VICENTE PÉREZ
Uno de los polígonos industriales más importantes de Canarias carece de sistema completado para gestionar sus aguas residuales. El Ayuntamiento de Granadilla ha informado a PLANETA CANARIO de que ya está en licitación la contratación de las obras del proyecto constructivo de finalización de la conducción de estos líquidos de desecho y nueva estación depuradora de aguas residuales (EDARI), con el fin de poner en marcha un sistema de saneamiento, depuración y vertido, que lleva en trámite administrativo desde 2001, es decir, 19 años.
Tras publicar este periódico la inmensa charca de aguas residuales que se ha formado con vertidos de este polígono en la costa del municipio tinerfeño, con solo una carretera por medio entre este foco fétido y el mar, el gobierno municipal de Granadilla asegura que espera «solventar lo antes posible» este problema y que «en breve se van a hacer actuaciones en la zona». El riachuelo pestilente y la laguna que se ha formado están a cielo abierto, sin control alguno, sin vallado de seguridad, junto a una vía costera del polígono y en unas condiciones que saltan a la vista que no pueden tener autorización, aunque lleva así años (ya en 2017 lo denunció ante el Seprona el Foro Canario contra la Incineración de Residuos, sin que los denunciantes sepan qué suerte corrió esa denuncia).
La zona industrial la gestiona una sociedad pública con un consejo de administración en el que el Ayuntamiento es copartícipe, con el 10% de las acciones. El resto de socios son el Cabildo Insular de Tenerife, con el 40%; el Gobierno de Canarias, con otro 40 %, y SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, con el 10 %.
La futura EDARI depurará las aguas procedentes de la mayor parte del Polígono Industrial de Granadilla, así como las procedentes del puerto industrial y del sector de DISA, sustituyendo una fosa séptica y un pozo absorbente, aunque los efluentes mostrados por PLANETA CANARIO no van a ese vertido controlado al subsuelo. La obra prevista la conducción de desagüe hasta emisario submarino que se apoya en el nuevo muelle el Puerto de Granadilla.
Desde la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno canario se asegura que este vertido no figura en el censo oficial de vertidos de tierra al mar, pese a estar en plena costa. En este caso, según fuentes de este organismo autonómico, el control y seguimiento de este vertido correspondería al Consejo Insular de Aguas. La Consejería expone a PLANETA CANARIO que le compete en vertidos el dominio público marítimo terrestres, es decir, el mar y entre 10 y 15 metros de la costa hacia dentro (dependiendo de la zona) .PLANETA CANARIO ha solicitado al Cabildo su versión sobre este impactante vertido, pero no ha recibido respuesta.
El informe de impacto ambiental del proyecto de finalización de conducción de desagüe y nueva EDARI se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 20 de febrero de 2019, y determinó que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se sometió al procedimiento de evaluación ordinaria, siempre y cuando se cumplan las condiciones, medidas protectoras correctoras y compensatorias, la principal de las cuales es la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de la futura instalación, para reducir la dependencia de consumo de energía generada con combustibles que generen gases que producen efecto invernadero.
En el documento publicado en el BOP por el Cabildo de Tenerife, a través su Servicio Administrativo de Medio Ambiente, se deja constancia de que el proyecto principal lleva tanto tiempo en trámite que tiene que adaptarse a la nueva normativa de calidad ambiental, a las mejoras que ha experimentado la tecnología de depuración y vertido, y nuevos criterios de menor impacto desde la perspectiva del cambio climático.
En un ya lejano noviembre de 2001 comenzó todo: la Sociedad Polígono Industrial de Granadilla S.A. solicitó a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias la autorización de vertido desde tierra a mar relativa al proyecto de emisario submarino y tratamiento previo en esta área industrial. A raíz de dicha solicitud la Viceconsejería comunicó al promotor la necesidad de acometer la evaluación ambiental del proyecto con carácter previo al otorgamiento de la autorización de vertido.
En la declaración de impacto ambiental emitida en su día se puso de manifiesto que el trazado del emisario submarino había sufrido modificaciones respecto al trazado del proyecto inicial, así como otra serie de consideraciones. Como consecuencia de estos cambios, la Viceconsejería exigió al promotor solicitar nuevamente la autorización de vertido desde tierra a mar, acompañada del proyecto técnico modificado.
A tales efectos en 2010 se presentó una separata del proyecto, con la ubicación de la estación depuradora fuera de los suelos de reserva portuaria y la adaptación del trazado y sección tipo del emisario submarino a los condicionantes marcados en la declaración de impacto ambiental.
Con dicha documentación y el proyecto original se procedió de nuevo a la solicitud de la autorización de vertido desde tierra al mar y la concesión para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, mediante escrito remitido por la sociedad pública promotora a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en de junio de 2010.
Durante la tramitación del expediente para el otorgamiento de la concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre se puso de relieve que parte del trazado del emisario terrestre discurría por terrenos que cuenta con una concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre a favor de la entidad UNELCO ENDESA. Este escenario, según se detalla en el documento del BOP, «planteó unas notables dificultades de encaje jurídico-administrativo para la implantación de la solución de trazado inicialmente propuesta para la conducción de vertido».
Se redactó entonces una nueva separata de modificación del trazado del emisario submarino, con un informe ambiental complementario relativo a dicho proyecto modificado. «Si bien hasta la fecha no se ha obtenido información al respecto de dicha documentación», dejaba constancia el Servicio insular de Medio Ambiente en febrero de 2020.
En julio de 2011 concluyó la ejecución de la primera fase de las obras proyectadas, la cual consistió en el acceso y urbanización de la parcela de la EDARI, así como el tendido de la conducción del emisario submarino en gran parte de su tramo terrestre, «no pudiéndose concluir en su totalidad por la problemática descrita».
En el caso de la conducción de desagüe vinculada a la EDARI proyectada, el tramo existente, de aproximadamente 1.666 metros de longitud, discurre desde la parcela principal seleccionada a través de la vía del Eje-31 del polígono. El nuevo tramo por ejecutar partirá del punto final del tramo existente, con una conducción que pasará por terrenos de dominio portuario hasta el arranque del dique exterior existente del puerto de Granadilla, traspasando la obra de abrigo en el ámbito de unión entre las alineaciones 1 y 2 del dique para posteriormente discurrir sobre el lecho marino sobre muertos de anclaje de hormigón hasta el punto de vertido ubicado a 34,5 metros de profundidad bajo el océano.
La principal fuente de residuos que quedará una vez entre en funcionamiento la depuradora la generación de fangos o lodos derivada del proceso de depuración biológica, según los datos de la documentación técnica, se estima en una cantidad de fangos antes de entrar al secado solar de 597 toneladas/año y tras el proceso de secado se generarán 164 tn/año de fangos desecados con un 80 % de sequedad media. El destino final de estos fangos será el Complejo Ambiental de Tenerife.
Las instalaciones previstas se sitúan en el frente de la franja litoral del municipio de Granadilla de Abona, aguas abajo de la autopista TF-1 e integradas, tanto en el polígono industrial, en el caso de la nueva EDARI y el tramo terrestre de la conducción de desagüe ya ejecutada, como en el puerto de Granadilla, anejo al primero.
