VICENTE PÉREZ
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado los motivos de salud alegados por el empresario Ignacio González Martín, uno de los seis condenados por el caso Las Teresitas, para pedir que no ingresara en prisión.
Por tanto, el socio de Antonio Plasencia, el otro constructor que ya cumple condena en Tenerife II, también deberá ingresar en este centro penitenciario en un plazo máximo de cinco días, para cumplir la pena de 5 años y tres meses de prisión impuesta por sentencia dictada en abril de 2017 como responsable de un delito de malversación de fondos, ratificada esta semana por el Tribunal Supremo, con lo que ya adquiere firmeza.
Tal plazo de gracia se la da al que fuera presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife pues , valoradas las circunstancias actuales, los magistrados entienden que no existe constancia del riesgo de fuga que determinó la resolución de fecha 1 de abril por la que se ordenaba su detención.
Así lo ha establecido en un auto este jueves la Audiencia Provincial, que había suspendido su encarcelamiento el pasado lunes para citar a González para un reconocimiento médico en las dependencias de la clínica médico-forense del Instituto de Medicina Legal en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La resolución, adoptada por los magistrados Joaquín Astor Landete (en calidad de presidente del tribunal) y
Jaime Requena (como ponente) y Fernando Paredes Sánchez, se basa en que los informes médicos indican que, si bien el empresario tinerfeño «presenta problemas de salud relacionados con su edad, no presenta en el momento actual una repercusión cognitiva que le impida entender el sentido de la pena que se le ha impuesto” por lo que no resulta posible suspender la ejecución de la pena».
«Tampoco se informa de que el penado presente una enfermedad que pueda ser calificada en el momento actual como grave e incurable», añade el auto, sino que «por el contrario, el informe forense recibido precisa que los cuidados médicos y sanitarios que pueda requerir el penado pueden ser prestados por el Servicio Médico Penitenciario, sin perjuicio de la relevancia que los mismos puedan tener para resolver posteriormente sobre el mejor modo de ejecutar la pena impuesta»
Desde el lunes 1 de abril ya están encarcelados el exalcalde Miguel Zerolo; el exconcejal de Urbanismo; Manuel Parejo (ambos de CC cuando cometieron los hechos delictivos) y Antonio Plasencia, a quienes no se les concedió un plazo para ingresar voluntariamente en prisión al considerar que había riesgo de fuga. Las otras dos personas declaradas culpables, los funcionarios José Tomás Martín y Víctor Reyes, tenían cinco días desde el pasado lunes, al no existir en ambos casos riesgo de que se fugaran.