PLANETA CANARIO
El concejal de Servicios de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra (PP), ha informado en la Comisión de Control que el Ayuntamiento ha requerido a las empresas concesionarias de los aparcamientos públicos de la ciudad que justifiquen por qué vienen cobrando unas tarifas entre un 25% y un 80% más caras de lo permitido y por qué no abonan la cuantía del canon que les correspondería.
El edil, que compareció a petición de Unidas Podemos, afirmó que en función de las alegaciones que presenten estas empresas, se les aplicarán penalizaciones que pueden incluir sanciones económicas y, en último recurso, incluso el rescate de la concesión administrativa.
Los incumplimientos de las condiciones contractuales por parte de las concesionarias ya se conocían desde 2017, cuando un estudio realizado por una consultora, detectó cánones que no se pagaban en años y que se liquidaban de golpe sin abonar intereses de demora, construcción de más o menos plazas de aparcamientos de las recogidas en el proyecto sin justificación, usos prohibidos explícitamente por las condiciones del contrato o concesiones a terceros sin permisos municipales.
Los parkings inspeccionados son los de la Plaza de España, Tomé Cano, Puente Serrador, Puerto Escondido (El Pilar), prolongación de Ramón y Cajal, plaza Weyler, Valentín Sanz y junto al Estadio Heliodoro. El ubicado junto al Corte Inglés ya fue objeto de un expediente distinto mediante el que el anterior gobierno municipal tramitó la rescisión del contrato con el empresario Antonio Plasencia por cesión ilegal.
Díaz Guerra explicó que estas concesiones se otorgaron en los años 90 del pasado siglo y que cada aparcamiento se rige por «una fórmula polinómica bastante complicada, con diferentes componentes o variables, para calcular la tarifa que podía cobrar y que se iría actualizando». En el caso de los cánones, añadió, «eran cantidades fijas en algunos casos, en otros calculada mediante esa fórmula polinómica, y en otros en función de la tarifa que cobraran».
Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) reclamó al gobierno municipal que actúe con firmeza y contundencia, incluso retirando las concesiones, contra los precios abusivos y el impago de cánones por las empresas que explotan los aparcamientos público y criticó que «se haya tardado cuatro años y medio en tomar medidas», según expresó en la Comisión de Control la concejala Dolores Espinosa, quien echó en falta que el equipo gobernante no le respondiera a la pregunta de «por qué han tardado tanto tiempo en exigir responsabilidades».
Y es que, según expuso luego la edil en un comunicado, «los sucesivos gobiernos encabezados por CC, desde los tiempos de Zerolo como alcalde, hicieron durante décadas la vista gorda y solo por la presión de la oposición de izquierdas y las quejas ciudadanas se hayan decidido a actuar, poniéndoles contra las cuerdas».
Tales irregularidades ya vienen siendo denunciadas en comisiones de control y plenos desde el pasado y el presente mandato por Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, quien también en febrero de este año pidió explicaciones por este asunto al gobierno municipal, pues considera que las infracciones recogidas en dicho informe de hace más de 4 años años dan al Ayuntamiento “una posición de fuerza” para mejorar las tarifas y otras condiciones con las empresas adjudicatarias, después de que durante mucho tiempo «las irregularidades se hayan tolerado de una manera absolutamente escandalosa».
El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, felicitó en la Comisión de Control a los técnicos del área de Servicios Públicos y a Díaz Guerra «porque al final se ha podido meter mano» a este asunto, «que necesita regularización» por parte del Ayuntamiento. En este sentido, instó al gobierno municipal a que ordene a los propietarios de los parkings que bajen las tarifas al nivel que corresponde.
Además, el concejal socialista propuso crear un organismo regulador de las tarifas de estos aparcamientos públicos, ubicados en el centro de la ciudad, » tal como han hecho otros ayuntamientos, para evitar que en el espacio público del subsuelo especulen con los precios y los usos».