VICENTE PÉREZ
El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia definitiva de un litigio que surgió en 2016, cuando gobernaba España el PP y en la capital tinerfeña CC-PNC en pacto con los populares y ha declarado ilegal el izado de la bandera de las siete estrellas verdes en edificios públicos, pues solo permite las oficiales.
En ese año se cumplía el 52 aniversario de esta popular enseña y el pleno municipal (con el desmarque de los populares), como en otros consistorios y cabildos, acordaron homenajearla como bandera no oficial de Canarias, aunque su origen es independentista, pues la enarboló por primera vez en 1964 Antonio Cubillo, el líder del Mpaiac (Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario), y, tras usarla distintos partidos de izquierda nacionalista, CC la ha adoptado como símbolo, aprovechando esa ambigüedad de ser tan un distintivo identitario tan popular y a la vez con un significado político original innegable.
Pero el Supremo ha sentado como doctrina “que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.
La sentencia, divulgada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias este lunes 1 de junio, anula el acuerdo tomado en el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 30 de septiembre de 2016, que reconocía la bandera de las siete estrellas verdes como uno de los símbolos del pueblo canario y su enarbolamiento en un lugar destacado de la sede municipal el 22 de octubre de 2016, en el 52 aniversario de la primera vez que se utilizó, a manos del líder del Mpaiac.
El Supremo destaca que ello contravino el ordenamiento jurídico porque “no es la bandera oficial, por lo que no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario como defiende el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.
El izado frente al Ayuntamiento chicharrero, pero no en su fachada
En ese momento era alcalde José Manuel Bermúdez (CC-PNC), que, tras un auto judicial que ordenaba la suspensión cautelar del izado, se desentendió del acto previsto alegando que la bandera se izó en un mástil fuera de la fachada del consistorio, que la concentración estaba autorizada por la Delegación del Gobierno y que esta congregación formaba parte de la libertad de expresión. Varios ediles y el diputado de CC-PNC participaron en el simbólico homenaje (también concejales de Sí se Puede).
Por entonces CC-PNC gobernaba en la capital tinerfeña en pacto con PP, y la en ese momento primera teniente de alcalde, la popular Zaida González, arremetió contra concejales de su socio de gobierno: “Lo triste», escribió en Twitter, «es que concejales que tienen que velar por el cumplimiento de los autos judiciales, estén compartiendo felices el incumplimiento de los mismos“.
Y es que el izado de esa bandera ante el Ayuntamiento había quedado suspendido de forma cautelar por la Justicia, tras la intervención de la Abogacía del Estado, a iniciativa de la Delegación del Gobierno, que por esa época controlaba el PP, y al frente de la cual estaba Enrique Hernández Bento, quien se enfrentó abiertamente a Bermúdez y a cuantos cargos públicos enaltecieron rendir tributo instucional a la enseña de raíz independentista: «Cuando se habla de que uno es demócrata y de que es una bandera del sentimiento canario, el demócrata es quien hace respetar la ley y no se la salta a la torera; ser demócrata es respetar el estado de derecho, aunque no guste, y no aprobar una moción que va en contra de una ley, algo que dice un juez», afirmó el entonces delegado del Gobierno en Canarias.
Pero no fue el único organismo público que se vio envuelto en esta polémica. Los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, querían hacer lo mismo, y en Tenerife, tres ayuntamientos que tenían previsto homenajear ese día esa enseña tuvieron por eso que dar marcha atrás a sus intenciones. En el caso del consistorio chicharrero, en realidad la bandera no se izó en asta del Palacio municipal, sino en un mástil a unos metros de la fachada del Ayuntamiento en la acera pública.
El fin definitivo a tres años y medio de litigio
Lo cierto es que más de tres años y medio después ha llegado la sentencia definitiva, de manos de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estima el recurso del abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictada en noviembre de 2017, y en la que se dio la razón al Ayuntamiento tinerfeño, por considerar que el izado de una bandera no oficial en la acera exterior del edificio, frente a la fachada de la corporación, en un mástil auxiliar, se encontraba perfectamente contemplado dentro del marco de la legalidad institucional española.
Esta resolución judicial definitiva, de la ha sido ponente la magistrada Celsa Pico, sostiene que la Administración, incluyendo la municipal, ha de respetar el ordenamiento jurídico, “sin que lo acordado, aunque lo voten la mayoría de los grupos políticos, pueda incardinarse en el marco competencial fijado por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.
El Supremo, como recuerda el TSJC en un comunicado, restablece así la sentencia dictada en primera instancia, en junio de 2017, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que resolvió que aquel acuerdo municipal era nulo de pleno derecho debido a que las Administraciones Públicas no pueden legalmente exhibir otras banderas que no sean las oficiales.
El acuerdo municipal ahora anulado contenía de dos puntos y decía textualmente: “1: reconocer en Pleno la bandera nacional de Canarias (la bandera de las siete estrellas verdes) como uno de los símbolos colectivos con los que se siente identificado el pueblo canario, expresión de las luchas históricas que se han sucedido en el archipiélago a favor de la instauración de la democracia, la libertad y la consecución de mayores cotas de bienestar para sus gentes, así como en pro de la construcción de una mayor hermandad entre las islas. Y 2: en virtud de este reconocimiento y cumpliendo la legalidad vigente, la institución acuerda enarbolar en un lugar destacado de su sede central la bandera nacional de Canarias el día 22 de octubre del presente año de 2016 en conmemoración de su 52 aniversario”
En la pasada legislatura, en declaraciones a la prensa, la mitad del Parlamento canario apoyaba que esta bandera fuera la oficial de la Comunidad Autónoma, para lo cual sería necesario modificar el Estatuto de Autonomía. CC-PNC, Podemos y Nueva Canarias (NC) veían con buenos ojos esa idea, y el PSOE se mantuvo indeciso, mientras que el PP rechazó ese cambio. No estaban entonces en la Cámara regional ni ASG ni Ciudadanos, partido éste que nunca ha comulgado con simbología soberanista.
