VICENTE PÉREZ
Francisco Javier Hernández Hernández, denunciante del caso Áridos, uno de los mayores escándalos medioambientales habidos en Canarias, duerme con la conciencia tranquila. Cuatro empresarios han sido condenados, uno está en la cárcel y los otros la eludirán si pagan 185 millones de euros, en sentencia que ya es firme a raíz de una resolución dictada por el Tribunal Supremo que confirma esta indemnización al erario público que debe emplearse para restaurar el enorme daño causado a la naturaleza tras décadas de extracciones ilegales.
“Cuando creemos tener razón, pues vamos hasta el final hasta las últimas consecuencias. No pensé que esta aventura fuera a llegar a tan altos vuelos y la lucha llegado hasta el final. Y aquí al ser la razón es en beneficio de todo un pueblo, pues todavía da más ánimo para hacerlo”, afirma Hernández, entrevistado por PLANETA CANARIO junto al precipicio de uno de los descomunales hoyos dejados en el paisaje güimarero por una de estas industrias.
Hay que recordar que de los condenados por el caso Áridos, solo uno, Francisco del Rosario, pasó por juicio oral y entró en la cárcel para cumplir una condena de tres años de prisión, mientras que los otros tres, José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia, asumieron su culpabilidad y eludieron el juicio, tras aceptar una condena de un año y tres meses de prisión y el pago de la restauración de las canteras de áridos.
El plan que presentaron fue rechazado, en vía administrativa y judicial, por técnicamente inviable, por lo que deben abonar esos 185 millones al Gobierno canario y al Cabildo para que la lleven a cabo, según ratifica una sentencia firme del Supremo dictada el pasado mes y adelantada por PLANETA CANARIO.
La ejecución de la sentencia
Sobre cómo se ejecute finalmente la sentencia, el denunciante “siempre” ha tenido claro que el dinero se debe emplear la restauración de los enormes agujeros dejados en el paisaje por estas industrias ilegales, aunque es consciente de que “hemos llegado a un punto en el que teóricamente no se pueden rellenar hasta la cota cero”.
Pero sí insiste en que se tiene que mejorar la situación de estos cauces de barranco, “pues no vamos no vamos a montar aquí un parque temático, porque no es lo que correspondr”.
«Es un caso penal de libro»
Echando la vista atrás, Hernández evoca “que han sido muchos años de lucha; al principio parecía que todo iba a ser color de rosa esta denuncia, porque era un caso de libro, ya que los agujeros estaban y también estaba reconocido que todas las empresas extraían áridos de forma ilegal, de una manera bestial, sin contemplar ningún tipo de proyecto de restauración”.
Así que, insiste, “bastaba mirar lo que dice el el Código Penal, los artículos 325 al 330, para concluir que era de cajón la ilegalidad, como si la ley estuviera diseñada para castigar lo que estaba ocurriendo en Güímar”.
«Yo no cedo ante amenazas ni chantajes; soy de piñón fijo»
Pero la responsabilidad que ha asumido en este proceso judicial sería imposible sin unos acendrados valores éticos: “No sé si es un defecto o virtud, pero nunca me han gustado los abusos contra el pueblo, contra la gente, y luchar contra eso siempre me ha levantado el ánimo”.
“De hecho”, confiesa, “una vez me dijo un alcalde de Güímar, en un caso en el que se trataba de resolver unos problemas que teníamos en el pueblo, que yo era de piñón fijo y, es verdad, nunca doy marcha atrás”. Además, reconoce que no se ha sentido tan solo, pues ha tenido el apoyo de “compañeros” del municipio.
«La cárcel no resuelve nada, sino restaurar los barrancos»
Una cosa que quiere dejar patente en la entrevista es que “lo que nosotros perseguimos desde el principio era la restauración de estos agujeros, no que estos señores fueran a la cárcel o que sufrieran otras consecuencias que en realidad no nos resolvía nada ni a nosotros como particulares denunciantes, ni al pueblo de Güímar, que lo que necesItaba era recuperar el territorio dañado”.
En ese objetivo de la restauración, recuerda cómo el asunto estuvo empantanado desde la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial en 2016, una dilación con la que pasaron 7 años, “y no se resolvía absolutamente nada, hasta que entró en liza el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Medio Ambiente que determinó que no era viable el plan presentado por los condenados, y a partir de ahí se fijó que tenían que indemnizar y la indemnización de 185.000.000 de euros”.
Un dinero que, como acusación popular en esta causa penal, van a velar por que se consiga y se dedique al objetivo perseguido desde el principio. “Hemos conseguido algo que nadie había intentado antes, pero nos tocó a nosotros ser los que poníamos la carne en el asador; y si hubo amenazas y presiones, pues ya están olvidadas”. “Esa es la satisfacción que uno tendrá de todo esto, la restauración de los barrancos de Güímar”, comenta, junto a su abogado, Carlos Álvarez, cuya versión ya ofreció PLANETA CANARIO en una pasada información.
Francisco Hernández es en la actualidad concejal en la oposición del Ayuntamiento güimarero (en este mandato en la candidatura del PP, como independiente). Cuando presentó la denuncia pertenecía al Partido Nacionalista Canario (PNC), que luego abandonó precisamente para poder continuar con este proceso judicial.