PLANETA CANARIO
El Ayuntamiento de Mogán, gobernado por el partido Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), ha interpuesto este miércoles en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana una denuncia contra el Gobierno estatal por las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes llegados en pateras y cayucos en el campamento levantado en el muelle de Arguineguín.
La alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, ha afirmado que el Consistorio se ha visto abocado a dar este paso tras agotar la vía institucional. “No podemos permitir que continúe la vulneración de los derechos humanos en ese campamento”, asegura en un comunicado.
La semana pasada el presidente del Gobierno de Canarias anunciaba que en un máximo de 72 horas el campamento del dique del Muelle de Arguineguín sería desmantelado. Sin embargo, este lunes aún había 915 personas migrantes continúan hacinadas en las instalaciones, pasando los días y las noches al raso por la falta de espacio, según se queja el gobierno local moganero en nota de prensa.
Según los últimos datos facilitados por Cruz Roja al diario Tiempo de Canarias, en estos momentos 639 inmigrantes africanos permanecen en el muelle.
“Un juez tendrá que comprobar el atropello a los derechos humanos que se está realizando. Hemos esperado suficiente y ofrecido mucho tiempo al Gobierno de España para que actuara con diligencia”, subrayó la alcaldesa.
A juicio del consistorio grancanario, “si el magistrado Arcadio Díaz Tejera, responsable legal del Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Barranco Seco, ha reducido el número de las plazas en esas instalaciones debido al Covid-19, por analogía lo propio es un que un juzgado levante este ‘campamento de la vergüenza”
Según la alcaldesa, al sobrepaso de la capacidad máxima de espacio del campamento se suman “un sinfín de anomalías” como pueden ser “las enfermedades en la piel que se están manifestando en los migrantes por las precarias condiciones del lugar”. “Estas y otras incidencias entendemos no son propias de un país desarrollado como España”, remachó.
La regidora moganera avanzó que aportará a los tribunales las pruebas que acreditan esta situación en el Muelle de Arguineguín y subraya no comprender por qué unas instalaciones que comenzaron siendo provisionales para atender en un primer momento el repunte migratorio han pasado a ser definitivas.
“No es posible», enfatióa, «que en 48 horas se pudiera habilitar el recinto ferial de IFEMA como hospital de campaña con capacidad para 5.500 camas y que en más de dos meses no se hayan podido acondicionar las instalaciones militares para albergar con unas condiciones dignas a los migrantes que llegan a nuestras costas”
La alcaldesa fue detenida en septiembre y puesta en libertad con cargos el mismo día por una causa judicial en la que se le investiga por presunto fraude electoral en los comicios de 2019. Bueno consideró su detención «desmedida», ya que solo duró el tiempo en que la Guardia Civil registraba dependencias municipales parea llevarse copia de archivos informáticos, y la atribuyó a una especie de venganza por sus críticas a la gestión del Gobierno estatal en la atención a los inmigrantes que llegan en patera a la costa de su municipio.
“Este procedimiento se ha archivado en varias ocasiones, pero misteriosamente se ha reabierto y activado una semana después de alzar la voz ante la vulneración de los derechos humanos de los migrantes en el Muelle de Arguineguín”, señaló la regidora, que no dudó entonces en dar una rueda de prensa en dicha zona portuaria, para darle mayor efecto a sus quejas, cerca del campamento de inmigrantes montado por Cruz Roja.
