VICENTE PÉREZ
Antonio Alarcó ha combinado su actividad como médico cirujano (en la que es catedrático de la Universidad de La Laguna y fue el pionero en realizar un trasplante de páncreas en Canarias) con la política (en la que ha ejercido de concejal en La Laguna, consejero vicepresidente en el Cabildo tinerfeño y senador durante nada menos que seis legislaturas). Su expediente académico incluye también sendos doctorados en Ciencias de la Información y Sociología.
Desde julio de 2024 ejerce como adjunto primero de la Diputación del Común, cargo en el que, según explica, debe mantener una «neutralidad ideológica» porque su función en esta institución, adscrita al Parlamento autonómico, es la defender los derechos y las libertades de la ciudadanía ante las quejas que presenten sobre la gestión de las Administraciones públicas.
Reconoce en esta entrevista que hay servicios públicos desbordados, pero es de lo que creen que hay solución, incluida la sanidad pública, problema que, por razones obvias, vive con especial preocupación y sensibilidad. Y en el caso de la atención a la dependencia y a las personas con discapacidad, opina que la mejora en la gestión pasa por «una estrategia nacional, más inversión, más técnicos y menos burocracia».
Sobre las quejas de la población afectada por la erupción del volcán Tajogaite -un asunto que tiene encomendado en la Diputación del Común-, expone que ha constatado una «tardanza burocrática muy importante» en el abono de las ayudas comprometidas por el Gobierno del Estado, y aboga por reforzar la cooperación entre las Administraciones públicas para que las familias damnificadas puedan rehacer cuanto antes sus vidas.
«Dependencia, discapacidad, sanidad y vivienda, con diferencia los servicios con más quejas»
¿Cuál es su percepción sobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a tenor de las quejas ciudadanas?
«En términos generales, la precepción ciudadana de los servicios públicos esenciales es variada, estando en una época en la que las necesidades sociales y la incertidumbre política están influyendo de forma decisiva en las reclamaciones y en las decisiones».
¿Qué servicios suscitan más denuncias y por qué?
«La dependencia, la discapacidad, la sanidad y vivienda son, con diferencia, las que más demanda solicita a la Diputación del Común».
¿Podemos decir que determinados servicios públicos están desbordados? ¿Hay solución si es así?
«Sí, hay solución, sin duda, pero viene cronificado de la legislatura anterior, con un tapón en discapacidad, dependencia y mayores y aumentando paulatinamente la sanitaria. Es imprescindible planificar a nivel nacional, no local, los temas de la valoración de grados de las dependencias y de la discapacidad. Creo que es necesaria una estrategia nacional con mismos criterios y grados. Luego se precisa más inversión, más técnicos y menos burocracia».
Usted es un cirujano de prestigio. Las quejas ciudadanas sobre la Sanidad pública deben producirle una sensación cuanto menos especial…
«Sin duda, soy profesional de la sanidad hace 50 años, cirujano universitario con más de 30.000 enfermos operados así como más de 120 trasplantes de páncreas realizados, docencia ininterrumpida durante 30 años, tanto de pregrado como de postgrado y doctoral. Además tengo la oportunidad de estar en organismos internacionales representativos como el Comité Ejecutivo de la OMS, vicepresidente del Colegio Internacional de Cirujanos, etc.. Dedicarse a los demás merece la pena y cuanto más preparado esté uno mejor. Si no existieran los demás nuestra existencia no tendría sentido, por eso además de catedrático de Cirugía soy doctor en Ciencias de la Información y Sociología, lo que me permite tener un amplio espectro científico para tomar mejores decisiones. No estamos exentos de vanidad, pero lo que nos mueve es la dedicación a los demás que, como he dicho merece la pena. Efectivamente las quejas sanitarias que conocemos muy bien me producen una sensación especial porque tengo un sentido de la pertenencia enorme y me siento orgulloso de ser profesor cirujano español y en España y no se debe hacer nunca política con la sanidad, pero sí política sanitaria, que es un tema técnico. Por lo tanto, no es permisible que el Ministerio de Sanidad (que se debe llamar de la Salud) no puede ser lanzadera política como en los últimos seis años donde ha habido seis ministros distintos de Sanidad».
“Hay una tardanza en ayudas estatales a los afectados por la erupción de La Palma»
La Palma. De la gestión de la emergencia volcánica la queja pública mayor ha sido la tardanza burocrática en las ayudas…
«Es evidente que ante una catástrofe como esta, y pese a los esfuerzos de las Administraciones públicas, la gestión de las ayudas no siempre ha tenido el ritmo que demandaba la población damnificada. En la actualidad, de las ayudas comprometidas, las nacionales son las que están teniendo una mayor tardanza. Desde la Diputación del Común estamos intentando por todos los medios que se agilicen esas ayudas, así como con cualesquiera otras sobre las que nos lleguen quejas de los afectados. Y en ese marco mantuvimos hace unos días una reunión con el comisionado del Estado para la Reconstrucción, Héctor Izquierdo, en la que anunció que en los próximos meses se podrán abonar nuevas ayudas muy demandadas por los agricultores damnificados. En ese sentido tenemos que valorar la predisposición y preocupación mostradas por el comisionado para encontrar esas soluciones. Con él abordamos también problemas como el de la necesidad de que familias evacuadas en 2021 puedan abandonar las viviendas contenedores, que en realidad se concibieron como una solución provisional mientras se les dotaba de un nuevo hogar definitivo, y ya han transcurrido más de 4 años. Desde luego, queremos transmitir a la población afectada por el volcán nuestro compromiso permanente por atender sus quejas y, en el marco de nuestras competencias, contribuir a que la recuperación del Valle de Aridane sea más rápida y a que cuanto antes puedan rehacer sus vidas. En cualquier caso, los tiempos periodísticos, políticos y jurídicos son siempre distintos, luego intentar unirlos crea frustración e incorrección. Hay que respetarlos. Somos partidarios de la lealtad institucional».
Usted es científico. No sé si eso influirá o no en la respuesta a esta pregunta:¿Cuál es su planteamiento sobre la reivindicación de que se publiquen las actas y grabaciones de las reuniones del comité científico y del comité de dirección del PEVOLCA en los días y horas previos a la erupción volcánica de La Palma?
«Efectivamente soy científico, soy catedrático de Cirugía, doctor en Sociología y Ciencias de la Información, presidente de la cátedra de Telemedicina, y es imprescindible aplicar la evidencia científica para solucionar los problemas que se tienen planteados en la vida política y social. Solo se debe de hacer lo que está demostrado que es útil. Reivindico en la vida política la evidencia científica como método para solucionar los problemas de los ciudadanos. De lo que se mira solo se ve lo que se sabe y eso es un principio básico de toda actuación representativa. Por eso en muy importante que cuando más preparación se tenga, más se es eficaz en democracia. Los cargos no hacen a las personas sino las personas a los cargos aunque alguno no se lo crea. La legitimidad democrática no tiene que ver con la preparación. Un tonto con voto en un tonto legítimo pero no pasa a ser inteligente. Las normativas al respecto de las reuniones de ese comité científico están por escrito y tienen su procedimiento que hay que respetar. Es evidente que el silencio no es rentable ni tiene que ver con la prudencia, un escrito siempre tiene memoria y hay que contestar con otro escrito».
“La Diputación del Común no necesita más leyes, sino que las Administraciones cumplan las que ya existen”
¿Cuáles son las funciones de la Diputación del Común?
«En primer lugar, me gustaría decir que es una institución muy poco conocida por la población y hay que hacer un esfuerzo enorme porque se haga una divulgación, y no propaganda, hecho por profesionales para que sea conocida en todos los rincones de las islas en un tiempo prudente y pactada. Lo que no se conoce, cuesta mucho que haya adherencia con sus funciones.La Diputación del Común de Canarias es el alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Es lo que a nivel nacional se conoce como Defensor del Pueblo, tiene el mismo es estatuto, y lo que en Europa de llama Ombudsman (public defender). Luego tiene la encomienda de defender los derechos y libertades constitucionales así como la supervisión de las actuaciones de las instituciones publicas de acuerdo con lo que se establece en la ley. Hay que aclarar que es un órgano político (no ideológico) que tiene el respaldo democrático del Parlamento autonómico y, por tanto, exige neutralidad ante las distintas opciones políticas.
Además de la diputada del Común, se compone de un adjunto primero y un adjunto segundo, propuestos por el Parlamento canario y con el informe de idoneidad de la comisión de gobierno de la Cámara autonómica.
Puede iniciar de oficio (en lo que la diputada del Común tiene siempre la última palabra) o a petición de una persona determinada para cualquier investigación dirigida a establecer esos derechos y libertades. Puede investigar los actos de los organismos. Cada comisión tiene asignado un asesor (licenciado en Derecho), cuyos trabajos e informes son muy importantes».
¿Y cuáles son sus funciones como adjunto primero?
«La Diputación del Común está dividida por ley en áreas específicas. En el caso de Canarias, en 22 áreas, aunque el número puede aumentar o disminuir dependiendo de lo que se acuerde en la junta asesora de este organismo. En el caso concreto mío como adjunto primero a la diputada del Común (por cierto, la primera mujer en 40 años al frente de esta institución), por delegación suya llevo salud y sanidad pública, Volcán de la Palma (Cumbre Vieja), dependencia, mayores, discapacidad, universidades, tecnologías de la información-comunicación e inteligencia artificial, turismo y transporte, agricultura y pesca, turismo y transporte. Mis funciones son esas áreas específicas (mediante decreto de la diputada del Común, del que se informa en la junta asesora), y también comisión regional autonómica de mayores como representante de la diputación del Común y sustituir cuantas veces sean necesarias a la Diputada del Común tanto en organismos nacionales como internacionales».
¿La Diputación del Común tiene suficiente potestad legal para actuar ante las quejas ciudadanas o echa en falta usted más competencias legales?
«Sí, lo que es exigible es que las Administraciones respeten rigurosamente los plazos de la ley para dar respuesta a las reivindicaciones de la Diputación del Común. Luego, en principio, si se cumple la legislación vigente no hace falta más normas pero sí más cumplimiento.
Por parte nuestra siempre es una reivindicación en positivo, nunca en negativo, para colaborar, no para entorpecer ni utilizar políticamente para desgastar. Es un principio que he practicado siempre en todas las responsabilidades políticas democráticas que he tenido la oportunidad de ejercer, en el Senado, las Cortes Generales, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad, gracias al apoyo ciudadano».
¿Hay muchas Administraciones públicas, sus gestores, que no dan respuesta a las peticiones de Diputación del Común?
«Tienen la obligación de contestar, no es optativo, es de obligado cumplimiento dentro de unos plazos establecidos por la ley».
«He visto injusticias de la Administración con ciudadanos, y siempre hemos intentado subsanarlas»
¿Cómo es su relación con el Defensor del Pueblo?
«Muy Buena. El Defensor del Pueblo es una institución constitucional de mucho valor que no debe ser utilizada política ni ideológicamente por nadie y las relaciones que tenemos personalmente son muy buenas con el Defensor y compañero Gabilondo y con la adjunta primera, Teresa Jiménez Becerril, y los funcionarios y asesores del mismo. Concretamente con el profesor Gabilondo, al ser compañero catedrático de la Universidad española, como yo, tengo un dialogo universitario, por tanto no dogmático, muy fluido».
Usted sabe lo que es tener funciones de gobierno. ¿Se ve la Administración pública de otro modo cuando se tiene que defender a los ciudadanos frente a su mal funcionamiento?
«Después de haber pasado por distintas instituciones democráticas de este país, efectivamente, se ve de otra manera desde la Diputación del Común, pero el tener formación anterior tanto universitaria como de representación política me permite tener un amplio rango de experiencia para poder valorar con contundencia científica los problemas de los ciudadanos sin, en ningún momento, darle importancia a la ideología por lo que corresponde a mi compromiso voluntario con esta institución. Debo de decir que tenemos en este país un funcionariado de altísimo nivel (con sus debilidades), del que debemos de sentiros orgullosos. Cuando digo funcionariado me refiero al acceso a la Administración con concursos nacionales abiertos y transparentes de mérito y de examen. No hay que confundir trabajador publico con funcionario, los dos son importantes pero son distintos».
¿Ha sido testigo de injusticias de la Administración pública con usuarios en quejas instruidas por usted?
«En algún caso sí, pero hemos intentado subsanarlo siempre. No es de la Administración pública sino de algunas personas de la Administración pública. No hay que confundir las personas individuales con el colectivo de la Administración. Es verdad que el ejercicio de la gestión pública de forma incorrecta puede hacer mucho daño y nosotros hemos vivido alguno que, como ya dije, hemos intentado siempre solucionar».