VICENTE PÉREZ
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dirigido una carta al Gobierno estatal en la que muestra su «absoluto rechazo» a la posibilidad de autorizar desembarco de pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius (de la compañía holandesa Oceanwide Expeditions) en Tenerife, adonde tiene previsto llegar esta semana procedente de Cabo Verde tras el acuerdo adoptado por el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el barco haga escala en el puerto de Granadilla.
En su misiva, dirigida al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a tres ministros (Mónica García, Óscar Puente y Ángel Víctor Torres) y al presidente de Puertos del Estado, Dávila quiere dejar «constancia» de que, «si se produjeran desembarcos sin las debidas garantías y ello derivara en consecuencias sanitarias o sociales, quienes adopten dichas decisiones deberán asumir las responsabilidades políticas, administrativas y, en su caso, judiciales que correspondan».
No aclara la mandataria insular qué entiende por «consecuencias sociales» pero con las sanitarias alude claramente a que haya contagios en Tenerife de este virus, que presenta una tasa de mortalidad del 50%.
Se trata de la variante de hantavirus conocida como virus de los Andes (ANDV), peligrosa porque es la única que se transmite entre humanos.
En el brote ocurrido en el barco tres de los afectados han muerto y uno se encontraba en estado crítico.
En este contexto, la presidenta del Cabildo ha solicitado formalmente al Gobierno estatal que «cualquier decisión relacionada con esta embarcación se adopte únicamente bajo criterios estrictamente sanitarios, garantizando previamente información pública completa y transparente, coordinación real con las instituciones canarias, protocolos de aislamiento plenamente garantizados y la absoluta seguridad para la población y para los profesionales sanitarios».
Dávila recuerda que «el propio Reglamento Sanitario Internacional de la OMS establece que, ante riesgos para la salud pública, los Estados pueden adoptar medidas restrictivas, controles sanitarios estrictos, aislamiento e incluso limitar desembarcos cuando exista peligro de propagación».
«Precisamente por ello», añade, «resulta incomprensible que se pretenda convertir nuevamente a Tenerife en el territorio donde se gestionen situaciones de alto impacto sanitario sin el debido consenso institucional ni las garantías suficientes para nuestra población».
A juicio de la máxima responsable del Cabildo, «Tenerife y Canarias no puede seguir siendo tratada como un territorio de contingencia permanente al que se derivan crisis internacionales por razones de conveniencia política o geográfica».
«Nuestra comunidad ya soporta una enorme presión sobre sus servicios públicos y especialmente sobre su sistema sanitario, circunstancia que debería obligar al Gobierno de España a actuar con máxima prudencia y responsabilidad», argumenta.
Al respecto, conviene recordar que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles que han sido evacuados del barco las personas sintomáticas, por lo que la embarcación llegaría a Tenerife solo con las que no muestran síntomas.
Desde Tenerife 13 pasajeros y un tripulante españoles serán trasladados a un hospital militar en Madrid, mientras que el resto de personas a bordo serán evacuadas a sus respectivos países de orígen, según ha explicado la ministra en rueda de prensa.
En su carta, Dávila afirma que entiende «perfectamente la obligación humanitaria y sanitaria de atender a las personas afectadas, pero precisamente esa responsabilidad exige adoptar decisiones basadas exclusivamente en criterios de seguridad, transparencia y proporcionalidad; y hoy siguen existiendo demasiadas dudas sobre el alcance real del brote, los riesgos efectivos de transmisión y las consecuencias que un desembarco podría generar».