VICENTE PÉREZ
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dado por «imposible» restaurar el paisaje destrozado por las extracciones ilegales de áridos en los barrancos de Güímar, por lo que los empresarios (entre ellos Antonio Plasencia) condenados en 2016 a restablecer el equilibrio ecológico perturbado deberán cumplir esa sentencia mediante el pago de una indemnización por daños y perjuicios al Gobierno de Canarias y al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, pero sin tener que rellenar los inmensos hoyos.
Así lo ha determinado la Sección Segunda de esta instancia judicial en una auto dictado este 18 de enero, en un nuevo trámite judicial del caso Áridos, que versa sobre el mayor atentado medioambiental de Tenerife y uno de los más graves cometidos en Canarias, con extracciones ilegales que ninguna administración pública paró durante décadas, y dejaron una gigantesca herida en el barranco de Badajoz en forma de descomunales agujeros.
El tribunal que preside Joaquín Luis Astro Landete emplaza ahora a la la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (organismo del Cabildo) y a la acusación particular para que en el plazo de diez días presenten valoración detallada de los daños y perjuicios sufridos, ya que la fianza impuesta en su día a los condenados, de 170 millones de euros no equivale a este concepto.
La Audiencia Provincial ha tomado esta decisión tras examinar las objeciones y reparos de los informes técnicos desfavorables del Cabildo de Tenerife y el Gobierno canario a las planes y proyectos de restauración para cada cantera propuestos por los condenados para cumplir la condena, que, si bien aún no tienen resolución definitiva, «hacen hoy en día inviable la autorización para la realización de los trabajos de restauración de las canteras».
Para el tribunal, «resulta especialmente significativa la carencia de disponibilidad de materiales con los que rellenar los huecos generados por las explotaciones, tanto por la falta en sí de elementos sólidos adecuados como por las consecuencias que se generarían para las zonas de las que se extrajera un volumen tan elevado como el exigido para la restauración».
Rellenar las canteras traería una «catástrofe» ambiental y «limitados beneficios», según un informe del Gobierno canario
«Sin lugar a dudas», prosigue el dictamen de la Consejería regional, «se podría hablar de una auténtica catástrofe ambiental con múltiples consecuencias, algunas de las cuales transcenderían los actuales marcos de referencia; en especial, lo que supondría en términos de contaminación atmosférica, aportación al cambio climático, desasosiego público y daños para la salud, de los mínimos 1.712.811 viajes de camión que habrían de realizarse para rellenar los huecos dejados en estas 6 canteras.”.
Los condenados defienden la viabilidad de rellenar las canteras
Los condenados han expresado su disconformidad con la sustitución de la obligación de restaurar las canteras por indemnizar daños y perjuicios, al tiempo que defendieron la viabilidad de los planes de restauración. Así lo mantuvieron los respectivos abogados de Pedro Sicilia Delgado (respecto a la cantera Extracsa), José Enrique Morales Rodríguez (en cuanto a la cantera Badén II) y Antonio Plasencia Santos (por lo que se refiere a la cantera Badajoz).
La Fiscalía consideró procedente la indemnización de los daños y perjuicios, y pidió requerir nuevamente al pago de las cantidades establecidas en el auto de 16 de diciembre de 2014 dictado por el Juzgado de Primera instancia e Instrucción 2 de Güímar con los intereses legales, o en su caso la exacción de los bienes.
El alcalde, Airám Puerta, ha indicado en declaraciones a la SER en Tenerife que el Ayuntamiento no está de acuerdo con el auto y se ha mostrado sorprendido con sus conclusiones aunque no hayan terminado los procedimientos administrativos de los planes y proyectos de restauración.
Además, al regidor socialista le llama «poderosamente la atención» que el Ayuntamiento no sea beneficiario de las indemnizaciones con las que la Audiencia Provincial sustituye la obligación de restaurar la realidad física alterada. Puerta anunció que el consistorio ejercerá las acciones legales que sean posibles, e «incluso ir a Europa para reconducir esto, pues no pueden dejar al Ayuntamiento fuera; el delito se ha cometido aquí y son los güimareros y las güimareras los que han soportado» estos perjuicios.
A excepción de un condenado, que ingresó en prisión, los otros eludieron la cárcel mediante fianzas multimillonarias que se fijaron en un auto. En concreto: EXTRACCIONES DE ARIDOS CANARIOS S.A. (representada por Pedro Díaz Delgado) titular de la cantera EXTRACSA, 39.064.475; ÁRIDOS DEL SUR, S.A. (representada por Antonio Ramón Plasencia Santos), titular de la cantera BADAJOZ, 66.422.000euros; HERMANOS MORALES MARTIN S.L. (representada po José Enrique Morales García) titular de la cantera BADEN II, 62.936.683 euros. Tales importes atendían a las valoraciones recogidas en las peritaciones efectuadas por dos ingenieros, en las cuales se consideraba el coste del material detraído y daños provocados por la actividad extractiva.