PLANETA CANARIO
El senador de CC-PNC, y expresidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha afirmado, tras archivar el Tribunal Supremo la causa contra él por el caso Grúas, que actuó por el interés general como alcalde de La Laguna al autorizar un préstamo municipal de 120.000 euros a la empresa concesionaria del servicio de grúas, y considera que «el daño personal y familiar» que le ha ocasionado este proceso judicial «no puede ser compensado de ninguna manera».
Los denunciantes, Unidas se puede y Santiago Pérez (líder de Avante La Laguna) -ahora en el gobierno lagunero- ya han anunciado que presentarán un recurso ante el Supremo -adonde llegó esta causa por el aforamiento del senador- alegando que la jueza del Juzgado 2 de La Laguna, Celia Blanco, omitió al Alto Tribunal estatal testimonios claves para dirimir la responsabilidad penal, como fue el del primer propietario de la concesionaria, José Padilla.
Este empresario aseguró en sede judicial que Clavijo le obligó a contratar a «amigos» del entonces alcalde o perdería la concesión, que el Ayuntamiento le llevó a la bancarrota porque le adeudaba 260.000 euros, que tuvo que vender la empresa a esos mismos trabajadores, y que, una vez que ya no era suya, el consistorio saldó lo adeudado con la concesionaria y además les dio el polémico préstamo (con el criterio en contra del interventor). «Clavijo era el jefe del tema», declaró el empresario ante el Juzgado lagunero en noviembre pasado.
Pero CC da por «cerrado este capítulo» en su historia reciente, y dice «adiós a un caso que nunca lo fue» y que atribuyo a «una persecución política injusta» cuyo objetivo era «acabar con la carrera política» de Clavijo.
El exalcalde lagunero, como ya hiciera ante los tribunales, explicó en rueda de prensa este martes 9 de junio que lo que ocurrió con las grúas laguneras fue que «ante un servicio publico que entra en desequilibrio económico y financiero, el Ayuntamiento, lejos de rescatar la concesión y tener que indemnizar a la empresa, lo que hizo, con la recomendación de los funcionarios públicos, que hicieron una magnífica gestión, es intervenir el servicio, para que se requilibrara y que después siguiera funcionando».
El expresidente de Canarias opinó que la denuncia contra él persiguió un «rédito electoral» pero que el auto del Supremo «acredita que se hizo todo con total corrección». Clavijo agradeció la confianza que ha depositado en él su partido, sus amigos y su familia, así como en que las gestiones que integraron aquel expediente administrativo «estaban orientadas al interés general de La Laguna y a preservar el patrimonio del Ayuntamiento».
En la misma rueda de prensa estuvo el secretario general de CC, José Miguel Barragán, quien dijo que no podía «usar la palabra satisfacción, porque esta organización política ha sufrido» también las consecuencias del caso Grúas, «pero por lo menos podemos decir que la Justicia por fin se ha pronunciado y cerramos este capítulo en los tribunales y que como partido político haremos política limpia, intentando convencer a los ciudadanos, con las ideas para que sea la fórmula en que se consiguen los votos, no con la formula que otros han pretendido».
También compareció el exalcalde lagunero José Alberto Díaz, de CC-PNC, que continúa procesado (al igual que lo están el exedil de su partido Antonio Pérez Godiño, y la funcionaria Rosario Hernández) en el caso Grúas que se instruye en el Juzgado 2 de La Laguna, ya que solo se ha archivado la causa en lo que respecta a Clavijo, porque la llevaba el Supremo al estar aforado el senador, si bien cabe suponer que estos imputados pedirán el sobreseimiento a raíz del pronunciamiento del tribunal estatal.
«El auto», manifestó Díaz, «profundiza en los hechos y constata la ausencia no ya de perjuicio para el patrimonio público sino del riesgo de que ese perjuicio llegara a producirse, y nos da la razón a lo que veníamos diciendo sobre este expediente administrativo».