VICENTE PÉREZ
Los dos denunciantes del caso Grúas, Rubens Ascanio (Uni@s se puede) y Santiago Pérez (Por Tenerife-NC) han concidido en señalar que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC) «ha mentido» en su declaración este Miércoles Santo como investigado por delitos de prevaricación, tráfico de malversación e influencias ante el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna.
En cambio, el exalcalde lagunero en rueda de prensa posterior se mostró seguro de que con su declaración demostró en sede judicial que el expediente fue legal «y un éxito» porque el Ayuntamiento de La Laguna dio un préstamo a la concesionaria de la retirada de vehículos (Autogrúas Poli, con dos de cuyos trabajadores que acabaron comprando la empresa reconoció tener ciertas relaciones personales, pues fue a la boda de uno de ellos al ser su consorte una exempleada de su antigua gestoría), recuperó los 120.000 euros con intereses y el servicio público se siguió prestando con normalidad.
Nada tendría de particular si no fuera porque la empresa tenía cuantiosas deudas con el erario público y pese pese a ello se le prorrogó cinco años más la concesión, y porque el interventor general advirtió de que tal préstamo no era legal, aunque Clavijo en su declaración derivó cualquier posible responsabilidad a los funcionarios municipales.
Clavijo respondió a las preguntas de la jueza, Celia Blanco; la fiscal Anticorrupción, María Farnés (que fue quien realmente tiró del carro interrogador), y los abogados de la defensa, pero no a los de la acusación popular (la dirigente del PSOE Sandra Rodríguez, en representación de XTF-NC, y el concejal santacrucero de Sí se puede, Pedro Arcila, letrado de Unidos se puede). En la rueda de prensa, el presidente autonómico justificó esta negativa de este modo: «Es una denuncia que lo único que busca es generarme daño político y menoscabo» como candidato de CC a la reelección en mayo de 2017.
«Las repuestas de Clavijo en el Juzgado no se las cree ni él»
«Está en su derecho de mentir como imputado, donde no tenía derecho a mentir, y lo hizo, es en el Parlamento canario y ante la opinión pública, pero las respuestas de Clavijo en el Juzgado no se las cree ni él”, asevera en un comunicado Santiago Pérez, concejal de la oposición en La Laguna y denunciante tanto de este caso como de otro muy sonado ya con condena, el de Las Teresitas, por el que están en prisión ya seis personas, incluyendo el exalcalde chicharrero Miguel Zerolo (del mismo partido que Clavijo).
Pérez hace un sarcasmo al afirmar que el presidente del Gobierno canario «como hizo en su momento el actual alcalde y también imputado, José Alberto Díaz (CC), en otro alarde de valentía insuperable, ha intentado echar la culpa a los funcionarios; en particular a la directora del servicio, Rosario Hernández Eugenio, que tendrá que comparecer pronto como imputada»
El codenunciante del caso tachó de «sencillamente intolerable » que Clavijo convocara a los periodistas a la sede de Presidencia «después de esconderse, y madrugar para entrar en el Juzgado sin que nadie lo viera, porque de esa forma está asociando la institución de la Presidencia a sus andanzas en el Caso Grúas».
«Vergonzoso responsabilizar a técnicos y subordinados»
El portavoz municipal de Unidas se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, considera en otro comunicado que el resultado de las casi tres horas y media de la declaración de Clavijo es «vergonzoso, ya que ahora responsabiliza de las posibles ilegalidades a los técnicos y a subordinados”.
E igualmente tacha de «escandaloso que un presidente del Gobierno mienta en sede judicial al decir que no le consta que el concesionario incumplía el pliego o no sabiendo que en caso de incumplimiento se deba resolver el contrato, ya que hay una treintena de escritos presentados por registro oficial por los trabajadores de la empresa concesionaria entre 2012 y 2014 en los que claramente describen los incumplimientos y sus efectos, casi todos iban dirigidos al propio Fernando Clavijo”.
El edil cree que Clavijo ha realizado “un cambio de estrategia procesal significativo, reconociendo elementos mal gestionados pero atribuyéndolos a ese personal que estaba por debajo de su situación, cuando era alcalde”.
Ascanio lamenta, por otra parte, que, «al igual que hiciera el alcalde José Alberto Díaz, en su declaración como imputado de hace un año, el presidente canario se negó a responder a las preguntas de los abogados de la parte denunciante. “No ha querido dar explicaciones a preguntas incómodas que evidentemente no sabía contestar, como se puede acreditar en su declaración”, apostilla.
Con respecto a los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, según la lectura del edil de Unidas se puede, Clavijo “hizo un relato exculpatorio, alegando que solo conocía a dos de los propietarios por su vínculo con el kárate y que a otro lo había casado y era esposo de una extrabajadora de su empresa”. En este punto, Ascanio recuerda además que «en noviembre de 2017 otro de los propietarios de la empresa de grúas señaló que había trabajado en Leroy Merlín, donde conoció a Tomás Febles, persona que compró la empresa de Clavijo [una gestoría, Administración Ecológica SL] y donde también trabajaba el exalcalde lagunero antes de su etapa política”.
Precisamente cuando los trabajadores ya habían comprado al propietario inicial Autogrúas Poli, en un litigio laboral dieron el mismo domicilio para notificaciones que la que había sido sede de la empresa de Clavijo.
«Se primó el interés particular y no el general»
Ascanio, portavoz del principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, coloca al exalcalde como autor intelectual de toda la gestión indirecta del servicio de recogida de vehículos en la vías públicas «pues el primer documento del expediente de las grúas es su escrito de 2003 en el que apuesta por este proceso privatizador, clave para poder colocar a personas afines sin proceso de selección oficial alguno”.
Otro elemento que, a juicio de Unidas se puede, destaca de la declaración el presidente «es la voluntad de señalar a los responsables de la intervención del servicio y al propio interventor municipal como presuntos autores de inacciones en sus actos que facilitaron procesos como el del préstamo o la prórroga del servicio». Indica Clavijo que los escritos de los interventores previos a la prórroga ya hablan de la posibilidad de no mantener el servicio en manos de Autogrúas Poli SL, pero Unidos se puede opina que «en esto, como en otros aspectos, primó el interés particular de preservar los bienes de los propietarios de la empresa sobre el interés general”.
Las preguntas que no le pudo hacer la acusación popular
XTF-NC hizo públicas las cinco cuestiones que no pudo plantearle al presidente canario, pues se acogió a su derecho de no contestar a la acusación popular:
«PRIMERA.- ¿Por qué ordenó usted que en todas las propuestas de concesión de un préstamo sin fundamento legal a la empresa Autogrúas Poli y en las de prórroga de la concesión, así como en las resoluciones de la Alcaldía levantando los reparos de la Intervención al préstamo y a la prórroga, se omitiera absolutamente el informe de 8 de abril de los interventores del servicio en el que se hacía constar que:
-La empresa podría estar en situación de insolvencia, debiendo promover concurso de acreedores.
– La empresa podría estar incursa en causa de disolución.
– La empresa habría incurrido en faltas, tipificadas por el Pliego de Cláusulas Administrativos y Prescripciones (artículo 22.1.3) como faltas gravísimas o muy graves, que debían ser sancionadas con la caducidad de la concesión (art. 23.c).
SEGUNDA.- ¿Fue Vd. quien dio la orden de que no se iniciaran los expedientes sancionadores, ante las faltas gravísimas cometidas por la empresa AutoGrúas Poli, para sancionarla con la caducidad de la explotación como se establecía en el art. 23.c del Pliego de Condiciones; y sí, por el contrario, concederle un préstamo de dinero público y la prórroga del contrato?
TERCERA.- ¿La finalidad de hacer dejación absoluta de la potestad sancionatoria del Ayuntamiento, evitando sancionar a la empresa concesionaria con la caducidad del servicio, fue la de proteger el patrimonio de los titulares de la empresa concesionaria frente al concurso de acreedores?
CUARTA.- ¿Por qué afirma usted reiteradamente en el Decreto 1284/2014, de 26 de agosto, que el levantamiento de los reparos de la Intervención General (informes de 31 de julio y 22 de agosto de 2014) a la concesión de la prórroga a una empresa insolvente y gravísimamente incumplidora de sus obligaciones contractuales se sustentaba en el dictamen de los catedráticos contratados para que le dieran la razón a lo que Vd. perseguía, cuando el dictamen sólo se refirió al préstamo y no a la prórroga, como los propios catedráticos han reconocido en sede judicial?
QUINTA.- ¿Por qué ordenó a los interventores de la empresa de grúas que devolvieran al Ayuntamiento el préstamo ilegal antes que pagar las deudas vencidas, exigibles y en ejecutiva con la Seguridad Social y con las Haciendas estatal y canaria y antes que los salarios que debían a los trabajadores?
«He esclarecido todas la dudas sobre posibles arbitrariedades»
Tras más de cinco horas en los Juzgados (de ellas una hora y tres cuartos transcurrieron esperando a que comenzara la declaración, pues le abrieron el edificio antes de la apertura habitual, y otra hora y media para revisar su declaración), Clavijo optó por dar rueda de prensa en la sede oficial de su cargo en el Gobierno canario, el conocido como búnker de Presidencia, aunque los hechos se refieran a su etapa como alcalde y realmente dos decenas de cámaras y redactores llevaran esperando muchas horas a las puertas del Juzgado.
En la sala donde suele dar las ruedas de prensa como mandatario autonómico, distribuyó copia de la transcripción de su declaración judicial. Y allí reiteró su alegato en su defensa: que el expediente fue «un éxito» y que él actuó siempre de forma «correcta» en todo el expediente, porque rescatar la concesión del servicio hubiera supuesto «asumir el desequilibrio económico de la empresa con los recursos de todos los laguneros».
A su juicio, todo ha quedado ya aclarado para disipar dudas sobre «cualquier tipo de arbitrariedad» en el expediente, y subrayó que como alcalde decidió entre informes contradictorios del interventor, que vio ilegal el préstamo a Autogrúas Poli, y la asesoría jurídica municipal (que, según declaró en el Juzgado, encargó informes externos a profesores de la Universidad de La Laguna, uno de ellos el catedrático de cabecera de Clavijo, Francisco Villar, pues, como encargo más significativo, le encomendaría años depués la redacción de la polémica Ley del Suelo de Canarias).
Sí se puede reprocha a Clavijo que «siga sin dar la cara»
El partido ecosocialista opina que el presidente canario «elude dar las explicaciones que aseguraba estar deseando hacer al negarse a responder a la acusación particular».
«El presidente del Gobierno de Canarias, mientras maniobraba lo indecible para evitar su comparecencia ante la justicia, afirmaba que ansiaba el momento de llegar ante el tribunal para aclarar a la jueza su papel en el caso vinculado a la privatización del servicio de grúas municipales durante su mandato en el Ayuntamiento de La Laguna, una decisión que costó a la corporación y a la ciudadanía más de un millón de euros de sobrecoste según el informe que analizó, entre otros factores, la diferencia entre el coste de la prestación del servicio público y su privatización», afirma Sí se puede en un comunicado, que, al igual que los denunciantes no duda en calificar de «mentirosa e indigna» la declaración del exalcalde en el Juzgado.