El jefe provincial de Costas confirma que las obras del hotel de La Tejita en dominio público no están autorizadas

El Servicio Provincial de Costas responde a la Asociación Salvar La Tejita que abrirá expediente sancionador a la promotora si no paraliza los movimientos de tierra en la zona afectada por el nuevo domino público marítimo terrestre

Obras del hotel de La Tejita.

PLANETA CANARIO

El Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife ha comunicado a la asociación Salvar La Tejita que incoará expediente sancionador a la empresa promotora del hotel de La Tejita, perteneciente al grupo gallego Viqueira, «por ignorar el requerimiento enviado el 12 de abril de 2024 instándole a la paralización inmediata de las obras en el dominio público marítimo terrestre».

Costas recalca que  “en la fecha actual, la promotora no dispone de título que ampare las obras” en la franja pública, según confirma en un escrito el jefe provincial de Costas, Jorge Miguel Ortega.

El domino público costero cambió en esta zona de Granadilla en 2021, con la fijación de una nueva delimitación que afecta a parte del proyecto hotelero, un cambio que acaeció después de la licencias  concedida por el Ayuntamiento para la construcción del polémico hotel de casi 900 camas junto al espacio natural protegido de Montaña Roja.

Salvar La Tejita muestra en un comunicado su «más absoluto rechazo»  al comportamiento de la empresa, que además» sigue diciendo en medios de comunicación que tiene todo en regla para poder seguir destrozando una zona que tiene especial protección, al ser domino público».

La asociación critica a la Administraciones públicas que, «teniendo competencias para actuar, miran para otro lado, como el Ayuntamiento de Granadilla, el Gobierno de Canarias y el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife», ya que no se paralizan los movimientos de tierra.

«El grupo Viqueira está aprovechando hasta el último día para destruir todo lo posible el área afectada por el nuevo deslinde», subrayan los ecologistas.

A mediados de marzo pasado, la empresa gallega divulgó un comunicado en el que asegura que cuenta «con todos los permisos necesarios» para las obras que reanudó en febrero e insiste que tres sentencias judiciales «avalan la legalidad» de ejecutar el proyecto. Un criterio que, como se ve, choca con el de la Dirección General de la Costas.

La paralización de las obras es una de las reivindicaciones de un grupo de activistas en huelga de hambre en el centro histórico de La Laguna.

 

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