PLANETA CANARIO
El Juzgado de lo Penal 3 de Santa Cruz de Tenerife, a raíz de una denuncia de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) ha dictado un auto en el que imputa al exalcade de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (CC), que desde 2019 están en prisión por el caso Las Teresitas, y a Pablo Abril Martorell Fernández (entonces consejero delegado de Emmasa) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Ambos acordaron en el consejo de administración de Emmasa la devolución, ilegal, del canon de 59 millones que había pagado Sacyr-Vallehermoso al Ayuntamiento por las infraestructuras de la empresa del servicio de aguas en la capital tinerfeña.
Así lo han explicado en rueda de prensa el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, junto a la también concejala de este grupo municipal Dolores Espinosa, y los abogados José Pérez Ventura, redactor debla denuncia, y Antonio Espinosa.
Tanto Trujillo como Pérez Ventura tacharon este presunto caso de corrupción como «aún más grave que Las Teresitas», al ser la cuantía mayor que en el «pelotazo de libro» cometido con las parcelas de la playa. A Sacyr el Ayuntamiento ya le ha devuelto 33 de los 59 millones que había abonado en 2005 como canon por Emmasa.
Además, lamentaron que la falta de diligencia del actual alcalde, José Manuel Bermúdez (CC-PNC), ha impedido procesar a más personas en estas diligencias judiciales, debido a la prescripción de los posibles delitos.
Ambos recordaron que los pagos a Sacyr, a través de Emmasa, pasaron desapercibidos en los controles muncipales hasta que un informe municipal de marzo de 2019 daba cuenta de no haber encontrado soporte documental de la deuda, conclusión similar a la de un nuevo informe, ya en 2020, que reiteró que no existía documento alguno que sustentara el pago, y que la deuda en favor de Sacyr había sido tomada «de manera unilateral» y sin sustento contractual.
La denuncia se presentó primero en la Fiscalía, pero ante el temor a la prescripción de los delitos, Unidas Podemos decididó denunciar los hechos directamente en el Juzgado, que dictó el auto a mediados del presente mes de abril, justo un día antes de que prescribieran los delitos a las dos únicas personas que han podido ser procesadas según este criterio. En todo caso, la Fiscalía finalmente presentó también denuncia.
A raíz de la gravedad de los hechos, Trujillo anunció que Unidas Podemos se personará en esta causa, reclamó que haga lo propio el Ayuntamiento, y volverá a pedir además una comisión munimcipal de investigación sobre estos hechos, para esclarecer además cómo es posible que durante tantos estos millonarios pagos anuales, pese a ser ilegales, burlaron los controles técnicos del Ayuntamiento.
El Consejo Consultivo confirmó que el pago era ilegal
En un contundente informe, el Consejo Consultivo de Canarias -que preside el exconcejal chicharrero, exdiputado del PP y abogado Pablo Matos- dejó claro este año que «la cantidad abonada por SACYR correspondiente al canon era parte del precio del contrato». El Consultivo asegura que el Consejo de Administración de Emmasa hizo en 2007 «una interpretación unilateral» del contrato con el consistorio, «sin solicitar la incoación del preceptivo procedimiento», y la comenzó a aplicar. A juicio de este órgano, «se deduce con claridad que la cantidad abonada por SACYR correspondiente al canon era parte del precio del contrato» y no tenía, por tanto que serle devuelto.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), y el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra (PP), informaron en enero de que hab ían dado las instrucciones para que, «de manera definitiva, no se abone cantidad alguna y se proceda a la devolución desde la empresa Sacyr a EMMASA de las cantidades pagadas, que rondan los 30 millones de euros”.
Díaz Guerra expuso que fue el Servicio Administrativo [de Gestión y Control de Servicios Públicos] el que le encargó a una auditora externa que revisara las cuentas de EMMASA, precisamente en el año 2018, y añadió que “en ese momento, al no satisfacer las explicaciones de la empresa, se decide de manera cautelar dejar de abonar esa cantidad y se inicia el expediente que culminó con el dictamen”.