PLANETA CANARIO
El interventor general del Cabildo de Tenerife ha presentado una denuncia en la Fiscalía, que ya ha abierto diligencias, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas por la posible existencia de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y administración en una operación de compraventa que se llevó a cabo con Coalición Canaria (CC) al frente del gobierno insular, según ha adelantado Mírame Televisión
El Cabildo compró en enero de 2012 por 18,9 millones de euros dos fincas propiedad del CD Tenerife y de la empresa NAP de África Occidental SA, enclavadas en la ciudad deportiva de Geneto, cuyo precio se infló con una tasación hasta el 524% por encima del valor de mercado.
La compra de las dos parcelas de la ciudad deportiva permitió al CD Tenerife sanear parte de su deuda, al recibir 13 millones, mientras que los 5,9 millones restantes fueron a parar a la empresa NAP, cuyo 45% pertenecía entonces al Cabildo y el 55% restante a capital privado.
En la tramitación administrativa, según el informe del interventor, firmado el pasado 9 de octubre y al que ha tenido acceso Mírame Televisión, se han detectado numerosas irregularidades y anomalías que podrían ser delictivas. En el momento de la operación, la Corporación insular estaba dirigida por Ricardo Melchior, que un año y medio después dejó la presidencia en manos de su número dos y responsable hasta entonces, entre otras, de las áreas de Economía y Competitividad, Carlos Alonso, ambos de CC-PNC.
La historia de la ciudad deportiva del CD Tenerife se remonta a 1997, cuando el club compró 90.000 metros cuadrados de suelo en San Bartolomé de Geneto (La Laguna), para levantar el nuevo complejo.
En 2006, un grupo de importantes accionistas de la entidad futbolística creó Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos SA para comprar, por 16 millones, los terrenos que no lograron enajenarse mediante subasta un año antes. La operación se financió a través de CajaCanarias.
La nueva sociedad propietaria segregó la parcela en dos: que pasó a dividirse en una finca de 17.442 metros cuadrados y otra de 13.258. En 2007, la también conocida como Promotora del CD Tenerife vendió la más grande por nueve millones a la empresa mixta NAP de África Occidental-Islas Canarias SA, que se hizo con el suelo bajo el pretexto de ubicar un nuevo centro de datos que, finalmente, se llevó a Granadilla, según relata el periodista David Cuesta en el citado canal de televisión.
En 2011 comenzaron las negociaciones de la Corporación insular con Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos SA para comprar la parcela de 13.258 metros cuadrados, pero antes de cerrarse la operación, que también incluyó la adquisición de la finca propiedad del NAP, la empresa se fusionó con el CD Tenerife, que pasó a cargar con la deuda que la Promotora arrastraba con CajaCanarias.
El Cabildo desembolsó por los terrenos 18,9 millones, de los que 13 fueron a parar al club y 5,9 a la empresa mixta NAP de África Occidental-Islas Canarias SA, que recibió tres millones menos del precio que había pagado cinco años antes. Trece meses después, la Corporación insular se hizo con el paquete de acciones privadas del NAP, que suponían el 55% del total.
Con el pelotazo, los empresarios del CD Tenerife, a través de la Promotora, cerraron en seis años un negocio de 22 millones, con una inversión inicial de 16 millones, sin mover una piedra. Todo gracias a la colaboración del Cabildo insular y de CajaCanarias, Banca Cívica desde 2010, que financió la operación y tasó los terrenos.
Las posibles irregularidades
El interventor del Cabildo ve irregular la tasación de los terrenos, encargada a Tinsa, la tasadora de cabecera de CajaCanarias, principal acreedor del CD Tenerife en el momento de la operación, y elaborada por un aparejador que aparece en la valoración inflada de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas. Según el informe del funcionario insular, la cantidad desembolsada por el Cabildo “representa un incremento del 524%” con respecto al valor catastral de las parcelas en 2017.
El principal responsable de fiscalizar el gasto del Cabildo de Tenerife concluye que la tasación de Tinsa»no reunía los requisitos mínimos para servir de base a la adquisición». Para llegar al precio final que aceptó el Cabildo, según relata el funcionario, la tasación utilizó como referencia valores de las vías más céntricas de Santa Cruz de Tenerife, como las calles del Castillo, del Pilar o Valentín Sanz; a pesar de que estas distan 12 kilómetros de San Bartolomé de Geneto.
El interventor también encuentra irregularidades relacionadas con el papel que jugó la empresa NAP de África Occidental SA, que en 2007 compró por nueve millones a la Promotora del CD Tenerife una de las dos parcelas que después se vendieron al Cabildo. A pesar de tener cerca de 4.000 metros cuadrados más que la otra finca, los terrenos se pagaron más baratos, 5,9 millones frente a 13 millones; es decir, tres millones menos de lo que costaron cinco años antes. Trece meses después de la operación, la Corporación insular adquirió, a través de la sociedad Instituto Tecnológico de Energías Renovables, la totalidad de las acciones de NAP.
Concluye el interventor que «los precios de las compraventas realizadas por el NAP, y la posterior compra del ITER de las acciones que ostentaban los empresarios privados que participaban en el accionariado del NAP, suponen un perjuicio que se irroga al capital público de la sociedad».
El desequilibrio financiero que la operación provocó en las cuentas de la empresa pública Parque Científico y Tecnológico, la sociedad que utilizó el Cabildo para canalizar la compra, también encendió el semáforo rojo en la Intervención General. En su escrito, Antonio Messía de Yraola argumenta que la subrogación «en los préstamos hipotecarios que gravan las dos fincas se efectúa con la omisión de un trámite preceptivo esencial, cual es la autorización previa del Cabildo de Tenerife».
El responsable del servicio de Intervención del Cabildo aprecia también posible responsabilidad contable por existencia de alcance, de ahí que el informe también haya sido remitido a un organismo como el Tribunal de Cuentas.
Otra de las anomalías detectadas por el funcionario estriba en que no se tramitó el correspondiente expediente de licitación y «no concurrió ningún supuesto que facultara la posible adquisición». El informe añade que tampoco se justificó «el requisito esencial de la causa, deviniendo innecesaria la adquisición realizada por Parque Científico y Tecnológico de Tenerife».