PLANETA CANARIO
El portavoz de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, y la concejala de este grupo Dolores Espinosa, han presentado este martes 19 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas prevaricación y malversación de caudales públicos en la contratación, por la Concejalía de Fiestas en el pasado mandato (entonces gestionada por Coalición Canaria), del concierto de Juan Luis Guerra y Orishas celebrado en marzo de este año, dentro de los actos de Carnaval.
Este grupo de la oposición cumple así con el anuncio realizado el 7 de noviembre en la Comisión de Control sobre su intención de emprender acciones legales para esclarecer este asunto. A su salida del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, Trujillo puntualizó que es su obligación como cargos públicos poner en conocimiento de la Justicia los indicios de ilegalidad que han apreciado en la gestión de este concierto por el Consistorio.
En la denuncia, según explica esta confluencia entre Podemos e IUC en un comunicado, se pone de relieve que el intermediario con el que el Ayuntamiento contrató este concierto, Alfredo Moré Silva,» nunca acreditó que fuera representante en exclusiva de estos artistas, y pese a ello se le pagaron 501.194 euros sin que existiera además un pliego de condiciones técnicas que diera cobertura al contrato». “El único que obra en el expediente es un pliego relativo a la contratación a través de Radio Club Canarias y por un importe que es 88.815 euros menor al que finalmente se pagó”, se incide en la denuncia.
Además, «se le abonó a dicho intermediario un primer pago de 250.597 euros sin presentar facturas detalladas de los gastos, que tampoco obran en el expediente a día de hoy, a pesar de que esta justificación era requisito para el abono en todas las resoluciones dictadas al respecto, con el que se pretendía cubrir los gastos de vuelos internacionales, seguro de viajes, visados y agente de gestión de visados, alojamiento de los artistas, de su personal, y material de los artistas viáticos».
«Únicamente en el expediente de contabilidad hay dos facturas del propio Moré, para desbloquear el segundo abono, pero la justificación al detalle que eran exigibles antes de ese primer pago, siguen sin aparecer por ningún lado”.
Cambio de representante en exclusiva en solo dos días
«Particularmente llamativo», según se relata en la denuncia, es que “se inició un expediente administrativo con un pliego de prescripciones técnicas para la contratación de Juan Luis Guerra y Orishas a través de la empresa Radio Club Canarias, por motivos de exclusividad artística, por un importe total de 412.378 euros, y dos días más tarde se elabora una propuesta de José Ángel Alonso Ramos, director gerente del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, a la presidenta [la edil de CC Gladys León] para contratar a esos mismos artistas, pero ya no tenía la representación en exclusiva” dicho medio de comunicación, “sino Alfredo Moré Silva”
De ahí que Unidas Podemos advierta de que, “desde luego la exclusividad no la pueden tener los dos a la vez, si el 5 de febrero tenía la representación uno, el día 6 no la podía tener otro, ni tiene explicación alguna que el 8 se proponga contratar a los artistas a través de Alfredo Moré, como si no hubiera existido el pliego que se redactó para regir la contratación a través de Radio Club Canarias dos días antes”.
El expediente, concluye el documento presentado por Unidas Podemos en Fiscalía, “se confeccionó deprisa y corriendo [apenas cinco días hábiles] con un desprecio absoluto a las normas protectoras y garantistas que han de regir la gestión de los fondos públicos”.
Contrato de medio millón sin acreditar solvencia económica
La denuncia incide en que se incumplió el pliego de cláusulas administrativas particulares, pues “nunca se acreditó la solvencia económica ni técnica exigida, ya que lo cierto es que el Alfredo Moré era un perfecto desconocido (ni siquiera consta en las bases de datos del ayuntamiento)”.
Al respecto, a juicio de este grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, «se incumplió el requisito de que para contratar con este representante, tenía que acreditar un volumen anual de negocios o en el ámbito de la representación de artistas por un importe igual o superior a esta licitación, pero lo único que aportó fueron declaraciones de la renta de los tres años anteriores con cantidades muy por debajo de lo exigido”.
A ello se une “soprendentemente” una supuesta “certificación de solvencia económica” en la que una “apoderada de Radio Club Canarias, Lourdes Santana, declara que este intermediario había colaborado con empresas de Prisa Radio realizando la contratación por cuenta de ellos de determinados artistas por un total de 195.000 euros” en varios años, «sin que se certifique qué cantidades cobró Moré».
“Lo único cierto a día de hoy” sobre el concierto de Juan Luis Guerra y Orishas “es que los artistas actuaron y que el Ayuntamiento abonó a Moré 501.194 euros, pero nada se sabe de lo que cobró cada uno, ni a cuánto ascendieron los gastos reales”, sostiene Unidas Podemos.
Sobre el caché de los artistas, la denuncia observa que «no se hizo ninguna comprobación en el expediente, y en este sentido llama poderosamente la atención que Orishas actuó en noviembre de 2018 en Gran Tarajal (Fuerteventura) por un precio total de 42.800 euros, IGIC incluido, cantidad muy por debajo del que se contempló en este expediente en Santa Cruz, 73.357 euros”.
CC: «Intentan deteriorar la imagen del Carnaval y de los técnicos»
La reacción de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) no se hizo esperar, y este mismo martes, su portavoz municipal, Juan José Martínez, ha vuelto a defender, como ya la hiciera en la última Comisión de Control, la «legitimidad» del expediente y los pliegos del contrato del concierto al tiempo que acusa a los denunciantes de «generar dudas sobre la principal fiesta chicharrera y la credibilidad de los informes municipales».
“Unidas Podemos ha preferido lanzarse a escenificar un acto mediático a las puertas de los Juzgado con la única pretensión de obtener rédito político, por encima de conocer la verdad y sin tener en cuenta que dicho expediente está siendo revisado dentro del procedimiento reservado puesto en marcha por el Ayuntamiento de Santa Cruz, a petición de nuestro grupo y de la propia Alcaldía”, afirma el edil nacionalista.
“A Unidas Podemos no le interesa en absoluto conocer la verdad, seguramente porque sus concejales saben a ciencia cierta que los datos terminarán por desmontar sus veladas acusaciones contra el procedimiento de contratación”, añadió Martínez.
Lo que sí parece más grave, a juicio del portavoz de CC-PNC, es que “no tengan el menor reparo en cuestionar la profesionalidad y rigurosidad del secretario del Pleno, del interventor municipal y de los servicios jurídicos del consistorio, que actuaron y dieron fe de la escrupulosa legalidad del procedimiento”.
“Cuando ya falta menos para que se conozca el resultado de la revisión reservada emprendida por el propio consistorio –continúa–, llama la atención que Unidas Podemos no espere a que se resuelva, sino que prefiere montar un espectáculo mediático para volver a poner en la prensa algo que no tiene recorrido jurídico alguno”.
Martínez recuerda que “el expediente, concretamente en el apartado que lleva la firma del secretario del Pleno y la asesoría jurídica de la Corporación, de fecha 08/02/19, recoge de manera literal que ‘no existe inconveniente legal para que se aprueben los pliegos técnicos y administrativos relativos al citado expediente’, que es precisamente el que está foliado”.
Para finalizar, el portavoz nacionalista insiste en el “olvido a la hora de trasladar a la prensa una parte del expediente, con la clara intención de manipular y sembrar dudas sobre la legalidad del procedimiento, y no la que está certificada y firmada por el secretario municipal, quien valida todo el proceso, incluyendo la cifra contemplada en los pliegos”.
El grupo municipal CC-PNC reitera las explicaciones dadas desde el primer momento y se muestra «plenamente convencido de que el expediente administrativo reservado, que se halla en curso, no hará otra cosa que certificar la legalidad de todo el procedimiento, así como cualquier otra instancia donde pretendan llevarlo». “Reclamamos que, llegado ese momento y si los procedimientos así lo atestiguan, tengan la misma diligencia en asumir sus responsabilidades políticas y dimitan los que han sembrado las dudas”, concluyó Martínez.