PLANETA CANARIO
El Servicio Provincial de Costas de Tenerife ha informado al Cabildo de La Palma iniciará un nuevo expediente sancionador contra esta Administración insular por la instalación en 2022 de una tubería de agua sobre la nueva fajana por las coladas del volcán Tajogaite, sin autorización para ocupar el dominio público marítimo terrestre.
El Consejo de Ministros aprobó en marzo la declaración de caducidad del primer expediente, por el que el Cabildo se exponía a una multa de unos 1,7 millones de euros, pero al no estar prescrita la infracción, Costas iniciará un nuevo expediente.
Así lo ha informado este sábado 6 de abril e nota de prensa el propio presidente del Cabido palmero, Sergio Rodríguez (de CC), quien estaba en la oposición cuando se realizó esta obra por vía de emergencia, promovida por el gobierno insular que encabezada Mariano Hernández Zapata, del PP en cogobierno con el PSOE.
Rodríguez explica que el próximo lunes, 8 de abril mantendrá un encuentro con la Dirección General de Costas «para conocer en profundidad cuál es la situación del expediente». Este organismo depende del Ministerio de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático.
El oficio remitido al Cabildo por Costas recoge textualmente que “tal y como establecen los artículos 25.1.b y 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras la declaración de caducidad y al no haberse producido la prescripción, se iniciará un nuevo procedimiento por parte de este Servicio Provincial de Costas, en el que podrán incluirse todos los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haber producido la caducidad”, según el comunicado de la institución insular.
“Ahora debemos trabajar para acatar lo que nos piden y negociar con el objetivo de reducir las repercusiones”, manifiesta el presidente del Cabildo, quien critica «la actitud triunfalista» que mostraron el PP y el PSOE cuando dieron por zanjado este asunto con el acuerdo del Consejo de Ministros declarando la caducidad.
El mandatario insular asegura que no discute «la necesidad de las obras que se llevaron a cabo» pero sí sostiene que «había otras opciones de abastecer al sector primario de esa zona”.
La tubería tiene una longitud de 9 kilómetros, con 1.700 metros sobre la fajana, de los cuales unos 1.400 están en dominio público marítimo-terrestre.
El anterior consejero de Aguas del Cabildo palmero, y en la actualidad consejero en la oposición, declaró en marzo, tras conocer la caducidad del expediente, que la obra se llevó a cabo «con todos los informes jurídicos y técnicos» de la corporación insular, «peroe Costas no entendía nada, ni el trazado, que estaba totalmente justificado, ni la emergencia».