), rechaza que Alonso pueda ser cesada de sus funciones de gobierno “a fuego lento”.
El procedimiento señalado por el secretario, señala el edil, «serviría como estratagema para incumplir la ley de forma deliberada durante meses. De ser así, advierte el portavoz municipal de Unidas Podemos, su formación evaluará llevar el caso a los tribunales para determinar eventuales responsabilidades legales.
Trujillo denuncia que la apertura de un expediente de declaración de lesividad, para que la concejala tránsfuga abandone sus responsabilidades de gobierno, «sería una burda estrategia dilatoria que, por una parte, permitiría seguir incumpliendo la ley durante meses y, por otra, constituiría un fraude de ley».
Recuerda el portavoz de la alianza de izquierdas que la declaración de lesividad «se aplica cuando la administración dicta un acto favorable a una persona que es anulable por infringir el ordenamiento jurídico; en estos casos el Pleno tiene que declarar la lesividad del acto para, posteriormente, impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que conlleva la tramitación de un procedimiento judicial de meses o, incluso, años».
La «paradoja» de la vía propuesta por el secretario
«Obviamente», abunda Trujillo, «este procedimiento no es aplicable y carece jurídicamente de sentido cuando no hay ningún derecho de la señora Alonso que haya sido vulnerado; por el contrario, es la situación de la concejala tránsfuga, ocupando puestos de gobierno, la que vulnera la legalidad, elude los mecanismos de penalización de una conducta reprochable, como lo es el transfuguismo, y, asimismo, daña el derecho de la ciudadanía a contar con una administración conformada en coherencia con lo que prescriben las leyes».
El edil de la formación progresista indica que si se acude a esta declaración de lesividad, «la paradoja sería que el nombramiento, contrario a derecho, de la concejala tránsfuga se estaría usando como pretexto para recurrir a un procedimiento que perpetuaría su situación de ilegalidad».
Por ello, Unidas Podemos reitera su exigencia al alcalde de «cese inmediato de la concejala tránsfuga revocando las competencias que le ha delegado y desistiendo de toda estrategia dilatoria», porque » la ley permite usar el transfuguismo para gobernar, pero que, sin embargo, impone un coste, que consiste en tener que excluir de su gobierno a la tránsfuga que lo llevó al ejecutivo municipal».
Zambudio: “El gobierno de Santa Cruz no puede seguir desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”
Antes de conocerse el dictamen del secretario municipal, Cs denunció en una nota que “el gobierno de Santa Cruz de Tenerife actúa desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”, según indicó la portavoz en el Ayuntamiento Matilde Zambudio, que es abogada.
Asimismo, declaró que “el alcalde también incumple de manera flagrante lo sentenciado”, ya que “sigue sin cesar a Evelyn Alonso de los cargos que ostenta de manera fraudulenta”. En esta línea, indicó que “el secretario general del Pleno ya advirtió en julio que no se podía nombrar a una no adscrita como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo”, un hecho que “fue desoído por el actual equipo de gobierno y por Bermúdez”.
“La no aplicación inmediata de la sentencia genera una gran incertidumbre jurídica en todos los acuerdos y expedientes firmados por Evelyn Alonso por un posible vicio de nulidad”, como es el caso de “contratos, ayudas o multas, que cualquier ciudadano podría llegar a recurrir o impugnar”, apostilló.
Patricia Hernández: «El alcalde es abogado, así que lo hace a sabiendas»
Durante la Comisión de Control celebrada el jueves -el informe trascendió el viernes-, el portavoz del PP, Carlos Tarife, patentizó que el equipo gobernante acataría el cumplimiento de la legalidad, según indicara el secretario.
En el mismo sentido se expresó Alfonso Cabello (CC-PNC), al expresar en esa sesión que acatarán «hasta las últimas consecuencias» el informe del funcionario.
En esa sesión la jefa de filas del PSOE, la exalcaldesa Patricia Hernández, llegó a afirmar que, puesto que Bermúdez es abogado, su negativa a destituir a Evelyn Alonso la lleva a cabo «a sabiendas» de que con la interpretación que hace el Supremo de la ley, la edil no puede continuar en el gobierno chicharrero.
El equipo de gobierno prometió acatar el informe del secretario
Y desde CC-PNC también su portavoz, Juan José Martínez, echó mano al argumento de que la ahora oposición es «hipócrita» porque el anterior gobierno (PSOE-CS con apoyo externo de Unidas Podemos) se apoyó en tránsfugas del partido naranja, de lo cual hicieron una guerra Coalición Canaria y PP.
La realidad es que los dos ediles de Cs (Ramon Lazcano, que dimitió en pleno confinamiento por la Covid-19 y le sustituyó Alonso) y Zambudio, finalmente fueron readmitidos por Cs. Hay que señalar que Ciudadanos aceptó posteriormente la bondad del pacto que hizo alcaldesa a Patricia Hernández, y ha expulsado a Evelyn Alonso, aunque queda pendiente de resolver el recurso judicial que la expulsada ha planteado contra su expartido.
PLANETA CANARIO
El secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, ha emitido un informe sobre la situación legal de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso (expulsada de Ciudadanos), en el que concluye que no puede ocupar cargos en el gobierno municipal, porque además sus actos serían lesivos para el interés del Ayuntamiento, a raíz de una nueva interpretación de la ley aplicable a los ediles no adscritos promulgada en una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
La argumentación del funcionario, cuyo criterio en este caso es preceptivo pero no vinculante, tiene matices en cuanto a cómo debe actuar la corporación municipal para cumplir la legalidad. En primer lugar, deja patente que no podrá desempeñar cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del Ayuntamiento, y, de hecho, el gobierno local (formado por CC, PP y ella), ya ha anunciado que Alonso dimitirá de sus responsabilidades en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo.
Pero en lo que atañe a su destitución como teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, en la que además adopta decisiones administrativas, el secretario plantea una salida jurídica: la declaración de lesividad, por parte del pleno del Ayuntamiento, de los actos adoptados [por la edil tránsfuga] por ser lesivos para los intereses generales, lo que podría acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El funcionario alega que esta fórmula la propone porque es lo que le compete como jurista, ya que señala como «obvio que pueden existir otras alternativas para depurar los actos anulables, pero siempre basadas en motivos de oportunidad y no de legalidad, que esta Secretaría General no puede ni debe valorar», en una aparente alusión a la renuncia o la destitución de la edil.
Eso sí, aunque suene complejo el camino jurídico planteado por Luis Prieto, en su informe deja patente que para él «parece claro, a la vista de los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020, que dichos actos pueden ser considerados como claramente lesivos para los intereses generales protegidos por la norma que es objeto de interpretación, esto es, el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local», por lo que, a su juicio, «procedería su depuración con arreglo a los tramites y requisitos que señala el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común», esto es, la lesividad.
El secretario municipal argumenta que si bien la jurisprudencia no es fuente del derecho, y la sentencia del Tribunal Supremo no resulta aplicable sino a quienes fueron parte del proceso -un caso de transfuguismo en Valencia-, dicha resolución judicial sí que fija doctrina legal, por lo que «obliga a un replanteamiento» de la interpretación que se venía manteniendo de la citada ley.
Alonso dimite de dos entidades municipales y anuncia que mantendrá su apoyo a CC-PP
Por el momento, lo que ha anunciado Evelyn Alonso es que dimitirá como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo, pero no ha aludido a su condición de miembro de la Junta de Gobierno Local. Alonso ha manifestado que acatará, como no podía ser de otra manera, aquellas decisiones derivadas de decisiones judiciales, y ha celebrado que el informe del secretario “incluya de manera clara» que sus derechos como concejala «siguen intactos”.
En realidad, la edil tránsfuga se refiere a la participación en plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas, y otros, pero desde luego el informe abre la puerta a su destitución, y, por tanto, la pérdida de sus derechos como concejal del grupo de gobierno.
En cualquier caso, la estabilidad del equipo gobernante que preside el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC-PNC), está salvo, porque la concejala ha querido destacar que con los derechos que le quedan podrá seguir apoyando al gobierno local y ha recordado además que “sigue pendiente la resolución judicial respecto a mi situación en el partido con el que concurrí a las elecciones”.
Trujillo: «El alcalde debe cesarla ya y no usar una estratagema para incumplir durante meses la ley»
Pero la oposición (PSOE, Unidas Podemos y Cs), que ya reclamó su destitución o renuncia de todos su cargos antes del informe del secretario, ahora lo reivindica con más ahinco.
En un comunicado difundido este sábado, Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo), rechaza que Alonso pueda ser cesada de sus funciones de gobierno “a fuego lento”.
El procedimiento señalado por el secretario, señala el edil, «serviría como estratagema para incumplir la ley de forma deliberada durante meses. De ser así, advierte el portavoz municipal de Unidas Podemos, su formación evaluará llevar el caso a los tribunales para determinar eventuales responsabilidades legales.
Trujillo denuncia que la apertura de un expediente de declaración de lesividad, para que la concejala tránsfuga abandone sus responsabilidades de gobierno, «sería una burda estrategia dilatoria que, por una parte, permitiría seguir incumpliendo la ley durante meses y, por otra, constituiría un fraude de ley».
Recuerda el portavoz de la alianza de izquierdas que la declaración de lesividad «se aplica cuando la administración dicta un acto favorable a una persona que es anulable por infringir el ordenamiento jurídico; en estos casos el Pleno tiene que declarar la lesividad del acto para, posteriormente, impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que conlleva la tramitación de un procedimiento judicial de meses o, incluso, años».
La «paradoja» de la vía propuesta por el secretario
«Obviamente», abunda Trujillo, «este procedimiento no es aplicable y carece jurídicamente de sentido cuando no hay ningún derecho de la señora Alonso que haya sido vulnerado; por el contrario, es la situación de la concejala tránsfuga, ocupando puestos de gobierno, la que vulnera la legalidad, elude los mecanismos de penalización de una conducta reprochable, como lo es el transfuguismo, y, asimismo, daña el derecho de la ciudadanía a contar con una administración conformada en coherencia con lo que prescriben las leyes».
El edil de la formación progresista indica que si se acude a esta declaración de lesividad, «la paradoja sería que el nombramiento, contrario a derecho, de la concejala tránsfuga se estaría usando como pretexto para recurrir a un procedimiento que perpetuaría su situación de ilegalidad».
Por ello, Unidas Podemos reitera su exigencia al alcalde de «cese inmediato de la concejala tránsfuga revocando las competencias que le ha delegado y desistiendo de toda estrategia dilatoria», porque » la ley permite usar el transfuguismo para gobernar, pero que, sin embargo, impone un coste, que consiste en tener que excluir de su gobierno a la tránsfuga que lo llevó al ejecutivo municipal».
Zambudio: “El gobierno de Santa Cruz no puede seguir desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”
Antes de conocerse el dictamen del secretario municipal, Cs denunció en una nota que “el gobierno de Santa Cruz de Tenerife actúa desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”, según indicó la portavoz en el Ayuntamiento Matilde Zambudio, que es abogada.
Asimismo, declaró que “el alcalde también incumple de manera flagrante lo sentenciado”, ya que “sigue sin cesar a Evelyn Alonso de los cargos que ostenta de manera fraudulenta”. En esta línea, indicó que “el secretario general del Pleno ya advirtió en julio que no se podía nombrar a una no adscrita como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo”, un hecho que “fue desoído por el actual equipo de gobierno y por Bermúdez”.
“La no aplicación inmediata de la sentencia genera una gran incertidumbre jurídica en todos los acuerdos y expedientes firmados por Evelyn Alonso por un posible vicio de nulidad”, como es el caso de “contratos, ayudas o multas, que cualquier ciudadano podría llegar a recurrir o impugnar”, apostilló.
Patricia Hernández: «El alcalde es abogado, así que lo hace a sabiendas»
Durante la Comisión de Control celebrada el jueves -el informe trascendió el viernes-, el portavoz del PP, Carlos Tarife, patentizó que el equipo gobernante acataría el cumplimiento de la legalidad, según indicara el secretario.
En el mismo sentido se expresó Alfonso Cabello (CC-PNC), al expresar en esa sesión que acatarán «hasta las últimas consecuencias» el informe del funcionario.
En esa sesión la jefa de filas del PSOE, la exalcaldesa Patricia Hernández, llegó a afirmar que, puesto que Bermúdez es abogado, su negativa a destituir a Evelyn Alonso la lleva a cabo «a sabiendas» de que con la interpretación que hace el Supremo de la ley, la edil no puede continuar en el gobierno chicharrero.
El equipo de gobierno prometió acatar el informe del secretario
Y desde CC-PNC también su portavoz, Juan José Martínez, echó mano al argumento de que la ahora oposición es «hipócrita» porque el anterior gobierno (PSOE-CS con apoyo externo de Unidas Podemos) se apoyó en tránsfugas del partido naranja, de lo cual hicieron una guerra Coalición Canaria y PP.
La realidad es que los dos ediles de Cs (Ramon Lazcano, que dimitió en pleno confinamiento por la Covid-19 y le sustituyó Alonso) y Zambudio, finalmente fueron readmitidos por Cs. Hay que señalar que Ciudadanos aceptó posteriormente la bondad del pacto que hizo alcaldesa a Patricia Hernández, y ha expulsado a Evelyn Alonso, aunque queda pendiente de resolver el recurso judicial que la expulsada ha planteado contra su expartido.
PLANETA CANARIO
El secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, ha emitido un informe sobre la situación legal de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso (expulsada de Ciudadanos), en el que concluye que no puede ocupar cargos en el gobierno municipal, porque además sus actos serían lesivos para el interés del Ayuntamiento, a raíz de una nueva interpretación de la ley aplicable a los ediles no adscritos promulgada en una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
La argumentación del funcionario, cuyo criterio en este caso es preceptivo pero no vinculante, tiene matices en cuanto a cómo debe actuar la corporación municipal para cumplir la legalidad. En primer lugar, deja patente que no podrá desempeñar cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del Ayuntamiento, y, de hecho, el gobierno local (formado por CC, PP y ella), ya ha anunciado que Alonso dimitirá de sus responsabilidades en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo.
Pero en lo que atañe a su destitución como teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, en la que además adopta decisiones administrativas, el secretario plantea una salida jurídica: la declaración de lesividad, por parte del pleno del Ayuntamiento, de los actos adoptados [por la edil tránsfuga] por ser lesivos para los intereses generales, lo que podría acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El funcionario alega que esta fórmula la propone porque es lo que le compete como jurista, ya que señala como «obvio que pueden existir otras alternativas para depurar los actos anulables, pero siempre basadas en motivos de oportunidad y no de legalidad, que esta Secretaría General no puede ni debe valorar», en una aparente alusión a la renuncia o la destitución de la edil.
Eso sí, aunque suene complejo el camino jurídico planteado por Luis Prieto, en su informe deja patente que para él «parece claro, a la vista de los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020, que dichos actos pueden ser considerados como claramente lesivos para los intereses generales protegidos por la norma que es objeto de interpretación, esto es, el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local», por lo que, a su juicio, «procedería su depuración con arreglo a los tramites y requisitos que señala el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común», esto es, la lesividad.
El secretario municipal argumenta que si bien la jurisprudencia no es fuente del derecho, y la sentencia del Tribunal Supremo no resulta aplicable sino a quienes fueron parte del proceso -un caso de transfuguismo en Valencia-, dicha resolución judicial sí que fija doctrina legal, por lo que «obliga a un replanteamiento» de la interpretación que se venía manteniendo de la citada ley.
Alonso dimite de dos entidades municipales y anuncia que mantendrá su apoyo a CC-PP
Por el momento, lo que ha anunciado Evelyn Alonso es que dimitirá como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo y el Parque Marítimo, pero no ha aludido a su condición de miembro de la Junta de Gobierno Local. Alonso ha manifestado que acatará, como no podía ser de otra manera, aquellas decisiones derivadas de decisiones judiciales, y ha celebrado que el informe del secretario “incluya de manera clara» que sus derechos como concejala «siguen intactos”.
En realidad, la edil tránsfuga se refiere a la participación en plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas, y otros, pero desde luego el informe abre la puerta a su destitución, y, por tanto, la pérdida de sus derechos como concejal del grupo de gobierno.
En cualquier caso, la estabilidad del equipo gobernante que preside el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC-PNC), está salvo, porque la concejala ha querido destacar que con los derechos que le quedan podrá seguir apoyando al gobierno local y ha recordado además que “sigue pendiente la resolución judicial respecto a mi situación en el partido con el que concurrí a las elecciones”.
Trujillo: «El alcalde debe cesarla ya y no usar una estratagema para incumplir durante meses la ley»
Pero la oposición (PSOE, Unidas Podemos y Cs), que ya reclamó su destitución o renuncia de todos su cargos antes del informe del secretario, ahora lo reivindica con más ahinco.
En un comunicado difundido este sábado, Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo), rechaza que Alonso pueda ser cesada de sus funciones de gobierno “a fuego lento”.
El procedimiento señalado por el secretario, señala el edil, «serviría como estratagema para incumplir la ley de forma deliberada durante meses. De ser así, advierte el portavoz municipal de Unidas Podemos, su formación evaluará llevar el caso a los tribunales para determinar eventuales responsabilidades legales.
Trujillo denuncia que la apertura de un expediente de declaración de lesividad, para que la concejala tránsfuga abandone sus responsabilidades de gobierno, «sería una burda estrategia dilatoria que, por una parte, permitiría seguir incumpliendo la ley durante meses y, por otra, constituiría un fraude de ley».
Recuerda el portavoz de la alianza de izquierdas que la declaración de lesividad «se aplica cuando la administración dicta un acto favorable a una persona que es anulable por infringir el ordenamiento jurídico; en estos casos el Pleno tiene que declarar la lesividad del acto para, posteriormente, impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que conlleva la tramitación de un procedimiento judicial de meses o, incluso, años».
La «paradoja» de la vía propuesta por el secretario
«Obviamente», abunda Trujillo, «este procedimiento no es aplicable y carece jurídicamente de sentido cuando no hay ningún derecho de la señora Alonso que haya sido vulnerado; por el contrario, es la situación de la concejala tránsfuga, ocupando puestos de gobierno, la que vulnera la legalidad, elude los mecanismos de penalización de una conducta reprochable, como lo es el transfuguismo, y, asimismo, daña el derecho de la ciudadanía a contar con una administración conformada en coherencia con lo que prescriben las leyes».
El edil de la formación progresista indica que si se acude a esta declaración de lesividad, «la paradoja sería que el nombramiento, contrario a derecho, de la concejala tránsfuga se estaría usando como pretexto para recurrir a un procedimiento que perpetuaría su situación de ilegalidad».
Por ello, Unidas Podemos reitera su exigencia al alcalde de «cese inmediato de la concejala tránsfuga revocando las competencias que le ha delegado y desistiendo de toda estrategia dilatoria», porque » la ley permite usar el transfuguismo para gobernar, pero que, sin embargo, impone un coste, que consiste en tener que excluir de su gobierno a la tránsfuga que lo llevó al ejecutivo municipal».
Zambudio: “El gobierno de Santa Cruz no puede seguir desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”
Antes de conocerse el dictamen del secretario municipal, Cs denunció en una nota que “el gobierno de Santa Cruz de Tenerife actúa desoyendo la Ley y al Tribunal Supremo”, según indicó la portavoz en el Ayuntamiento Matilde Zambudio, que es abogada.
Asimismo, declaró que “el alcalde también incumple de manera flagrante lo sentenciado”, ya que “sigue sin cesar a Evelyn Alonso de los cargos que ostenta de manera fraudulenta”. En esta línea, indicó que “el secretario general del Pleno ya advirtió en julio que no se podía nombrar a una no adscrita como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo”, un hecho que “fue desoído por el actual equipo de gobierno y por Bermúdez”.
“La no aplicación inmediata de la sentencia genera una gran incertidumbre jurídica en todos los acuerdos y expedientes firmados por Evelyn Alonso por un posible vicio de nulidad”, como es el caso de “contratos, ayudas o multas, que cualquier ciudadano podría llegar a recurrir o impugnar”, apostilló.
Patricia Hernández: «El alcalde es abogado, así que lo hace a sabiendas»
Durante la Comisión de Control celebrada el jueves -el informe trascendió el viernes-, el portavoz del PP, Carlos Tarife, patentizó que el equipo gobernante acataría el cumplimiento de la legalidad, según indicara el secretario.
En el mismo sentido se expresó Alfonso Cabello (CC-PNC), al expresar en esa sesión que acatarán «hasta las últimas consecuencias» el informe del funcionario.
En esa sesión la jefa de filas del PSOE, la exalcaldesa Patricia Hernández, llegó a afirmar que, puesto que Bermúdez es abogado, su negativa a destituir a Evelyn Alonso la lleva a cabo «a sabiendas» de que con la interpretación que hace el Supremo de la ley, la edil no puede continuar en el gobierno chicharrero.
El equipo de gobierno prometió acatar el informe del secretario
Y desde CC-PNC también su portavoz, Juan José Martínez, echó mano al argumento de que la ahora oposición es «hipócrita» porque el anterior gobierno (PSOE-CS con apoyo externo de Unidas Podemos) se apoyó en tránsfugas del partido naranja, de lo cual hicieron una guerra Coalición Canaria y PP.
La realidad es que los dos ediles de Cs (Ramon Lazcano, que dimitió en pleno confinamiento por la Covid-19 y le sustituyó Alonso) y Zambudio, finalmente fueron readmitidos por Cs. Hay que señalar que Ciudadanos aceptó posteriormente la bondad del pacto que hizo alcaldesa a Patricia Hernández, y ha expulsado a Evelyn Alonso, aunque queda pendiente de resolver el recurso judicial que la expulsada ha planteado contra su expartido.
