PLANETA CANARIO
Unidas Podemos (Podemos, Izquierda Unida-Equo) ha ampliado ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia que formalizó en noviembre pasado el portavoz del grupo, Ramón Trujillo, por presuntas prevaricación y malversación de caudales públicos en la contratación, por la Concejalía de Fiestas en el pasado mandato (entonces gestionada por Coalición Canaria), del concierto de Juan Luis Guerra y Orishas celebrado en marzo de ese año, dentro de los actos de Carnaval.
La concejala de Unidas Podemos, Dolores Espinosa, y la abogada Sandra Rodríguez han acudido este lunes al Palacio de Justicia para realizar este trámite, mediante el que se ponen en conocimiento de la Fiscalía nuevos datos que se añaden a los indicios de irregularidades en un expediente que supuso el pago de 501.000 euros de dinero público.
Según explica Unidas Podemos en un comunicad, entre los hechos que figuran en la ampliación de la denuncia se detalla que en Santa Cruz de La Palma Orishas cobró por una actuación 26.234 euros menos (un 55% menos) que en la capital tinerfeña apenas una semana antes de hacerlo en el Carnaval chicharrero, junto a Juan Luis Guerra. Y resulta además relevante que, pese a que solo transcurrieron siete días entre una actuación y otra y que este grupo se hallaba de gira, se abonaron 6.390 euros por gastos de vuelos, 3.386 en alojamientos y 3.088 en seguros de viaje y visados.
El expediente, según la versión de la formación política morada, se inició para contratar a los artistas a través de Radio Club que ostentaba la exclusividad, por 88.000 euros menos que los finalmente pagados, pero dos días después se contrató, sin pliego que diera cobertura legal, con Alfredo Moré, que también dijo ser el representante exclusivo, y que era «un perfecto desconocido”, quien no acreditó ni la exclusividad, ni su solvencia económica; al que se le abonó el dinero sin presentar factura alguna, de las que aún hoy no consta que existan en poder del Ayuntamiento.
Pues bien, en La Palma, y como expone la abogada Sandra Rodríguez, a diferencia que en Santa Cruz de Tenerife, a la empresa representante de los artistas, el Ayuntamiento de la capital insular le exigió un documento firmado por la oficina del grupo representado para acreditar esa función.
Solo el importe que se pagó en Tenerife por el caché de Orishas, 45.000 euros, es mayor que todo el contrato de La Palma sin IGIC, 44.247 euros, a pesar de que en el expediente del Ayuntamiento palmero también se incluyen gastos de “vuelos, estancias, transportes internos, dietas y catering”.
La cuantía que desembolsó el consistorio de Santa Cruz de La Palma es similar a la que pagó, cuatro meses antes, el Ayuntamiento de Tuineje por la actuación de Orishas y que ascendió a 42.800 euros.
Por último, cabe mencionar que en el año 2015, durante las fiestas de la Bajada de la Virgen de las Nieves, el concierto de Juan Luis Guerra tuvo un coste aproximado de 170.000 euros, de los que 125.000 se correspondían al precio del caché del artista, una cuantía muy por debajo de los 427.837 euros que pagó el Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife en 2019.
Se da la circunstancia de que la investigación interna que lleva a cabo el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por mandato de su alcaldesa actual, Patricia Hernández (PSOE), ha podido comprobar que no existe ni una sola factura para justificar el más de medio millón abonado por aquel concierto del Carnaval de 2019, según ha publicado Diario de Avisos.
En noviembre pasado, cuando saltaron a la opinión pública las presuntas irregularidades, la ex concejala de Fiestas en el momento de estos hechos, Galdys de León, ahora en la oposición; salió al paso afirmando que la participación del cantante dominicano el pasado Carnaval «no supuso sobrecoste alguno en el presupuesto del área».
«En ningún momento se inflaron las cuantías, siendo siempre el importe barajado de 501.000 euros», se defiende la edil de CC, quien en cambio quita hierro al hecho de que haya dos pliegos para esta contratación, que trata de explicar de la siguiente manera: «Lo que sí existió fue un error humano, por el que se envió a través del portafirmas un archivo erróneo a la Gerencia, por parte de asesores jurídicos del Organismo de Fiestas. En concreto, se trató de un pliego de cláusulas técnicas que se pasa a la firma sin concluir las negociaciones, obrando las cantidades auténticas en el pliego de cláusulas administrativas debidamente fiscalizado».
Argumenta la concejala de CC-PNC que la contratación «se ajustó a la legalidad » y «contó con el visto bueno de la Intervención municipal».